La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que se procese a 13 miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos de pertenencia a banda terrorista y, en algunos casos, por fabricación de explosivos. Los investigados fueron detenidos en 2019, en el marco de la llamada operación Judas de la Guardia Civil por, supuestamente, estar preparando ataques como respuesta a la sentencia del juicio al procés. Los sospechosos habían quedado en libertad bajo fianza y con cargos mientras el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional seguía con la causa.
El Ministerio Público, en su texto conocido este viernes y adelantado por El Confidencial, repasa el rol de cada uno de los 13 investigados y asegura que su voluntad era recurrir a la violencia para lograr la independencia de Cataluña. También a algunos los vincula con el Tsunami Democrático, un movimiento digital sin liderazgo conocido, que planeó acciones como el bloqueo del Aeropuerto de El Prat tras el fallo del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas. El escrito llega semanas después de que trascendiera un informe de la Guardia Civil en que se aseguraba que algunos de los CDR también habían hecho búsquedas en Internet sobre personajes contrarios a la independencia, como el líder del PP, Pablo Casado o el exsecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
En el marco de la operación Judas se detuvo a nueve personas (Eduardo Garzón, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Duch, Rafael Delgado, Ferrán Jolís, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero). Posteriormente se añadieron a la lista de investigados otros cuatro: Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Delgado. El independentismo no tardó en asegurar, tras las detenciones, que todo era un montaje para desacreditar su apuesta por la secesión. Una tesis que apoyó abiertamente el entonces president de la Generalitat, Quim Torra. Varios de los detenidos denunciaron además irregularidades en la investigación.
La Fiscalía considera que los investigados participaron en la creación del llamado Centro de Coordinación (CECOR) y que eran muy activos en grupos de aplicaciones de mensajería instantánea para coordinar acciones de protesta. El Ministerio Público los ubica, por ejemplo, en los actos en rechazo a la visita del presidente Pedro Sánchez a Barcelona, el 21 de diciembre de 2018, o en el vertido de aceite en la vía que pasa cerca de la prisión de Lledoners, el día del traslado de los políticos de la cárcel de Lledoners a Madrid, donde fueron juzgados. El texto también da por probado que Jolís es uno de los líderes del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR.
La cantidad de material para hacer explosivos y su posibilidad real de hacer daño fue uno de los puntos que había centrado la investigación. Durante los operativos de la Guardia Civil no se encontró ningún explosivo, aunque si algunas materias primas, lo cual enfrió las tesis más duras sobre los supuestos ataques. Durante las declaraciones tanto ante la Audiencia como ante la policía, Ros aseguró que le gustaba “experimentar” pero que no pretendía atacar a nadie. La Fiscalía abraza ahora la tesis de que efectivamente había explosivos y que estaban en disposición de atacar.
En otras causas contra cdrs, la justicia ha criticado la valoración hecha por la Guardia Civil. Tal es el caso de la activista Tamara Carrasco, a quien una juez absolvió de un supuesto delito de desorden público. Carrasco estuvo un año confinada en su municipio por decisión de la Audiencia Nacional. El titular del juzgado de lo penal número 25 de Barcelona consideró “poco serio” que en una investigación “por delitos tan graves como terrorismo, rebelión y sedición”, los agentes de la Benemérita no indiquen “la fuente por la cual se ha obtenido el mensaje” que es la base de la acusación contra Carrasco.
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