La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil informó este viernes al Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la apertura de una investigación para indagar el presunto delito de prevaricación cometido por el presidente Jair Bolsonaro en el caso de la compra de la vacuna india Covaxin. La semana pasada, el diputado Luis Miranda dijo en un testimonio ante la CPI, la comisión parlamentaria de investigación sobre la pandemia en el Senado, que Bolsonaro fue informado de las irregularidades en la compra del inmunizante. La investigación trata de averiguar ahora si el presidente lo sabía y no actuó, cometiendo así el delito de prevaricato.
El pedido de la Fiscalía al Supremo atribuye a Bolsonaro la práctica de un delito previsto en el código penal que castiga al funcionario público acusado de “retardar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o practicarlo en contra de una disposición expresa de la ley para satisfacer un interés personal o un sentimiento personal”.
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Según el diputado Miranda, él y su hermano, el funcionario del Ministerio de Salud Luis Ricardo Miranda, informaron personalmente a Bolsonaro sobre las irregularidades en la compra de la vacuna india. Luis Ricardo aseguró que sufrió “presiones” para cerrar el contrato con Precisa Medicines, la empresa que actuó como intermediaria entre Brasil e India. Según los hermanos, Bolsonaro llegó a decir que activaría a la Policía Federal para investigar el caso, pero su promesa nunca se cumplió.
En la solicitud de la PGR, firmada por el subprocurador general de la República, Humberto Jacques de Medeiros, se pide que “se aclare lo que se hizo después de la reunión en términos de adopción de medidas”. También solicita información a la Contraloría General, al Tribunal de Cuentas de la Federación, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en particular, al CPI de la pandemia sobre el reparto de pruebas.
Bolsonaro se ha defendido de las acusaciones asegurando que no desembolsó “ni un centavo” para la compra del inmunizador indio. Esta semana, el Ministerio de Salud y la Contraloría General anunciaron la suspensión del contrato de Precisa Medicamentos hasta que se investiguen los hechos.
La investigación contra Bolsonaro, de todas formas, podría no prosperar. El fiscal general, Augusto Aras, ha demostrado ser un defensor irreductible del presidente. En ocasiones anteriores lo ha defendido ante el Supremo de todas las solicitudes que parten de su oficina. En la lista figuran el derecho del mandatario a no usar mascarillas hasta un escándalo con cheques sospechosos de un antiguo empleado del presidente.
La relación entre Aras y Bolsonaro es cercana. El presidente ha dicho que lo quiere como candidato al Supremo Tribunal. El 12 de julio se jubila un ministro de la Corte, Marco Aurelio de Mello.
Pazuello, objetivo del Ministerio Público
El Ministerio Público Federal (MPF) envió a la Justicia una demanda contra el exministro de Salud, Eduardo Pazuello, quien responderá por daño al patrimonio público y violación de los principios de administración en la gestión de la pandemia. Según un informe publicado por el portal UOL, la acción, que se está tramitando en secreto por contener documentos protegidos, estima un perjuicio para el Estado de casi 122 millones de reales (cerca de 24 millones de dólares). El MPF pide el reembolso total de los daños más el pago de una multa de hasta el doble del importe presuntamente defraudado.
Además de la devolución de los valores y la multa, el MPF pide que Pazuello pierda los cargos públicos, los derechos políticos por hasta ocho años y se se le prohíba cerrar contratos con el Estado. Aunque dejó el mando del Ministerio de Sanidad, Pazuello ocupa actualmente un cargo en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la presidencia.
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