El cerco judicial se estrecha sobre Eva Kaili, la destituida vicepresidenta del Parlamento Europeo imputada en un caso de presuntos sobornos de Qatar. A esta investigación de la justicia belga, que la tiene en prisión preventiva desde el pasado viernes, se une una nueva pesquisa, esta vez de la Oficina de la Fiscalía de la UE (EPPO, por sus siglas en inglés), que sospecha que Kaili y otra eurodiputada griega, la conservadora Maria Spyraki, podrían haber cometido fraude con su asignación parlamentaria.
Por este motivo, en un caso que a priori nada tiene que ver con la investigación por corrupción que ha sacudido a la Eurocámara esta semana, la fiscal europea, la rumana Laura Codruța Kövesi, ha solicitado formalmente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de las dos sospechosas.
Además de Kaili, que hasta su detención era miembro del partido griego Pasok y formaba parte del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, la Fiscalía europea tiene en su punto de mira a Spyraki, miembro del partido griego Nueva Democracia y de la familia del Partido Popular Europeo (PPE).
Según un escueto comunicado de la EPPO, la decisión de solicitar el levantamiento de la inmunidad se debe a una comunicación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que ha informado de una “sospecha de fraude perjudicial para el presupuesto europeo en relación con la gestión de las asignaciones parlamentarias”, el fondo del que dispone cada eurodiputado para gestionar los gastos propios y de su equipo. Concretamente, las sospechas se centran en la gestión de la “remuneración de los asistentes parlamentarios acreditados”, una cuestión que ya en el pasado ha provocado investigaciones a parlamentarios y partidos políticos como el francés Frente Nacional, acusado de una trama de empleos ficticios de asistentes por casi siete millones de euros.
Fuentes parlamentarias aseguraron a este periódico que la Eurocámara “seguirá las normas establecidas para estos casos”, que pasan por un anuncio formal en el pleno de la solicitud de levantamiento de inmunidad. Según el reglamento interno, a continuación, igual que cuando se produce un suplicatorio demandando la suspensión de la inmunidad de un eurodiputado —como pasó con Carles Puigdemont y otros políticos independentistas catalanes—, la comisión de asuntos jurídicos tiene que analizar el caso y escuchar a los afectados antes de proponer formalmente de nuevo al pleno si levanta o no la inmunidad, tema que finalmente se somete a votación. Es un proceso largo que requiere varios meses, por lo que en el caso de Kaili probablemente se cruzará con el proceso que tiene abierto ante la justicia belga, que la ha imputado por corrupción y blanqueo de dinero en un caso de presuntos sobornos de Qatar y, según las últimas informaciones también Marruecos, que ha salpicado a varios eurodiputados y exparlamentarios más.
La noticia de la investigación por presunto fraude de Kaili y la eurodiputada conservadora se produce en un momento en que Bruselas sigue impactada por la detención de la antigua vicepresidenta del Parlamento Europeo por participar presuntamente en una trama de sobornos de Qatar que ha provocado una oleada de detenciones y registros de oficinas de eurodiputados en los últimos días. En total, la justicia ha imputado por el momento a cuatro personas: además de Kaili, se trata de su pareja y asistente parlamentario Francesco Giorgi, así como el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, en torno al cual parece girar toda la trama y que actualmente estaba al frente de la ONG Fight Impunity, y otro ya exdirector de una organización, No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca. Ambas asociaciones ocupan las mismas oficinas en Bruselas, muy cerca del barrio europeo. Un juez confirmó la víspera la prisión preventiva para Giorgi y Panzeri, mientras que puso a Talamanca en libertad vigilada. Kaili, que no compareció ante el juez el miércoles, permanece también en prisión, al menos hasta su cita ante la justicia, la semana que viene.
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En vista de la gravedad de las acusaciones contra Kaili, la otra eurodiputada ahora investigada por la Fiscalía europea, Maria Spyraki, se ha apresurado a desmentir cualquier implicación en el Qatargate. “Acepto la petición de levantar mi inmunidad para demostrar que no me he quedado con un solo euro ni tengo una sola disputa financiera con el Parlamento Europeo”, dijo en un comunicado. “No tengo conexión alguna con el Qatargate, no tengo conexión con ningún otro caso”, subrayó. También el presidente de la comisión de asuntos jurídicos, el español Adrián Vázquez (Cs), que ha asegurado que su comité “tratará rigurosamente” cualquier demanda de levantamiento de inmunidad, ha puntualizado a la vez que se trata una cuestión “separada del Qatargate”.
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