El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, han vuelto este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar como perjudicados por Kitchen, la operación urdida en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular con el presunto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP. La Fiscalía y el magistrado Manuel García-Castellón han interrogado al matrimonio sobre el material sensible que guardaba Bárcenas y que, según su versión, le arrebató el grupo de comisarios que controló sus movimientos entre 2013 y 2015 sin ningún tipo de autorización judicial.
Los investigadores, bastante convencidos de que la trama llegó a robar documentos al extesorero, quieren profundizar en esta línea de las pesquisas. Aunque, eso sí, recelan de la palabra de Bárcenas, que en los últimos años ha ofrecido diferentes versiones sobre el contenido de aquellos papeles que se reservaba para utilizarlos como arma contra su antigua formación. Según fuentes jurídicas, este miércoles, el juez y el ministerio público han preguntado por las cajas que se llevó del despacho que le habían dejado en la sede nacional del PP hasta que lo echaron del partido. También, por el pendrive donde guardaba una copia de las supuestas grabaciones de las conversaciones con Mariano Rajoy y Javier Arenas, expresidente y ex secretario general del PP respectivamente, donde mencionaban la caja b de la formación.
Así, según han añadido las mismas fuentes, el expolítico ha asegurado que las cajas contenían documentación sobre campañas electorales, donaciones que no constan en los papeles de Bárcenas y dos clasificadores con parte de la contabilidad de los populares gallegos que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del partido en dicha comunidad y condenado por Gürtel, entregó a Álvaro Lapuerta, que ocupó el puesto de tesorero del PP antes que él.
Bárcenas también ha insistido en que ordenó en 2014 destruir una de las copias de las grabaciones de Rajoy y Arenas. Para ello, contactó con otro recluso de la cárcel de Soto del Real, donde el extesorero se encontraba en prisión preventiva. Según su versión, el expolítico pagó a este preso colombiano —a través de su chófer, Sergio Ríos, confidente de la trama Kitchen— para que las borrara de la nube [sistema de almacenamiento informático].
Antes de Bárcenas, ha declarado, también como testigo, su esposa, Rosalía Iglesias, en prisión como él por el caso Gürtel. Iglesias ha defendido la versión de su marido sobre el supuesto robo de parte de la documentación que este guardaba en el local en el que ella hacía trabajos de restauración, aunque ha insistido en varias ocasiones que nunca supo realmente cuál era su contenido de la misma, según detallas fuentes presentes en el interrogatorio.
La mujer de Bárcenas, a la que tanto el juez como el fiscal han hecho ver en varias ocasiones que estaba dando versiones contradictorias, ha asegurado que ella echó en falta varias cajas que había en un altillo y algunas carpetas que habían guardado en un arcón, pero ha dicho no haber visto el pendrive en el que estaban las supuestas grabaciones que Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. La esposa de Bárcenas ha admitido que sabía cuál era el contenido de ambos audios —”la [grabación] de Rajoy me la ha contado muchas veces”—, pero ha insistido que no conoció en ningún momento donde se guardaban. “Nunca me dijo donde estaban porque nunca quiso ponerme en riesgo”, se ha justificado.
Durante su declaración, Iglesias se ha desmarcado de la presunta contratación de un preso colombiano para destruir estas grabaciones, aunque ha admitido conocer algunos detalles. Así, ha afirmado no sabía quién era el preso ni la cantidad de dinero que supuestamente se le entregó —en sus declaraciones Bárcenas ha hecho bailar la cifra entre los 2.500 y los 4.000 euros—, aunque sí ha dicho que supo que fue el chófer, Sergio Ríos, el encargado de entregárselo. Sobre la procedencia de los fondos para hacer ese pago, que se realizó cuando el matrimonio ya tenía las cuentas intervenidas por orden judicial, Iglesias ha dicho que “había gente que nos ayudaba”. Finalmente, ha afirmado que fue su marido el que le dijo, sin entrar en detalles, que el recluso le había engañado.
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