Un empresario del sector sanitario privado en Madrid y otro de la patronal de residencias han confirmado este viernes lo que ya se conocía por investigaciones periodísticas desde hace meses: a los mayores de residencias de Madrid se les denegó la asistencia sanitaria para evitar el colapso de los hospitales, la medicalización de las residencias es un invento de la Comunidad de Madrid y quien tenía más dinero pudo salvarse.
La Comunidad de Madrid nunca envió a los hospitales privados los protocolos de triaje, según ha dicho en la Asamblea de Madrid el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca: “No lo hubiéramos permitido”. Esos documentos sí fueron distribuidos en los hospitales públicos y las residencias tuvieron que acatarlos, según ha añadido el presidente de la Federación Española de Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid: “Lamentablemente la gran mortalidad la tuvimos en las residencias y eso confirma el hecho de que no tuvimos derivaciones hospitalarias”.
Abarca y Fernández Cid han intervenido en la primera sesión de comparecencias de la comisión que investiga las responsabilidades políticas por la tragedia de la primavera. Fue un drama que hizo tambalear al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entonces y ahora se convierte en un nuevo dolor de cabeza que se suma a sus otros frentes abiertos durante la segunda ola. Irónicamente ambos testigos han sido propuestos por los dos partidos del Gobierno regional. Abarca, por el PP, y Fernández Cid, por Ciudadanos.
El presidente de HM Hospitales ha descrito cuáles fueron las normas que estuvieron en vigor en marzo y abril durante la crisis de las residencias que causó la muerte a miles de ancianos. Sus siete hospitales nunca estuvieron sujetos a los protocolos de exclusión así que los pacientes de residencias asegurados pudieron encontrar una cama en sus hospitales durante el tapón hospitalario en Madrid. “No conozco el protocolo. Lo que sí le puedo decir es que no hicimos discriminación por edad ni por ningún tipo de motivos”, ha afirmado durante el interrogatorio de los diputados. HM Hospitales es una empresa familiar que tiene siete de sus 17 hospitales en Madrid y da servicio a pacientes con cobertura de las grandes aseguradoras. Abarca también preside la Fundación Iris, que representa al sector sanitario privado.
Sus declaraciones confirman lo que ya reveló este periódico en junio: los hospitales privados tuvieron sus propias normas durante lo peor de la crisis. La tarjeta del seguro privado fue un salvoconducto para escapar de la trampa mortal de las residencias y acceder a una cama de hospital.
El presidente de la FED ha dicho por su parte que la causa de las casi 6.000 muertes de residentes en Madrid fue el bloqueo de los hospitales. “(Es) lamentable que se diga tú sí, tú no, ¿que estamos en un colapso del sistema sanitario? Pues sí, pero los residentes también son personas”, ha afirmado Fernández Cid, que es también presidente de Casablanca, un grupo que tiene ocho residencias en Madrid. Este empresario ha confirmado que sus residencias recibieron los protocolos de triaje y que tuvieron que acatarlos, desmintiendo así a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quienes aseguraron que los protocolos eran borradores.
“Cuando nosotros detectábamos que tenía un seguro privado inmediatamente llamábamos al hospital privado y se le derivaba al hospital privado, por supuesto”, ha añadido Cid. “Buscábamos las vueltas para que esa persona recibiese la atención sanitaria oportuna y sí se derivaba al hospital privado, claro que sí”.
En un momento de su comparecencia, Fernández Cid ha hecho una breve pausa, emocionado al recordar a sus trabajadores en las semanas más duras: “Gente llorando por las esquinas, no se puede usted imaginar, y encima diciendo ¿qué estamos haciendo mal?, se nos están muriendo… Esa era nuestra realidad, totalmente desbordados. Y después a las nueve nos culpaban en el telediario”.
“Ha sido terrible y muy injusto”
Los protocolos que elaboró la Comunidad de Madrid pedían a los hospitales públicos limitar la admisión de pacientes de residencias con alto grado de dependencia. Casi 6.000 mayores murieron por covid-19 dentro de las residencias entre mediados de marzo y hasta mediados de abril mientras los hospitales de Madrid estuvieron al borde del colapso. Durante esas semanas se redujo drásticamente el número de mayores de residencias hospitalizados. La Comunidad creó el 13 de marzo un grupo de 22 geriatras que se repartieron el control de las hospitalizaciones procedentes de las 473 residencias de Madrid. El entonces director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu, centralizó la redacción de estos protocolos, de los cuales hubo varias versiones. La final, del 25 de marzo, recomendaba a los geriatras rechazar a los mayores de residencias con dependencia para aliviar así la presión sobre los hospitales.
