Operativo policial en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil.Marcos Pin (EFE)
Luis era zapatero a medio tiempo. Su pequeño negocio se sostenía de los arreglos de los calzados que los vecinos le llevaban hasta su casa en un barrio al sur de Guayaquil. Así consiguió el capital para empezar a fabricarlos, su sueño era vender su propia línea de zapatos. Tenía un par de equipos y alquiló un local que abría solo los sábados y domingos. Puso sus primeros modelos en una vitrina, hasta que en diciembre llegaron unos hombres en una motocicleta al local. “Dijeron que estaban resguardando los comercios del sector y tenía que colaborar con 30 dólares semanales, con una vacuna”, explica Luis, como llaman al delito de extorsión.
No los pagó. “De dónde iba a sacar 120 dólares mensuales, si apenas conseguimos para fabricar, así que decidimos cerrar”, relata desde un lugar lejos de su casa, de su barrio y de su oficio. Los delincuentes atentaron contra él, el día que estaba limpiando el local para entregarlo, lo golpearon brutalmente y le lanzaron ácido en la espalda y el brazo derecho. Pasó nueve días en el hospital. Al salir, su hijo de 11 años también fue golpeado afuera de la escuela por unos hombres en una motocicleta, entonces tomaron la decisión de irse. “Lo dejamos todo, incluso el colegio, mis dos hijos ya no están yendo a clases, tememos que les hagan algo”, añade.
Luis no denunció, es uno de los tantos casos en los que el miedo y la desconfianza en el sistema judicial y de seguridad obliga al silencio. “Ellos van y te matan, igual saben que no les pasará nada”, dice Luis. Las estadísticas oficiales respaldan su temor, de 13.130 denuncias de extorsión que registra la Fiscalía General del Estado en los últimos dos años en Ecuador, solo 66 han obtenido una sentencia condenatoria, el 90% continúa en investigación, y las demás están dilatadas en diferentes etapas procesales, que no lleva a los criminales a prisión, ni a detener las extorsiones.
El aumento de casos es alarmante y ha saturado al sistema de justicia, en el 2022 se recibieron 9.049 denuncias, eso significa un aumento de casi un 300% respecto al año anterior, que se registraron 3.033. Y el primer mes del 2023 se contabilizaron 1.048. Estas cifras oficiales muestran una parte de la realidad porque excluyen el subregistro de quienes no denuncian y de los que han sido asesinados por no pagar la vacuna. La Policía ha emprendido una campaña para incentivar a los ciudadanos a denunciar por teléfono, sin dar su nombre, para entregar datos de cómo son las amenazas y poder judicializar los casos.
Mientras tanto la zozobra carcome a barrios enteros, sobre todo en Guayaquil, donde la situación se ha desbordado con cerca de 2.700 casos denunciados en los últimos dos años. En el barrio Las Orquídeas, al norte de la urbe, el pasado 1 de febrero, los habitantes despertaron con panfletos de amenazas en las puertas de las casas de al menos una manzana: “el motivo de este comunicado es informales que empezaremos a visitarlos para que nos ayuden con una colaboración”, leían atemorizados los habitantes, algunos todavía en pijama.
“Yo no tengo dinero, qué les puedo dar, por qué nos piden a nosotros”, se pregunta uno. El mismo mensaje lo recibieron centenares de familias, en el que se advertía que si no colaboraban “iban a tomar represalias contra las familias y los bienes”. Esta vez no se callaron, protestaron hasta conseguir que el mismo comandante de la Policía a cargo de la ciudad, Edwin Noguera fuera al lugar a hablar con ellos, donde les dijo que están investigando y les prometió resultados, pero hasta ahora no se han detenido a los dos hombres vestidos de negro, con gorra y mascarilla, que fueron grabados por cámaras de seguridad cuando dejaban los panfletos en cada vivienda. Pero los operativos policiales han permitido la detención de 25 personas que se dedicaban a la extorsión en lo que va del año, un delito que es sancionado en Ecuador con entre tres y cinco años de prisión.
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Las autoridades ecuatorianas han advertido de que el crecimiento de los casos de extorsión se debe a los golpes que la Policía ha dado a las bandas criminales, con detenciones de miembros e incautación de droga y armas. Los criminales han encontrado en la extorsión y en el secuestro las formas de conseguir dinero constante y más rápido. En el 2022 la Policía Antisecuestros liberó a 35 personas secuestradas, entre todos los casos se evitó el pago de 19 millones de dólares a los secuestradores.
La extorsión en las zonas de influencia de las bandas criminales también tiene otro objetivo, más allá de la recaudación ilícita de dinero, que es la consolidación de los grupos delincuenciales en los barrios para ejercer el control sobre sus habitantes, que no denuncien, ni se interpongan en sus negocios. Hay barrios enteros secuestrados por el crimen organizado.
Los extorsionadores tocan la puerta de todos, sin discriminación alguna. A los ancianos de la tienda del barrio, las escuelas, estudiantes, profesores, vendedores de los mercados, médicos que se promocionan por redes sociales e incluso a los proveedores del Estado que ganan contratos de construcción para obra pública.
La primera en advertirlo fue la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. “Ya hemos tenido personas asesinadas en obras”, dijo la funcionaria en mayo de 2022. Explicó que las vacunas eran superiores a los 10.000 dólares y si no pagaban, no los dejaban trabajar aunque eso no significaba que no eran amenazados. “Averiguan en redes sociales información sobre la familia del capitán de obra y le dicen lo que hace la esposa y los hijos. No queda otra opción que dar la vacuna”, dice Néstor, uno de los contratistas afectados.
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