La Fiscalía Anticorrupción apunta al Gobierno andaluz de José Antonio Griñán del que formaron parte los ministros María Jesús Montero y Luis Planas como consejeros entonces de Salud y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la investigación de la concesión de una ayuda de 8,3 millones para la empresa Isofotón en 2012. El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla dirige una investigación para examinar las ayudas públicas del Ejecutivo autonómico por 80 millones concedidas a la firma de energía fotovoltaica entre 2005 y 2012, y analizar si se aprobaron a sabiendas de la mala situación económica de la empresa. Y en esa causa el ministerio público requirió la semana pasada a la Junta el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos que el 3 de julio de 2012 modificó una propuesta de inversión para un préstamo a Isofotón por 8,3 millones.
A dicha reunión acudieron siete consejeros, entre ellos Montero y Planas, pero no el expresidente Griñán, según el acta avanzada ayer por el diario El Mundo. Anticorrupción cuestiona que la Junta concedió el préstamo “cuanto menos con negligencia grave rayana en la intención, [ya que] se propone un resultado Apto debido a la importancia estratégica de la empresa” en la región. El ministerio público destaca cómo en el expediente de concesión del préstamo figura que la firma “no se encuentra en situación de crisis y que no ha recibido ayudas públicas”, a pesar de que al mencionar el endeudamiento financiero, “del total de 29,8 millones de deuda, 29 millones están avalados por la Junta, casi el 100%”. Además, el plan de negocio aportado por la consultoría Price Water House “no está verificado y todo se basa en declaraciones de intenciones”, censura la Fiscalía.
Después de que el ministerio público haya reclamado el acta, la juez instructora Patricia Fernández ha trasladado la petición a la Junta para que aporte el documento de dicha reunión. La magistrada ya reclamó a la Junta el pasado octubre todas las actas de los Consejos de Gobierno de Manuel Chaves, Griñán y Susana Díaz entre 2005 y 2015 para examinar las ayudas por 80 millones concedidas a Isofotón, tres de las cuales fueron aprobadas por la cúpula del Gobierno andaluz entre 2010 y 2011.
El préstamo que examina ahora Anticorrupción fue concedido por la entidad pública Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía) por 8,3 millones a través de la agencia Idea, y se elevó a Consejo de Gobierno debido a su cuantía. La firma malagueña pidió el préstamo para atender “las obligaciones de pago derivadas de la adquisición de células y paneles destinados a la obtención de energía solar a Samsung”, y así poder mantener a 702 trabajadores en su plantilla. La firma se comprometía a no “declarar o distribuir dividendos ni acordar ningún pago a favor de sus accionistas, socios y/o administradores, o de sus filiales, o de las personas vinculadas a estos”, según la documentación aportada al juzgado.
Source link