La lectura más inmediata de la encuesta que han publicado EL PAÍS y la Cadena SER entre el domingo y este lunes enuncia algunos elementos previsibles: la gestión de la pandemia y sus consecuencias sociosanitarias, laborales y económicas castiga a los dos partidos del Gobierno de coalición —PSOE y Unidas Podemos bajan en torno a dos puntos su estimación de voto— y refuerza las expectativas de la oposición de derechas, en particular de la extrema derecha, con un fuerte ascenso de 52 a 66 diputados para Vox y de 86 a 100 para el Partido Popular. La encuesta confirma la debacle de Ciudadanos (que pierde ocho de sus 10 diputados), ratifica la resistencia de Más País (que gana un diputado) y muestra que los partidos nacionalistas e independentistas conservan sus actuales escaños.
La intención de voto mantiene en cabeza al PSOE después de afrontar la pesadilla de una pandemia global para la que ningún Gobierno estaba preparado. Los ciudadanos aprueban las políticas públicas y la gestión fundamental de la covid-19 que se ha hecho en este tiempo y, contra la leyenda y encuestas anteriores, sitúa a los socialistas por delante de los populares en la confianza para gestionar la situación económica. Estamos a dos años teóricos de unas elecciones generales y la encuesta refleja también una gran desmovilización del electorado, especialmente del de izquierdas, y no se observan trasvases de voto de socialistas a populares. A este dato puede aferrarse la interpretación autocomplaciente del Gobierno para explicar por qué la suma PP-Vox da 166 escaños y la de PSOE-UP da 139.
Merece una reflexión atenta también lo que Belén Barreiro, directora de la empresa encuestadora 40dB., llama “hacerlo bien cayendo mal”. El Gobierno de coalición sale mal parado en la percepción ciudadana: desunido, inestable, incompetente e incumplidor. Los directamente beneficiarios de las medidas sociales son quienes peor las puntúan y entre ellos un porcentaje elevado de mujeres, donde la izquierda tiene un importante caladero de votos.
La percepción general sobre el Gobierno no sale reforzada, ni siquiera en un electorado dispuesto a volver a votar a los dos partidos: los encuestados de rentas bajas confían en el actual Gobierno para combatir la desigualdad (39%), y el 43% de las mujeres lo cree más capaz de reducir la brecha de género, pero más del 70% de los votantes de la coalición cree que su gestión beneficia a las grandes empresas y a las clases más adineradas y que sus políticas sociales pudieron haber sido más decididas.
Se puede concluir que la potente agenda reformista que ha desplegado el Ejecutivo no ha sido suficiente, no ha conectado con el estado de ánimo de su propio electorado o ha faltado la empatía real que hace a los ciudadanos cómplices de las dificultades del momento. Puede haber sobrado soberbia ante el espectáculo que a veces ha dado el Gobierno de coalición y demasiada confianza en que la desmesura deslegitimadora de las derechas se desacreditaba sola. La estrategia de Pedro Sánchez de rehuir la exposición razonada y directa de sus políticas en favor de su ejecución práctica —los ERTE, reforma laboral, subida del salario mínimo, ingreso mínimo vital, ley de eutanasia, ley de pensiones, ley de cambio climático, ley trans— no está siendo suficiente para motivar o ilusionar a su propio votante, aunque de momento se queda en casa y no identifica otro partido donde depositar su voto.
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