La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme la condena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla al expresidente de la Junta José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El ministerio público ha pedido también que se ratifiquen el resto de condenas fijadas por la Audiencia, entre ellas, los nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación para otro expresidente andaluz, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.
La sentencia de los ERE, dictada por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019, suscribió la tesis mantenida por la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción y las condenas impuestas rebajaron en muy pocos grados la petición del ministerio público, por lo que los fiscales del alto tribunal han dado por bueno el fallo y han pedido su ratificación, según ha adelantado El Español y han confirmado a El PAÍS fuentes de la Fiscalía. Además de Griñán, otros cuatro exconsejeros socialistas fueron condenados a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Economía). La pena más alta fue para Fernández, siete años y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete años; y la de Martínez Aguayo, de seis.
El Supremo amplió hasta el próximo 31 de marzo el plazo para presentar los recursos, aunque la mayoría de los 19 condenados, incluidos Griñán y Chaves, los han presentado ya. Una vez que estén todos registrados, el alto tribunal empezará a estudiar los escritos, por lo que la sentencia definitiva, que podría suponer el ingreso en prisión de algunos de los condenados a penas de cárcel, se demorará todavía unos meses.
La sentencia dictada por la Audiencia, de 1.821 páginas, es una contundente censura a las políticas de empleo de la Junta andaluza, gobernada por el PSOE durante 36 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2018. Chaves y Griñán, líderes históricos del socialismo andaluz, gobernaron la comunidad durante 23 años, periodo en el que se instauró el fondo de los ERE, considerado por los jueces un “sistema fraudulento” con el que el Gobierno andaluz repartió dinero, sin control, a empresas en crisis. La resolución fijó en 680 millones la dotación de este fondo.
Para los jueces, Chaves y Griñán eran “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones adoptadas sobre el fondo de los ERE. Al primero le achacan conocer que el sistema vulneraba la ley y permitirlo como presidente de la Junta. “Resulta ilógico que decisiones de gran trascendencia, en materias de gran relevancia social e influencia política, sean desconocidas por el presidente”, censuran sobre Chaves los jueces, que creen “impensable” que el cambio de modelo en los ERE se tomara sin el visto bueno del jefe del Ejecutivo andaluz.
A Griñán le atribuyen que, durante su etapa de consejero de Economía y Hacienda, ignorara las alertas sobre irregularidades de la Intervención General. El expresidente y exconsejero de Economía aseguró en el juicio no haber recibido nunca esas alertas, pero los jueces sostienen que conoció los avisos y no hizo nada para evitar las irregularidades, por lo que le condenan también por malversación. Esta condena es la que implica pena de cárcel para el exdirigente socialista y centrará previsiblemente gran parte del debate en las deliberaciones del alto tribunal, ya que es contraria a la tesis mantenida por el propio Supremo cuando le toco instruir, en 2015, el caso de los ERE porque tanto Griñán como Chaves eran diputados en el Congreso o senadores y estaban aforados ante el alto tribunal. El Supremo no apreció entonces malversación, pero los acusados dimitieron de sus cargos tras ser imputados y el caso se juzgó finalmente en la Audiencia de Sevilla, que asumió la tesis de la Fiscalía y condenó a Griñán por este delito.
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