La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos ha generado un amplio debate internacional sobre sus implicaciones legales y políticas. En Aristegui Noticias, expertos en política, seguridad y crimen organizado analizaron la operación, sus antecedentes y el alcance de las acusaciones presentadas en Nueva York, así como las posibles consecuencias para Venezuela y la región.
Para el académico y analista político Dr. Edgardo Buscaglia, el material recopilado por las autoridades estadounidenses contra Maduro y coacusados, sustenta las acusaciones presentadas ante una corte de Nueva York.
El Departamento de Justicia estadounidense imputa a Maduro, su esposa y otras personas cuatro cargos criminales específicos que abarcan actividades desde al menos 1999 hasta el 202: conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos; posesión de armas y conspiración de armas.
El académico señaló que la recopilación de evidencia se remonta varios años atrás y no se limita a la actual administración de Donald Trump, sino que se extiende hasta la época de Barck Obama. Explicó que 22 instituciones federales participaron en la recolección de este material potencialmente probatorio que respaldará las imputaciones contra Maduro.
Apuntó que la investigación tiene un alcance internacional y contará con evidencia aportada por países de la Unión Europea, algunos países asiáticos y los Emiratos Árabes, principalmente Sharjah y Dubái. Señaló que gran parte de estas prueba están relacionada con el tráfico ilegal de oro, mientras que las acusaciones sobre armas se centran en el suministro a grupos paramilitares, que según indicó, superarían los 50 mil integrantes y han recibido armamento proveniente en gran medida de Rusia.
Buscaglia considera que se llevarán a cabo varias detenciones contra personas que no aparecen en el pliego de cargos contra Maduro, por lo que señaló que todo apunta a un “maxiproceso contra el régimen de Maduro”, del que países como México deberían tomar nota para juzgar sus casos de corrupción.
El especialista enfatizó su preocupación por las consecuencias políticas que tendrá la detención del expresidente venezolano, en la pretensión del presidente estadounidense Donald Trump de instalar un “gobierno títere” en Venezuela: “Esa es mi preocupación, porque si ese tipo de gobierno títere, disfrazado de transición, se llega a instalar en Venezuela, vas a tener una violencia política y social que le va a costar más muertes a Venezuela”.
El papel de los militares venezolanos
Por su parte, el experto en seguridad y delincuencia organizada, Samuel González Ruíz, recordó que ya en septiembre pasado tanto él como Buscaglia habían anticipado el actual escenario, incluida la presunta “compra” de militares en Venezuela” por parte del gobierno estadounidense para entregar a Maduro.
“La operación nunca pudo ser realizada sin el apoyo de los militares venezolanos. Es evidente que no hubo demasiados muertos en el caso de Venezuela con esta operación tan compleja […] y eso fue precisamente porque quien entrega Maduro son los militares venezolanos. No hay duda […] ¿cómo pudiste tomar a un presidente supuestamente tan guardado como Maduro en un lugar especial si no fue con la participación de quien lo estaba cuidando?”.
González coincidió con Buscaglia en que la captura de Maduro se enmarca en un contexto de seguimiento prolongado por parte de Estados Unidos, señalando que la primera administración de Donald Trump ya había reunido información clave sobre el gobierno venezolano. Además, indicó que la administración de Joe Biden estableció negociaciones con Maduro, acordando no emprender acciones militares a cambio de que el mandatario respetara la legalidad internacional.
Sobre la acusación presentada en una corte de Nueva York, destacó su alcance internacional: “Este indictment es verdaderamente interesante, porque tiene datos muy claros de elementos internacionales extraordinariamente relevantes. Por ejemplo, el indictment cita elementos colombianos como las FARC doce veces, pero tiene muchos más hechos relativos a los cárteles mexicanos y a los narcotraficantes mexicanos, incluyendo grandes elementos que pasaron en México, como el transbordo de droga y el envío de los recursos de producto de las ventas de las drogas a Venezuela en aviones diplomáticos que salían de los aeropuertos mexicanos”.
“Una gran cantidad de los elementos de ese indictment sucedieron en México con pruebas mexicanas entregadas por el gobierno mexicano a los Estados Unidos”, dijo, por lo que consideró que el juicio de Maduro en Nueva York “tiene que ver fundamentalmente al menos en un 45-50% con los cárteles mexicanos”.
Dudas sobre el operativo estadounidense
Mientras que el consultor en seguridad David Saucedo consideró que existen “muchas dudas” con respecto a lo ocurrido en el operativo estadounidense para extraer al ahora expresidente Nicolás Maduro.
“Había un diamante de protección conformado por el G2 cubano, el equipo, el grupo de inteligencia de la dictadura castrista que estuvo brindando respaldo a la dictadura de Venezuela durante muchos años. No sabemos qué ocurrió: si las tropas de élite del ejército americano los neutralizaron, o bien, tal y como en su momento llegó a comentarse en algún lugar, en radio pasillo a nivel internacional, que el propio Díaz-Canel había establecido una comunicación con Trump a efectos de fijar a Nicolás Maduro y permitir el operativo de captura. En perfecto español, que se habría dado una traición por parte del G2 cubano hacia la dictadura castrista”, afirmó.
El especialista señaló además la probable participación de personas cercanas al mandatario en la localización de Maduro: “Maduro había estado trasladándose de un búnker a otro, en lugares en donde estaba perfectamente custodiado y protegido, a efectos de que no se diera como tal este operativo que se acaba de realizar. Es decir, en efecto, debe haber una fractura al interior del bloque gobernante que propició esta detención”.
Saucedo indicó que la fractura dentro del bloque gobernante venezolano podría abrir la puerta a un posible diálogo con la oposición. Señaló que, aunque las transiciones hacia la democracia suelen ser procesos complejos y difíciles de explicar, los actuales líderes del aparato autoritario aún tendrían la posibilidad de participar en negociaciones, pese a los delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y asesinatos extrajudiciales cometidos en el país.
Sobre la posibilidad de amnistías o procesos judiciales, el consultor indicó que “lo tendrán que resolver los venezolanos, tal y como lo hicieron en su momento los chilenos o los argentinos, o en México, si se va a extender algún tipo de amnistía para integrantes de la élite gobernante que cometieron este tipo de delitos. En prácticamente todas las transiciones en América Latina se dio esto, en casos extremos que generaron estupor a nivel internacional: la amnistía que se le dio a Augusto Pinochet en Chile, a pesar de las atrocidades que cometió”.