Primero fueron los colegios, después, el médico y la farmacia. Ahora, las oficinas bancarias. La sangría de servicios en la España rural es imparable. Ya sea en Castilla y León, Galicia, Aragón o Andalucía, cada vez más alcaldes, instituciones y colectivos ciudadanos muestran su hartazgo ante una situación que deja a ciertos sectores de la población, sobre todo mayores en zonas rurales con pocos recursos, en lo que el Banco de España denomina “vulnerabilidad en el acceso al efectivo”.
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El anuncio de nuevos recortes de oficinas en Galicia ha llevado a los alcaldes de las zonas afectadas a movilizarse. Hace meses que Abanca avisa de forma intermitente de cierres que afectarán a unos 10.000 vecinos. Estos se unirán a los 50.000 gallegos de 45 ayuntamientos que, según el Instituto Gallego de Estadística, no tenían a principios de año sucursales ni cajeros en sus municipios, la mayor parte en Ourense y A Coruña. Pero esta lista amenaza ahora con hacerse más grande tras el anuncio de la entidad que nació de la fusión de las cajas de ahorros gallegas impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y que fue rescatada con 9.000 millones de ayudas públicas.
Los alcaldes de las zonas afectadas no ocultan su indignación. Califican la decisión de Abanca de “agresión sin precedentes contra el medio rural”, que además se cebará con los mayores, protesta Carlos Costa, alcalde de la localidad pontevedresa de Campo Lameiro. Él pertenece al PP, pero cuenta con el respaldo de otros alcaldes de su partido, del PSOE y del BNG. Todos insisten en la necesidad de movilizarse. Abanca justifica la medida enmarcándola en la “reorganización” de su red comercial para contar con “oficinas más grandes, con más personal, con mayor grado de especialización y mejor dotadas desde el punto de vista tecnológico”.
A las protestas convocadas en junio por el sindicato CIG se sumará la que preparan ante la sede de Abanca en Santiago de Compostela los alcaldes de los municipios coruñeses de A Baña, Vimianzo y Zas. Además, han puesto en marcha una recogida de firmas similar a las realizadas en otros municipios perjudicados. Otros alcaldes amenazan con retirar los fondos de sus entidades depositados en Abanca y se plantean pedir a sus vecinos que hagan lo mismo. En 2008, antes de la fusión de las cajas de ahorro, Galicia tenía 2.534 oficinas. Ahora quedan apenas la mitad.
Ante el clamor de los regidores, el presidente Feijóo culpa al Gobierno central por no aprobar una ley que impida estos cierres. Y ha tratado de zanjar la cuestión con una ayuda directa de 2,88 millones de euros a la entidad financiera para que instale cajeros automáticos en donde clausure oficinas.
“Cada día están cerrando más”
En Castilla y León, la comunidad más castigada por la escasez de entidades bancarias y cajeros, las protestas de ayuntamientos y plataformas contra la despoblación son cada vez más habituales. Juan Carlos Palomar, portavoz del colectivo Soria Ya!, confiesa el “hartazgo” de sus vecinos. “Cada día están cerrando más”, protesta.
Algunas instituciones provinciales han impulsado iniciativas que tratan de reducir el impacto en la vida de los que quieren realizar prácticas tan habituales como retirar la pensión. La Diputación de Salamanca creó hace unos meses un sistema que incorporaba cajeros a los bibliobuses. Y la de Valladolid ha invertido este verano en cinco cajeros públicos que se instalarán en núcleos donde habían sido retirados hace años.
En esta comunidad, las fusiones también provocaron el cierre de sucursales que ahora se tratan de suplir con la banca móvil de Caja Rural. Pero Palomar insiste en que esta solución no es suficiente. Soria Ya! critica que ni la denuncia de Teruel Existe hace unos meses en el Senado, donde reclamaron una mayor presencia de sucursales en zonas despobladas, ha bastado para detener este abandono. Estas plataformas insisten en que la escasez de prestaciones, fundamentadas en la falta de un volumen de población suficiente, impiden que nadie pueda instalarse allí y alimentan el éxodo demográfico. Es la pescadilla que se muerde la cola.
La reducción ha afectado particularmente a las provincias de Zamora y de Ávila. Chema Mezquita, miembro de una asociación en defensa de la comarca zamorana de Aliste, se queja de que “personas mayores tengan que desplazarse por carreteras en mal estado e ir a grandes núcleos para acceder a su dinero”. El transporte público no basta. Y encima no todos los ancianos saben usar las tarjetas.
Sacar dinero en la farmacia
En Málaga, la Diputación impulsa diversas iniciativas contra la exclusión financiera, como permitir a los vecinos de Cútar y Júzcar sacar dinero en las farmacias, informa Nacho Sánchez. El procedimiento es sencillo: se solicita al farmacéutico que cobre una cuantía mayor de la compra y la diferencia se le devuelve en metálico. Si la persona no necesita comprar nada, basta con realizar un pago mínimo de un céntimo. La Diputación también desarrolla cursos de formación en habilidades digitales, para que los mayores puedan usar herramientas como Bizum u obtener una tarjeta de crédito. Y se plantea ofrecer transporte a quienes necesiten desplazarse a las capitales de comarca para acudir a una sucursal.
La Diputación de Almería garantizó a finales de 2020 el acceso a cajeros a una treintena de municipios, informa Eva Saiz. El plan permite a los vecinos no solo sacar dinero, sino gestiones como pagar recibos e impuestos, actualizar cartillas o libretas de ahorros, realizar transferencias y traspasos o recargar el saldo del teléfono móvil
Teruel Existe, la agrupación de electores que ha logrado representación tanto en el Congreso como en el Senado, ha centrado en la exclusión financiera una de sus grandes batallas. La formación anunció la semana pasada el registro de una pregunta parlamentaria al Gobierno para conocer las acciones en marcha para instalar cajeros en pequeñas localidades.
En septiembre de 2020, el Senado aprobó una moción del PSOE para estudiar la situación financiera de la España rural. Teruel Existe introdujo entonces dos enmiendas para acompañar ese estudio de un plan de desarrollo de cajeros rurales multientidad sin coste extra para sus usuarios. La formación denuncia que un año después no se ha avanzado. El pasado diciembre intentó introducir, sin éxito, enmiendas en los Presupuestos para destinar partidas específicas a este fin.
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