El presidente de la República, el izquierdista Gabriel Boric, ha recibido este lunes la propuesta de nueva Constitución para el país como símbolo de una nueva era. El acto, una ceremonia solemne en la sede del Congreso en Santiago, la capital, llega después de un año de trabajo en el que la convención constitucional chilena, compuesta por 154 miembros, ha redactado ese texto, presentado ahora formalmente.
El documento, que aspira a cambiar profundamente la institucionalidad, declara a Chile como “un Estado social y democrático de derecho”, “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Define al país como una “República solidaria” y caracteriza su democracia como “inclusiva y paritaria”, en una de las principales novedades del texto chileno, que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre en un clima de gran polarización de la ciudadanía. En dos meses, más de 15 millones de personas deberán votar obligatoriamente en la que será la cita electoral de mayor relevancia de la historia reciente del país sudamericano.
En su discurso que cerró la sesión 110º de la convención, un órgano que se disuelve a partir de este lunes, Boric fue convocante y habló de respetar las opiniones diferentes, de integración y de cohesión. Como suele hacer, recordó a uno de los que lo antecedieron, pero en esta ocasión eligió al presidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que como opositor a la dictadura de Augusto Pinochet pidió en 1980 una asamblea constituyente. Este proceso, para Boric, “marcará, sin lugar a duda, la historia de aquí al futuro”.
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“Esta Constitución, este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no son ni deben ser un juicio al Gobierno, sino el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas cuatro o cinco décadas”, aseguró en la búsqueda de distanciar la propia suerte del Ejecutivo –con una popularidad del 33%, de acuerdo a la última encuesta Cadem–, del resultado del referéndum constitucional.
Aunque neutral ante ambas opciones en el plebiscito –la alternativa del Apruebo y del Rechazo–, Boric invitó a un debate intenso y “no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad”, en alusión a los temores de parte de la sociedad chilena con la nueva Constitución. “Será nuevamente el pueblo el que tenga la última palabra sobre su destino”, aseguró el mandatario, que asumió el 11 de marzo y cuyo programa contempla un profundo camino de reformas.
La Constitución chilena actual tiene sus orígenes en la dictadura militar. A fines del régimen y en los 32 años de democracia, sin embargo, ha sufrido importantes y numerosas reformas, como las del socialista Ricardo Lagos, en 2005, que sacó enclaves autoritarios y estampó su firma en el texto vigente. Tras el estallido social de octubre de 2019 en el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera, donde la democracia chilena estuvo en peligro, la mayoría de las fuerzas políticas acordaron un proceso constituyente para intentar salir de la crisis múltiple.
La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y el vicepresidente, Gaspar Domínguez, posan hoy junto al mandatario chileno, Gabriel Boric (c), tras entregarle el texto final de la propuesta.Alberto Valdés (EFE)
En octubre de 2020, un 78% de los ciudadanos se manifestó a favor de reemplazar la Carta Magna y luego, en mayo de 2021, se realizó la elección de los convencionales. Bajo reglas de paridad, escaños reservados para pueblos indígenas y un incentivo para la elección de independientes fuera de los partidos políticos, la convención quedó conformada mayoritariamente por la izquierda y colectivos de carácter identitario, como los ecologistas. La derecha apenas logró 37 escaños.
“Es el proceso más democrático e inclusivo que Chile ha tenido nunca”, asegura el constituyente Fernando Atria, una de las voces más influyentes de la izquierda dentro de la convención y muy cercano al presidente Boric. “Es la Constitución que Chile necesita”, agrega el abogado constitucionalista. Pero su juicio no es unánime. La integración de la convención y el resultado del texto ha movilizado no solo a la derecha, sino a sectores de centroizquierda que observan que la propuesta “es mala y dañina para la democracia en Chile”, como plantea Isidro Solís, que fue ministro de Justicia del primer Gobierno de Bachelet y abogado de la familia de la socialista. “Votaré rechazo con la misma fuerza y épica que dijimos no a Pinochet en el plebiscito de 1988″, asegura Solís en referencia al referéndum que selló la suerte del dictador.
La ceremonia de este lunes, de carácter solemne y republicano, ha contrastado con la del 4 de julio de 2021, donde el caos marcó el acto de conformación de la asamblea. Una muestra fue el discurso del vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, médico independiente de 33 años: “Pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió. Es un impulso que nació y se ha vuelto realidad. La herencia de este proceso marca un nuevo estándar para esta sociedad en que ya es inaceptable pensar, por ejemplo, en no tener paridad o participación popular”, aseguró Domínguez. Para el constituyente, “la Constitución perfecta no existe y esta no es la excepción”, pero “sí es una mejor caja de herramientas para avanzar en estas soluciones”.
Con 355 artículos, el texto propone democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que el país no ha conocido nunca, descentralización y, junto con la paridad y una mirada ecologista –que cruzan toda la Constitución– se garantiza una gran cantidad de derechos sociales. Las normas que generan mayor rechazo son la plurinacionalidad –como ocurre en las constituciones de países de la región como Bolivia y Ecuador–, las autonomías territoriales indígenas y el sistema de Gobierno con régimen presidencial y bicameralismo asimétrico, que representaría el fin del Senado, con más de 200 años de historia.
A dos meses del plebiscito, cuya campaña comienza este miércoles, diversas encuestas muestran que la opción de quienes rechazan superan a los que aprueban el texto: un 44,4% contra un 25%, de acuerdo a la última encuesta de Pulso Ciudadano, aunque existe un amplio segmento de indecisos (un 30,6%, según el mismo estudio de opinión). Si ganase en el referendo la opción de quienes se oponen al texto seguiría rigiendo la Constitución actual. La clase política, sin embargo, parece empujada a buscar nuevas alternativas de reformas, dada la amplia mayoría que en 2020 estuvo por el cambio del texto vigente.
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