El 12 de marzo, la Comunidad creó un mando único que unía la sanidad pública y la privada bajo una misma coordinación. Pero los mayores de residencias enfermos sin seguro privado solo fueron derivados a hospitales públicos, a excepción de 15 personas que fueron hospitalizadas en la zona privada de la Fundación Jiménez Díaz.
Los hospitales privados sí recibieron a residentes enfermos sin seguro de modo indirecto: llegaban enviados desde hospitales públicos. “Desde las residencias nunca llegaron pacientes. Venían siempre desde el hospital público”, ha dicho Abarca. “De hecho no sé exactamente el número de pacientes que venían de residencias porque para mí constaban siempre que venían de hospitales públicos”.
“Atendimos a 600 pacientes de la sanidad pública, de los cuales, buceando en las historias, nos salen 182 pacientes de residencias, de los cuales 33 tenían cobertura pública, sin seguro, y 149 con seguro privado”. Según Abarca sus hospitales se saturaron hasta el punto de que tuvieron que denegar el ingreso a pacientes con seguro.
Abarca no precisó este viernes la fecha de esas derivaciones desde residencias, pero el 23 de abril escribió en un blog que en las semanas previas se habían muerto mayores de residencias sin oportunidades.
“Siguen llegando mayoritariamente a los hospitales enfermos de residencias, muy mayores y muy malitos que al menos, al llegar al hospital, tienen alguna oportunidad. No como pasó en semanas anteriores”. “Lo que ha pasado con nuestros mayores ha sido terrible y muy injusto”, añadió.
El 27 de abril, cuando había pasado lo peor de la crisis, Abarca volvió a escribir una reflexión en la que responsabilizaba a las Administraciones autonómicas y locales: “Lo ocurrido en muchas residencias ha sido simplemente indescriptible. La falta de control de las Administraciones autonómicas y locales ha dejado un reguero de muertos que nos avergüenza como sociedad y debería llevar, por sí mismo, a replantear toda la estrategia sociosanitaria del país”.
Abarca también ha sido crítico con el Gobierno central. Ha señalado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dirigido por Fernando Simón como el principal responsable de las muertes porque, añade, si hubiera reaccionado en febrero antes habría evitado el contagio.
Este invitado del PP a la comisión ha evitado este viernes las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se ha excusado sobre sus reflexiones durante la crisis: “Lo escribía a diario, fruto de un desahogo”.
El representante de la patronal, Fernández Cid, ha desmontado la ficción de la “medicalización” de residencias. Según el consejero Escudero, la Comunidad medicalizó 232 residencias, pero el presidente de la patronal lo ha negado. Ha dicho que los geriátricos madrileños no han recibido ningún refuerzo sanitario extraordinario. No tuvieron ayuda durante la crisis y tampoco ahora tienen unos recursos adicionales: “Ahora desde atención primaria o, mejor dicho, desde los hospitales, viene algún médico a la residencia. Eso para nosotros no es medicalizar la residencia”, ha dicho Fernández Cid. “Es lo que debiera ser lo normal. El sistema sanitario dando servicio a personas mayores dependientes”.
Además de los dos empresarios ha intervenido un representante de las familias, Miguel Vázquez, propuesto por el PSOE. Vázquez también ha hablado de las muertes por abandono. “Tengo constancia de muchas familias que no podían trasladar a sus mayores a hospitales: de finales de marzo a mediados de abril”. Cuando los hospitales reabrieron sus puertas trataron a mayores en malas condiciones. “Se han derivado residentes a hospitales que entraron sedientos”, ha añadido.
Los diputados de esta comisión de 18 miembros guardaron al inicio un minuto de silencio por los fallecidos. Es la primera sesión de comparecencias de 21 previstas a lo largo de un año. Los partidos han propuesto la intervención de líderes políticos como Ayuso, el presidente Pedro Sánchez y varios miembros de sus respectivos Gobiernos. Los diputados han decidido que primero hablen quienes estuvieron en primera línea y más adelante, el año que viene, lo hagan los políticos. Para entonces sus explicaciones serán quizás más difíciles de aceptar.
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