El célebre abogado chino de derechos humanos Xie Yang se encuentra en paradero desconocido después de que agentes de las fuerzas de seguridad se lo llevaran el pasado martes, según ha denunciado su esposa, la profesora universitaria de Química Chen Guiqiu, en las redes sociales.
En el último caso que se le conoce, el letrado había estado defendiendo en una zona rural de la provincia de Hunan (sur de China) a una maestra embarazada, Li Tiantian, trasladada a la fuerza a un centro psiquiátrico, según ha indicado la Red de Abogados de Derechos Humanos (Weiquanwang) en su blog. Pocos días después, él mismo fue detenido.
“Xie Yang fue detenido por la seguridad del Estado el 11 de enero y se desconoce su paradero. Su teléfono está operativo pero las llamadas se transfieren al buzón de voz todo el tiempo”, denuncia Chen en su cuenta en Twitter. “Las oficinas locales de la seguridad del Estado han advertido a la familia de Xie deque no hable con los medios de comunicación”.
El letrado de 49 años y residente en Changsha, la capital de Hunan, es conocido por su defensa de disidentes y otros acusados en casos políticamente sensibles. Entre otros, ha representado a personas implicadas en el movimiento civil Nuevo Ciudadano, que en la primera década del siglo intentó promover la transparencia en el Gobierno chino. Una de sus frases favoritas es “no dejes que el silencio se convierta en una costumbre”.
En julio de 2015 fue uno de los detenidos en una gran redada contra cerca de doscientos abogados especializados en derechos humanos en toda China, que se apodaría como “709″ por la fecha en la que comenzó.
Durante su detención, primero seis meses incomunicado en un lugar secreto y después un año y medio en un centro de arresto, denunció a sus abogados que había sido objeto de torturas, que describió minuciosamente. En 2017 fue juzgado por delitos de alteración del orden y subversión contra el Estado, dos cargos que se emplean en China con frecuencia contra los disidentes. En el juicio se declaró culpable y se retractó de sus denuncias de tortura. Pero el tribunal no le impuso ninguna pena, lo que le permitió mantener su licencia para ejercer al regresar a casa. Algo que la inmensa mayoría de los detenidos en la redada del 709, sometidos al escrutinio de las autoridades aún hoy, no ha conseguido recuperar nunca.
Más tarde se supo que fue forzado a retirar esas denuncias como condición para poder recuperar la libertad.
En 2020 se le retiró finalmente la licencia para ejercer, en medio de un clima de endurecimiento del control de la sociedad civil y de la vigilancia hacia los disidentes. El departamento de Justicia del gobierno provincial de Hunan indicó entonces que se le había cancelado el permiso por múltiples episodios de “desacato al tribunal” -sus intentos de defender a sus clientes- y por comentarios en redes sociales que se consideraron bien difamatorios o bien que ponían en peligro la seguridad nacional.
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