Siguen las reverberaciones del escándalo de los sobornos de Qatar y Marruecos a europarlamentarios y figuras clave de la Cámara. Este jueves, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que exige que se restrinja el acceso a los representantes de Marruecos a las sedes de la Eurocámara mientras dure la investigación del Qatarate. El texto, muy crítico con Rabat, exige una investigación de los casos de soborno y corrupción en los que países de fuera de la UE tratan de “comprar capacidad de influencia”. La resolución, que insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y a garantizar un juicio justo a los periodistas encarcelados y perseguidos en el país magrebí, ha logrado el apoyo de una mayoría del hemiciclo: 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones. Mientras que el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) ha votado a favor del texto ―así como su presidenta, la española Iratxe García―, 17 de los parlamentarios del PSOE han votado en contra, alineándose así con los votos del grupo de ultraderecha Independencia y Democracia. El Partido Popular Europeo (PPE) no ha votado.
La resolución, que sigue al primer debate sobre derechos humanos en Marruecos en casi dos décadas, llega unas semanas antes del viaje del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Rabat, el 1 y 2 de febrero, para celebrar una cumbre de alto nivel que consagrará el fin de la crisis diplomática entre Rabat y Madrid. En la reunión, la primera de alto nivel desde 2015 y a la que acudirán una decena de ministros, se tratarán temas de cooperación policial en materia de inmigración irregular, el refuerzo de las relaciones económicas, exportaciones e infraestructura.
Fuentes de la delegación socialista española en la Eurocámara aseguran que han votado contra la resolución crítica con Marruecos “desde la responsabilidad” y “en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento”. Y han acusado a los eurodiputados del Partido Popular de ausentarse de la votación. Fuentes del PPE aseguran que no han votado en esta resolución ni en ninguna otra introducida por sistema y para evitar las resoluciones de última hora. Pedro Sánchez ha defendido este jueves la votación en contra de los eurodiputados de su partido y, tras especificar que hablaba como secretario general del PSOE, ha explicado que el partido no comparte “algunos elementos” de la resolución. Como presidente del Gobierno, Sánchez ha añadido que las relaciones entre Marruecos y España gozan “de buena salud” .
Con el escándalo del Qatargate de fondo, varios eurodiputados aseguraron en los últimos días que representantes de Marruecos estaban tratando de presionar a través de correos electrónicos e incluso desplazándose a Estrasburgo para lograr diluir la resolución o que reuniera un gran número de abstenciones. Finalmente, la resolución, con la enmienda introducida con los Verdes y la Izquierda, que pide vetar el acceso de representantes de Marruecos, como se ha hecho ya con los de Qatar, ha salido adelante. Marruecos, junto a Qatar, protagoniza el escándalo de los sobornos en el que ya hay cuatro imputados, entre ellos Eva Kaili, una de las vicepresidentas de la Eurocámara ahora despojada de su cargo, y el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, que ha firmado un acuerdo de “arrepentido” con las autoridades belgas para contarlo todo a cambio de una reducción de condena.
La Eurocámara exige en la resolución a las autoridades de Marruecos que cesen los ataques contra la prensa y el espionaje a los informadores a través del polémico programa Pegasus, con el que también espió a miembros del Gobierno español, según varias informaciones. Y reclaman a los Estados miembros que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Rabat. El Parlamento Europeo, además, denuncia el uso “indebido” de las acusaciones de agresión sexual y reclama la liberación provisional inmediata de los periodistas Omar Radi (que cumple una condena de seis años de cárcel por violación y espionaje), Taufik Buachrine y Sulaiman Raisuni. Menciona también los casos del periodista español Ignacio Cembrero y de otros que han sido sometidos a vigilancia digital, han sufrido acoso judicial e intimidaciones.
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