La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ha citado este jueves a declarar “bajo juramento” al expresidente Donald Trump en el marco de la investigación por presunto fraude fiscal que su oficina instruye contra la Organización Trump, denominación que recibe el conglomerado de empresas del magnate.
Según una información adelantada por los diarios The New York Times y The Washington Post, la fecha de la comparecencia del republicano, teóricamente en persona, será el próximo 7 de enero, un día después del primer aniversario del asalto al Capitolio que protagonizó una horda de seguidores suyos. Los abogados de Trump valoran la posibilidad de que no comparezca para que su declaración no pueda utlizarse en su contra, lo que violaría su derecho constitucional a no autoinculparse.
La fiscalía lleva meses investigando, por su cuenta o en paralelo a la oficina del fiscal de Manhattan, posibles delitos del conglomerado empresarial de Trump para determinar si la firma incurrió en fraude al pretender obtener beneficios fiscales presentando declaraciones del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del mercado. La causa abierta por James no guarda relación con otra en curso en la fiscalía de Manhattan.
Sin embargo, los esfuerzos de James coinciden con una investigación de Cyrus Vance, fiscal de Manhattan, para determinar si el expresidente o su organización falsificó el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas. Es decir, si infló el valor de sus propiedades para garantizarse la financiación.
Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero el más importante es esta investigación en curso de la fiscalía del Estado de Nueva York sobre sus negocios, que no guarda relación con las decisiones tomadas durante su mandato, entre enero de 2017 y enero de 2021. Las sospechas se ciernen también sobre los miembros de la familia con participación ejecutiva en el emporio y el círculo más próximo al magnate, pero nadie ha resultado imputado hasta el momento.
La única víctima, hasta ahora, de las investigaciones, ha sido su director financiero durante décadas, Allen Weisselberg, que se entregó a finales de junio tras ser imputado por fraude fiscal. Chivo expiatorio o cordón sanitario para evitar que la acción de la justicia llegue hasta el núcleo de la familia, la entrega de Weisselberg parecía haber dado un respiro a la presión judicial que acecha a Trump, aunque sigue empañando la viabilidad de su campaña política, dirigida teóricamente a una reelección en 2024.
El expresidente, que acaba de dar el salto al negocio de los medios de comunicación con la creación de una nueva compañía, Trump Media, ha calificado reiteradamente las investigaciones en su contra de “caza de brujas”, así como de “desesperado intento” de imputarle un delito por parte de la demócrata James, que investiga cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y su intento fallido de comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills. James aspira a convertirse en gobernadora de Nueva York, por lo que los abogados de Trump ven una maniobra política en su investigación.
En su nueva página de Internet, el púlpito desde el que Trump desafía a la opinión pública tras ser privado de altavoz en Twitter y Facebook a consecuencia del asalto al Capitolio, el republicano ha clamado contra James, asegurando que “no hay nada más corrupto que una investigación que busca desesperadamente un delito, exactamente lo que está sucediendo”. Trump dijo que las instituciones en manos demócratas, como la fiscalía que representa James, “se están consumiendo” en su empeño por encontrarle algún trapo sucio, mientras los vecinos de Nueva York “huyen [de la ciudad] en busca de otros lugares mucho más seguros para vivir”, en alusión al aumento de la violencia armada y sin recordar que uno de los motivos que expulsa a los residentes es la grave crisis de acceso a la vivienda.
En febrero, Trump llegó a tildar de fascista y motivada políticamente la investigación después de que el Tribunal Supremo desestimara su recurso para entregar sus declaraciones de hacienda de los últimos ocho años a un tribunal neoyorquino. El diario The New York Times tuvo acceso a los documentos y su publicación no dejó precisamente en buen lugar al republicano.
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