Claudia Patricia Díaz Guillén, en la vista de extradición celebrada en España en 2018.Luca Piergiovanni
Claudia Díaz Guillén, antigua tesorera nacional de Venezuela, colaboradora y enfermera personal de Hugo Chávez, ha sido sentenciada a 15 años de prisión en Estados Unidos. La condena también alcanza a su esposo, el capitán Adrián Velásquez, quien fue jefe de la seguridad presidencial. Ambos están acusados de lavado de dinero, sobornos y corrupción.
Con esta sentencia se cierra un largo proceso judicial que se inició en 2018. Ese año la pareja fue localizada y detenida en Madrid después de una solicitud cursada por el propio Gobierno de Venezuela. El actual mandatario, Nicolás Maduro, destituyó a Díaz y Velásquez en 2013 en cuanto asumió plenos poderes en el Palacio de Miraflores. La pareja se fue de Venezuela en 2015 alegando persecución política por parte del nuevo aparato oficialista que afianzó su poder tras la muerte de Chávez. La demanda de extradición del Gobierno venezolano no prosperó en un primer momento por la negativa de al Audiencia Nacional a autorizar la entrega de un acusado a un país que “no respeta los derechos humanos”. Sin embargo, España decidió atender una solicitud posterior hecha por la justicia de Estados Unidos.
Díaz Guillén, suboficial de las Fuerzas Armadas e integrante de la Guardia de Honor presidencial, cursó estudios tanto de Enfermería como de Derecho mientras formaba parte del equipo de asistentes personales de Chávez, al que ingresó en el año 2003. Cuando al expresixente le diagnosticaron cáncer, fue designada como responsable de la Tesorería Nacional y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) dos cargos muy codiciados en los que manejó enormes cantidades de dinero cuando Venezuela aún vivía años de bonanza petrolera.
La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Díaz y Velásquez de recibir sobornos de hasta 65 millones de dólares del empresario Raúl Gorrín, propietario de canal Globovisión, solicitado por los tribunales estadounidenses, para realizar operaciones cambiarias recabando beneficios con el diferencial de tasas, en el contexto del estricto control de divisas entonces vigente. También se les acusa de varias operaciones de lavado de dinero en Panamá otras investigaciones le atribuyen también la compra de 250 lingotes de oro -valorados en más de 9,5 millones de dólares- a través de una compañía fantasma establecida en paraísos fiscales.
La defensa de Díaz y Velásquez, que niegan los cargos y se han declarado inocentes, ha anunciado que apelarán la sentencia. La Fiscalía había pedido 23 años de prisión para Díaz Guillén, aunque finalmente el tribunal la dejó en 15 años.
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