La comisión de fiscales encargada del caso de Jeanine Áñez presentó este martes una acusación formal contra la expresidenta boliviana por dos delitos menores que conllevan penas de prisión muy bajas. Áñez continua en una prisión de mujeres de La Paz, en la que lleva encerrada desde marzo de este año, mientras la Fiscalía desarrolla una investigación contra ella por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración para derrocar al presidente Evo Morales en 2019 y autoproclamarse la líder del Gobierno. La defensa de Áñez considera que las acusaciones son falsas.
Los acusadores deben limitarse a los hechos ilegales que supuestamente cometió por Áñez antes de asumir la presidencia, ya que sus decisiones durante su gestión solo pueden ser procesadas con una autorización parlamentaria previa, que la oposición se niega a conceder. “La comisión de fiscales, después de haber realizado un análisis, una investigación y una colección de evidencias tanto testificales como documentales, así como las pericias correspondientes, ha logrado establecer que existen los elementos suficientes de que la señora Jeanine Áñez Chávez hubiera adecuado su conducta a esos tipos penales”, declaró Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía.
Los delitos por los que se enjuiciará a Áñez en este proceso, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tienen una pena de un mes a dos años de prisión. Por tanto, no ameritarían que la expresidente se encuentre detenida, pero al mismo tiempo ella está acusada de otros delitos más graves, en particular el de terrorismo, que se sanciona con 20 años de prisión. La investigación del comportamiento de Áñez durante la crisis política boliviana se ha dividido en dos casos, Golpe I y Golpe II, que es como los llama oficialmente la Fiscalía.
A partir de la acusación que se acaba de conocer, el caso Golpe II pasará a juicio. En cambio, el primero se halla empantanado por la dificultad de los fiscales de reunir los testimonios de quienes supuestamente decidieron que Áñez se hiciera cargo del Gobierno en una serie de reuniones convocadas por la iglesia católica y la Unión Europea, a las que asistieron líderes del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), y los principales dirigentes de la oposición. Hasta ahora solo ha declarado el expresidente Carlos Mesa, quien se acogió a su derecho a no responder para no incriminarse. La Fiscalía aún no ha recibido la declaración de Luis Fernando Camacho, líder de las protestas contra Morales en 2019 y actual gobernador de Santa Cruz. Cada vez que este fue convocado se creó tal tensión política en su región que las autoridades desistieron de su intención.
Junto con Áñez han sido acusados formalmente los principales jefes militares del momento en el que se produjo la renuncia de Evo Morales, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, que se encuentra prófugo. Otros exjefes acusados están detenidos desde hace meses. El relato de la fiscalía plantea que inmediatamente después de la salida de Morales del poder, y prescindiendo de una reunión de la Asamblea Legislativa, Áñez, que entonces era segunda vicepresidente del Senado y la única política opositora con un cargo parlamentario importante, actuó como si fuera la encargada del país prescindiendo de los procedimientos parlamentarios habituales cuando se da la renuncia de algún mandatario. Según los acusadores, los militares transportaron a la entonces senadora en aviones y automóviles, y le dieron protección, como si ya fuera presidenta de Bolivia, y ella les ordenó salir a las calles a cuidar el orden público, que en ese momento se hallaba alterado por manifestaciones y estallidos de vandalismo. Finalmente, según la acusación, Áñez se “autoproclamó” gobernante del país en una reunión legislativa que no contaba con el quorum necesario.
La defensa de la expresidenta y de toda la oposición actual, que respaldó a su Gobierno en 2019, es que se produjo un “vacío de poder” tras la renuncia del presidente, el vicepresidente y también de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, todos ellos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, por lo que se aplicó una sucesión “ipso facto” que sustituyó a los renunciantes por la primera autoridad con más alto rango que quedaba, que era Áñez. Esta opinión fue respaldada en ese momento por un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional, del que posteriormente, cuando el MAS ya había vuelto al poder, este se retractó. Según la oposición, la sucesión para evitar un vacío de poder hacía innecesario el tratamiento parlamentario de la renuncia de Morales y también que hubiera una proclamación parlamentaria con el quorum legal.
La división de la investigación contra Áñez en dos procesos ha sido atribuida por la defensa a la necesidad de los fiscales de prolongar la detención preventiva de la exgobernante, que es de un máximo de seis meses por cada acusación. Áñez la ha considerado una estratagema para darle más tiempo a la Fiscalía para armar la acusación más importante, violando así su derecho a un debido proceso.
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