Antonio Cerdá, en una imagen de archivo.
La Fiscalía de Murcia ha pedido 21 meses de prisión para el exconsejero de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia Antonio Cerdá y para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer por su presunta responsabilidad en los vertidos de aguas contaminadas al mar Menor. El ministerio público da así un paso más en el marco del denominado caso Topillo, que investiga desde diciembre de 2017 vertidos contaminantes a la laguna salada desde desaladoras ilegales en el Campo de Cartagena.
En un escrito notificado este miércoles a las partes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal considera que toda la normativa y directivas de la Consejería de Agricultura y Agua para evitar los vertidos contaminantes a la albufera “quedaron en papel mojado” porque el entonces titular del departamento, Antonio Cerdá, “responsable de su puesta en marcha y con la finalidad de no perjudicar al sector agrícola, no dispuso los medios personales ni materiales para llevar a cabo las inspecciones obligatorias expresadas en los programas de actuación”.
Tampoco estableció, según el escrito de acusación, qué departamento debía hacer esas inspecciones, no concretó el modo de hacer los controles o su periodicidad y nunca aplicó el régimen sancionador previsto. “El acusado, en suma, se limitó a establecer una previsión formal, pero siendo consciente de su falta de operatividad, se hizo como que se hacía, pero en realidad no se hizo nada, frustrando así el objetivo de la norma”, advierte el fiscal, e insiste en que Cerdá “omitió la regulación de un sistema autónomo y eficaz de inspecciones y control de los programas de actuación en materia de nitratos que asegurase su cumplimiento por los agricultores y que posibilitara la aplicación del régimen sancionador”.
En cuanto al ex alto cargo de la CHS, que actualmente es director general de Agua en la Generalitat Valenciana, el fiscal recuerda que en 2007 y 2008 encargó estudios a empresas externas sobre el uso de desalobradoras sin licencia, y también recibió numerosos informes de la asociación agraria COAG al respecto. La CHS, asegura el fiscal, “tuvo conocimiento de la existencia de un gran número de sondeos y desaladoras existentes en el campo de Cartagena que carecían de autorización administrativa, y que ello era un problema ambiental de primer orden por la eliminación de las aguas de rechazo cargadas de nitratos y con una alta conductividad”. Sin embargo, “mantuvo una situación de permisividad consciente frente a este modo de proceder, no disponiéndose por ninguno de sus responsables el llevar a cabo ninguna actividad inspectora sobre estas actuaciones irregulares de desalación hasta diciembre de 2012″.
Según el fiscal, Aldeguel era el responsable en esa materia y podía abrir expedientes de oficio “sin necesidad de denuncia previa” contra las instalaciones ilegales, cosa que no hizo, ya que “no adoptó decisión alguna para su inspección, sanción y desmantelamiento, consintiendo una situación de ilegalidad y falta de control de los vertidos que colisionan frontalmente con las funciones asignadas a la Comisaría de Aguas”. Además de las penas de prisión, el fiscal pide para ambos ex altos cargos sendas multas de 5.760 euros y la inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público durante nueve años, así como el pago de las costas. El fiscal acusa en su escrito también a 39 agricultores y empresas agrícolas, para los que pide penas que oscilan entre los cinco meses y los seis años de prisión, e indemnizaciones que van desde los 1.800 hasta los 1,7 millones de euros por los supuestos delitos contra el medio ambiente y de imprudencia grave cometidos con sus actuaciones.
Por otro lado, pide responsabilidades civiles a 37 agricultores y empresas por los daños causados al dominio público marítimo y terrestre, con indemnizaciones que oscilan entre los 31.000 y los 1,7 millones de euros. Para la expresidenta de la CHS Rosario Quesada, que también está investigada en este proceso, el fiscal pide el archivo provisional de la causa, ya que entiende que el control sobre los pozos y desalobradoras ilegales no eran su competencia, sino una función del comisario de Aguas. Asimismo, pide que se archiven las diligencias contra la empresa INSAL, que se encargaba de instalar desaladoras en las explotaciones agrícolas, puesto que el fiscal considera que su actividad era legal y no se ha justificado que cometiera ningún delito contra el medio ambiente.
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En su escrito, que se extiende durante casi un centenar de páginas, el fiscal subraya el deterioro creciente que ha sufrido el mar Menor a lo largo de los últimos años como consecuencia principalmente de los vertidos agrícolas, aunque apunta también a otras fuentes de contaminación como la presión urbanística, el turismo y las aportaciones de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena. Los vertidos agrícolas, subraya, han ido en aumento debido al uso generalizado de abonos nitrogenados para optimizar las cosechas, y la proliferación de pozos y desalobradoras ilegales ha sido una constante, ya que el agua procedente del Trasvase Tajo-Segura no ha sido suficiente para abastecer a los cultivos de la zona.
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