Miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, durante una inspección en una prisión salvadoreña, en marzo de 2022.Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images)
Una acusación de la Fiscalía presentada en contra de 13 líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en una corte federal del Estado de Nueva York señala a dos altos funcionarios del Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele de haber negociado con la pandilla una reducción de homicidios a cambio de beneficios entre los años 2019 a 2021. De acuerdo con el documento hecho público el jueves por el Departamento de Justicia, el Ejecutivo del presidente millennial que ahora lidera una “guerra” contra las pandillas optó primero por una negociación durante al menos dos años para lograr una reducción de homicidios que beneficiara su popularidad.
Aunque la acusación fue presentada formalmente ante el tribunal de distrito de Nueva York el 22 de agosto de 2022, no fue conocida públicamente hasta este jueves, luego de la captura de tres líderes de la pandilla que se escondían y operaban en México y que se encuentran entre los 13 acusados. Los tres pandilleros capturados son Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Monserrat Criminales; Walter Yovani Hernández Rivera, conocido como Baxter de Park View, y Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo de Park View.
El documento fiscal detalla una serie de actividades criminales transnacionales de la MS-13, pero además señala negociaciones secretas de la pandilla con gobiernos salvadoreños anteriores así como con con el actual. Según el relato presentado en el tribunal, desde la llegada al poder de Bukele, en junio de 2019, dos altos funcionarios de su Administración se reunieron en reiteradas ocasiones con líderes pandilleros dentro de cárceles de máxima seguridad y en algunas ocasiones se hicieron acompañar por otros líderes pandilleros que gozaban de libertad. Los sujetos ingresaban a los penales vistiendo ropas oscuras, tapados de la cara y con camisas de mangas largas para cubrir sus tatuajes.
Los dos funcionarios mencionados son Osiris Luna, director general de prisiones, y Carlos Marroquín, director de la unidad de Reconstrucción de Tejido Social. Ambos funcionarios además fueron sancionados en diciembre de 2021 por el Departamento de Estado por los mismos señalamientos.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios de Bukele lograron una drástica reducción de homicidios para fortalecer su popularidad a cambio de beneficios carcelarios, para los pandilleros modificaciones de leyes, y reducciones en las condenas. La pandilla además habría ofrecido ejercer su influencia en sus miembros, familiares y habitantes de las comunidades controladas para garantizar el triunfo del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones de alcaldes y diputados realizadas en febrero de 2021.
A cambio, la pandilla pidió además la garantía de no-extradición de los máximos líderes a Estados Unidos. Entre 2021 y 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de 12 miembros de la MS-13 que forman parte de la cúpula de la pandilla llamada Ranfla. Sin embargo, hasta hoy, el Gobierno no ha accedido a la petición.
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Uno de los líderes solicitados en extradición es Elmer Canales Rivera, alias El Crook. Canales Rivera fue capturado en El Salvador en febrero de 2021. Cuatro meses después de su captura, Estados Unidos pidió su extradición. Sin embargo “el Gobierno de El Salvador liberó a Canales Rivera de la custodia, a pesar de la Notificación Roja de INTERPOL y la solicitud de extradición pendiente de los Estados Unidos”, señala el documento.
En mayo de 2022, el medio digital salvadoreño El Faro publicó una serie de audios en los que se escucha a Carlos Marroquín, director de Tejido Social, diciendo que él mismo había sacado a Crook de la cárcel y posteriormente lo fue a dejar a Guatemala para demostrara “lealtad y confianza” a la pandilla. Un año antes, El Faro también publicó que el Gobierno de Bukele negoció con las pandillas e intentó ocultar las pruebas.
Operaciones de terrorismo de la MS-13
La acusación de la Fiscalía en contra de 13 líderes de la MS-13 revela que la pandilla “dirigió un aumento de la violencia en los Estados Unidos, incluyendo asesinatos” como una venganza por creer que el Gobierno de ese país había influenciado para que se terminara el primer pacto que la pandilla hizo con las autoridades salvadoreñas en 2012 bajo la administración del expresidente Mauricio Funes.
Según el documento, tras la ruptura de la tregua a principios de 2015, la pandilla empezó a organizar una respuesta y ordenó a todos sus “programas” reunir dinero para la compra de armas y creó un equipo de 200 pandilleros para darles entrenamiento especial en campos tipo militar. El objetivo, según la investigación fiscal, era matar policías salvadoreños.
La MS-13 logró que sus células en Estados Unidos reunieran dinero y lo enviaran a El Salvador a través de terceros, mientras que sus representantes en México se encargaron de conseguir las armas. Asimismo, como represalia, la MS-13 ordenó el asesinato de un agente del FBI. Aunque ese hecho no se llegó a ejecutar.
Expansión de la MS-13 en México
El documento detalla que la MS-13 creó un programa llamado “México” y envió a representantes de la Ranfla a ese país para hacer crecer y mejorar su estructura con la idea de tener una especie de segundo mando en caso de que el Gobierno salvadoreño la lograra desarticular.
Para financiarse, el programa México se tomó algunas rutas de migrantes en las que cobraba “a cambio de seguridad” con permiso de los cárteles mexicanos. A los migrantes que no pagaban la cuota los aventaban de las vías del tren, los mutilaban o los desaparecían, dice el documento.
También usaron el control de la ruta para mover a líderes de la MS-13 hacia Estados Unidos y para detectar a enemigos o desertores de la misma pandilla que huían hacia Estados Unidos.
La MS-13, además, compró droga a los cárteles mexicanos para venderla en El Salvador e hizo conexiones con Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Actualmente las autoridades mexicanas reportan un incremento de pandilleros en México que están llegando por la frontera sur como uno de los efectos de la “guerra contra las pandillas” que ha logrado la desarticulación de la MS-13 en El Salvador. Sin embargo, no hay indicios de que la estructura se esté fortaleciendo en México.
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