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La factura del divorcio del Brexit abre otro enfrentamiento entre Londres y Bruselas


El Brexit nunca fue un punto y final. Como no lo es ninguna sentencia de divorcio. Cuarenta años de unión dejan atrás un caudal de obligaciones y compromisos que no caducan, y sobre los que, a menudo, las partes discrepan y deben llegar a un acuerdo. Bruselas ha calculado la cantidad final que Londres adeuda: 47.500 millones de euros. Y Londres, que estimó la deuda en unos 41.400 millones, según su Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en sus siglas en inglés), no está dispuesto a aceptar esa cifra como definitiva. Junto a los derechos de los ciudadanos residentes, y la cuestión de Irlanda del Norte, la factura de la separación fue uno de los asuntos más espinosos durante las negociaciones del Acuerdo de Retirada. Y como los otros dos, resurge con la amenaza de enturbiar todavía más las relaciones entre los dos bloques.

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La mayoría de los compromisos pendientes corresponden a las aportaciones que el Reino Unido debía hacer al presupuesto plurianual (7 años) de la UE. El referéndum del Brexit se celebró en 2016, pero las obligaciones se prolongaron hasta el 31 de enero de 2020, cuando concluyó el periodo de transición. Prácticamente la mitad de los pagos, que obedecían a proyectos de infraestructura y programas sociales de la UE, se han realizado durante ese periodo de transición. Quedan, sin embargo, responsabilidades referentes al pago de pensiones o seguros sanitarios de los funcionarios comunitarios o préstamos a terceros países (a Ucrania, por ejemplo) que prolongarán las obligaciones del Reino Unido hasta 2064, según los cálculos de la propia OBR.

En 2021, Reino Unido debe saldar una primera cuenta de 6.800 millones de euros, que fue comunicada a Londres en abril. “Y no tenemos ninguna indicación hasta ahora de que haya ninguna disputa sobre la cifra”, ha afirmado el portavoz oficial de la Comisión Europea. De hecho, según esa misma fuente, Reino Unido ha pagado en junio el primer plazo y tiene por delante otras tres entregas (en julio, agosto y septiembre). “No esperamos que se plantee ningún problema”, ha afirmado el portavoz. “Hasta ahora, todo lo que debía hacerse se ha hecho y no tenemos ninguna señal de que las cifras vayan a ser cuestionadas”, ha añadido. Informa Bernardo de Miguel.

Aunque la cifra que se ha dado a conocer no cuenta todavía con la firma final de los auditores de la UE, el Gobierno de Johnson ha emitido ya una primera respuesta en la que cuestiona la firmeza del cálculo. “Se trata simplemente de una estimación contable, y no se corresponde con la cantidad exacta que el Reino Unido tiene previsto pagar a la UE este año”, ha dicho un portavoz de Downing Street. “A finales de año, publicaremos los detalles de los pagos y cobros que quedaron establecidos en el acuerdo financiero”. El Reino Unido también confía en recuperar algo de dinero. Principalmente, sus participaciones de capital en el Banco Europeo de Inversión, pero también la parte proporcional correspondiente de las multas pagadas por grandes empresas, después de haber sido sancionadas por las autoridades comunitarias reguladoras de la Competencia.

Johnson llegó a prometer, durante la campaña de primarias para el liderazgo del Partido Conservador y en pleno proceso negociador con la UE, que no pagaría la deuda pendiente si finalmente el Brexit se cerraba sin acuerdo. “No es una amenaza, simplemente una realidad”, dijo en una entrevista a la cadena ITV en agosto de 2019. Los órdagos quedaron en nada cuando finalmente Londres y Bruselas cerraron un pacto, pero la factura pendiente fue siempre garantía segura para agitar los ánimos de los tories más euroescépticos, y una revisión al alza como la conocida este viernes puede plantear nuevos problemas al primer ministro británico. Aunque los términos del acuerdo, como reconoció la misma OBR, suponen mucho menos dinero de lo que hubiera supuesto al Reino Unido permanecer como miembro de la UE, el tiempo transcurrido desde la firma de la separación ha demostrado que el Brexit no suponía la ganancia prometida por los euroescépticos. Muchos de las ayudas y proyectos proporcionados por Bruselas, tanto por la política agrícola común, como en fondos estructurales o ayudas a la investigación científica, han tenido que ser suplidos por el presupuesto británico.


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