Desde las Elecciones Generales de 2021, que fragmentaron políticamente a un país ya dividido, no se vivía un ambiente tan caldeado en Perú. El martes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusó constitucionalmente al presidente Pedro Castillo de encabezar una presunta organización criminal tras hallar indicios de delitos de tráfico de influencias y colusión. La denuncia se presentó ante el Congreso de la República, institución que evaluará el futuro del mandatario, ya acorralado por seis investigaciones de supuestos casos de corrupción.
Desde la mañana del martes, el Ministerio Público llevó a cabo varias diligencias a escala nacional, vinculadas a la supuesta red criminal que encabeza Pedro Castillo. Entre ellas, detuvo a cinco de sus exasesores y también allanó las oficinas y domicilios de seis parlamentarios relacionados con el caso del partido Acción Popular. Los agentes fueron más allá e ingresaron a la casa de la hermana del mandatario, Gloria Castillo, quien se hallaba en compañía de su madre, en San Juan de Lurigancho, un distrito al este de Lima. El hecho fue tildado de “acto abusivo” por el propio presidente horas después.
A través de un vídeo colgado en las redes sociales del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benavides fue enfática en su acusación. “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, explicó.
La hipótesis de la fiscal enloda también a dos exministros del Gobierno de Castillo: Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo, y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento). Benavides agregó, según la comunicación de la Fiscalía, “que la denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”.
Este tipo de denuncias, calificadas de constitucionales al constituir una suerte de antejuicio político al que tienen derecho los altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, deja de momento la pelota en el tejado del poder legislativo de Perú. “Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, señaló el Ministerio Público.
En cualquier caso, las acusaciones son extremadamente graves y golpean a un Ejecutivo marcado por la inestabilidad, las renuncias y las destituciones desde sus inicios. Benavides advirtió, además, de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”. Según esta tesis, Castillo y su entorno, aprovechándose de su cargo en el Gobierno, amenazan “la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia”. “La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, prosiguió la fiscal.
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El presidente Castillo negó de plano las acusaciones de la Fiscalía y llegó a afirmar en una conferencia de prensa que “se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en Perú”. El maestro rural añadió dramatismo y se dijo incluso dispuesto a derramar su sangre. “Acá estoy y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”, aseguró.
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