La oficina de atención que el Ministerio de Justicia creó en 2013 para asistir a quienes sospechan ser víctimas del robo de bebés ha incoado 876 expedientes desde entonces, pero solo en 11 casos ha sido posible el reencuentro entre familiares biológicos. Tras reunirse este martes con representantes de 18 asociaciones de afectados, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, ha anunciado que el Gobierno prepara la contratación de “un grupo de expertos archiveros” para tratar de ayudarles en su búsqueda y tiene la intención de “abrir vías de diálogo con la Conferencia Episcopal Española para conseguir acceso a los libros y registros eclesiásticos”. Uno de los obstáculos que se encuentran las familias, tantos años después, es, precisamente, el acceso a la documentación.
El Ministerio gestiona 27 oficinas repartidas por España con un protocolo de actuación para asistir jurídica y psicológicamente a los afectados que así lo soliciten. Durante su encuentro con las asociaciones, Rasillo insistió en la necesidad de que los afectados incluyan sus perfiles genéticos en la base de datos del Instituto Nacional de Toxicología para cruzar los datos e incrementar las posibilidades de hallar compatibilidades que permitan el reencuentro. Algunas asociaciones, que reclaman al Gobierno un plan integral de búsqueda, con una policía especializada, han sido reacias a participar en ese banco genético.
El pasado noviembre se aprobó en el Congreso con la unanimidad de los 344 diputados presentes una proposición de ley sobre niños robados que prevé una fiscalía y una unidad de la policía judicial especializadas, así como una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Tras el anuncio del adelanto electoral, los afectados se reunieron de nuevo con representantes de varios partidos políticos, que manifestaron su voluntad de materializar esa ley en la próxima legislatura.
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