De algún modo el Brexit nunca se agota, siempre quedan flecos pendientes y ahora les llega el turno a los eurodiputados. El acuerdo comercial sellado entre el Reino Unido y la Unión Europea, que aterrizó como un regalo de navidad bajo el árbol el día 24 de diciembre, ha comenzado oficialmente este jueves su andadura en el Parlamento Europeo, donde deberá ser aprobado, como paso previo a su ratificación definitiva por parte de la UE. Los europarlamentarios deberán pronunciarse en términos binarios, con un sí o un no, sin posibilidad de plantear enmiendas, sobre si dan el consentimiento o rechazan el pacto que regula las futuras relaciones entre Londres y Bruselas. El no está descartado. Pero los eurodiputados, descontentos con el escaso valor que se ha dado a su papel, quieren hacerse oír y dejar claro que se trata de una situación que no debería repetirse. Y que se mantienen vigilantes.
Debido a que los equipos negociadores agotaron casi hasta el último suspiro el plazo para evitar el precipicio (el pasado 31 de diciembre), dejaron al Parlamento sin margen para ejercer su preceptiva misión de escrutinio democrático sobre el texto. La UE decidió entonces que su aplicación comenzaría de forma provisional, salvando así de nuevo el abismo, pero desatando la ira de los eurodiputados, que ven una vez más cómo se les ningunea, en una de esas batallas institucionales típicamente europeas: el mayor tratado comercial jamás sellado por el club comunitario ha entrado en vigor provisionalmente y sin que sus parlamentarios hayan podido debatir ni una sola página. La ratificación deberá tener lugar, en principio, antes de que finalice el mes de febrero, que es cuando concluye la aplicación provisional, aunque se podría conceder una extensión del plazo, tal y como reclaman los eurodiputados.
Las quejas sobre la provisionalidad han sido protagonistas esta mañana en la cámara europea. “Esta decisión excepcional es el resultado de la naturaleza excepcional de la negociación y no debe constituir en modo alguno un precedente para futuros acuerdos en los que se conceda tiempo suficiente para el escrutinio y el debate parlamentario y el acceso al texto”, ha sentenciado este jueves el eurodiputado alemán David McAllister, que preside el llamado Grupo de Coordinación del Reino Unido, durante la reunión conjunta de las comisiones parlamentarias de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores, el primer encuentro en el que los eurodiputados han comenzado a examinar oficialmente el acuerdo.
En la cita, ha comparecido por videoconferencia Clara Martínez Alberola, jefa adjunta del equipo negociador europeo y mano derecha de Michel Barnier, con la intención de despejar los interrogantes de los parlamentarios, de modo que estos puedan ir dando forma a una propuesta de voto para la Eurocámara. La española Martínez Alberola ha defendido un acuerdo que ha calificado de “único” y “equilibrado”, con un bloque referido al comercio “muy ambicioso” que incluye disposiciones “sin precedentes” en tratados comerciales similares, y a través de cuyos mecanismos “robustos” de protección y vigilancia se “garantiza una justa competencia” entre las partes.
A lo largo de esta semana, la Eurocámara ya ha ido preparando a los diputados a través de otros encuentros en distintas comisiones en los que altos funcionarios de la Comisión Europea y miembros del equipo negociador del acuerdo post-Brexit han ido respondiendo a numerosas cuestiones, en una carrera contrarreloj para revisar el pacto a fondo y a tiempo.
En la reunión de la comisión de Comercio, celebrada el lunes, se plantearon dudas recurrentes sobre los mecanismos de arbitraje en caso de disputa, el rol del Parlamento Europeo en el procedimiento de selección de estos árbitros y también sobre la participación de esta cámara en el Consejo de Asociación (el órgano llamado a supervisar la aplicación del acuerdo) y la posibilidad de crear una asociación interparlamentaria con sus homólogos británicos. Se pidieron explicaciones sobre los servicios financieros (cuya regulación ha quedado parcialmente fuera del acuerdo, y se tendrá que fijar en un próximo memorando de entendimiento), los flujos de datos, las denominaciones de origen y el comercio de derecho de emisiones de carbono.
El debate resulta complejo, muy técnico y desciende a la letra pequeña de un acuerdo de 1.246 páginas que ha logrado salvar en gran medida un enorme flujo comercial que mueve mercancías por valor de más de 500.000 millones de euros al año. Durante el extenso interrogatorio del lunes, Christophe Hansen, uno de los dos relatores encargados de preparar la propuesta de voto sobre la que después habrá de pronunciarse el pleno de la Eurocámara, trasladó su malestar por la falta de tiempo a los muñidores del pacto, que lo escuchaban al otro lado de la pantalla: “Tenemos que ser claros: esto no es lo que deseamos ni queremos que sirva de precedente”.
“No es la situación ideal”, se queja Hansen al teléfono. “Ningún acuerdo comercial debería entrar en vigor a menos que demos el consentimiento”. Este luxemburgués del Partido Popular Europeo recuerda que la situación “excepcional” a la que se ha llegado es fruto de la “estrategia del Reino Unido de llevar todo al último minuto para forzar concesiones”.
Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada española del grupo socialista y también miembro de la comisión de Comercio, dice que no había más remedio: “Lo contrario era el caos”. Rodríguez-Piñero explica que a lo largo de la negociación ya se mantuvo un intenso contacto con el negociador jefe de la UE y el resto de su equipo. “Las principales líneas rojas que ha marcado el Parlamento se han mantenido”. En su opinión, la ratificación de la Eurocámara está asegurada con una amplia mayoría, bordeando la unanimidad. De la letra pequeña, las dudas, los interrogantes que han ido surgiendo se ocuparán en una resolución que será aprobada en paralelo, en la que tratarán de introducir “elementos que deban reforzarse o aclararse” y en la que marcarán de forma simbólica su grado de adhesión al pacto.
Pierre Karleskind, eurodiputado francés del bloque liberal de Renew y presidente de la comisión de Pesca, encargada de revisar uno de los puntos más comprometidos del acuerdo, añade sobre esta resolución: “En ella plantearemos todo aquello que debe ser vigilado y reformado”. Tal y como lo ve, el acuerdo es de algún modo un cuerpo vivo, que irá evolucionando con el tiempo, y exigirá adaptar las regulaciones de la UE en el futuro o supervisar de forma continua el impacto en distintas áreas, como será el caso de los territorios pesqueros afectados por el Brexit.
En su comisión de Pesca, que celebró esta semana otro de estos encuentros con el equipo negociador, la pregunta recurrente era qué ocurrirá una vez transcurran los cinco años y medio que el acuerdo fija como plazo para la revisión de las cuotas y el acceso a las aguas británicas, cuando haya que entrar en un nuevo proceso de negociación de cuotas y accesos cada año. “¿Qué garantías existen de que el acuerdo no será roto entonces?”, cuestiona Karleskind. “¿De que nuestros barcos podrán seguir yendo a las aguas británicas? Aquí es donde necesitamos respuestas”. Y esto, a su vez, plantearía nuevos interrogantes sobre otras patas del pacto, como el acceso al mercado energético, una pieza mucho más suculenta y vinculada al respeto de lo pactado en la pesca.
Karleskind confiesa que tampoco está contento con los plazos que les han dado: en apenas una semana tendrá que elevar una posición en materia de pesca. Pero, en cualquier caso, todo depende del prisma con que se mire. “Tenemos más tiempo que la Cámara de los Comunes británica”, respira. “A nosotros se nos han dado dos meses; a ellos les dieron un día”.
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