La Fiscalía de Barcelona ha pedido cuatro años de cárcel para la extenista Arantxa Sánchez Vicario y otros cuatro años para su exmarido, el empresario Josep Santacana, por un supuesto delito de alzamiento de bienes. “Bajo las consignas” de Santacana, la campeona de Roland Garros descapitalizó su patrimonio para evitar que el Banco de Luxemburgo se cobrase una deuda que había reclamado ya en 2010. Pasaron los años y, al no hallar una solución, la entidad financiera llevó a la jugadora a los tribunales. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que Sánchez Vicario y Santacana abonen una indemnización de 6,1 millones de euros a la entidad.
La fiscal acusa a la expareja de “idear un plan” para “frustrar” el cobro de la deuda millonaria contraída con el banco con cuatro “maniobras” financieras que explica con todo lujo de detalles. La pareja vació sus cuentas corrientes; hizo “desaparecer” cobros procedentes de procedimientos judiciales (para evitar el embargo); cobró “de forma opaca” por reportajes y entrevistas en medios de comunicación; y se desprendió de su patrimonio inmobiliario, incluido un piso en la avenida Diagonal de Barcelona y una vivienda en Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava catalana.
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El escrito de acusación subraya que Sánchez Vicario actuó siempre “bajo las instrucciones de su marido”, que utilizó en las operaciones una serie de testaferros y personas de confianza, que ahora también deberán sentarse en el banquillo de los acusados como “cooperadores necesarios” del delito de alzamiento de bienes. Una vez concluidas las ventas de los “numerosos” inmuebles (la mayoría, a nombre de empresas), Santacana liquidó esas sociedades.
Este frente judicial arranca de los problemas de Sánchez Vicario con Hacienda. En 2009, el Tribunal Supremo condenó a la tenista a pagar una multa de 5,2 millones por fraude fiscal. Hacienda logró cobrar esa suma gracias a un aval del Banco de Sabadell que, a su vez, recuperó el dinero mediante un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo. Durante muchos años, la fortuna construida por Sánchez Vicario sobre la pista había estado depositada en esa entidad. El banco cumplió con la garantía y empezó a reclamar cantidades a la tenista. En vano.
En 2017, el Banco de Luxemburgo presentó una querella contra Sánchez Vicario y contra su marido —ya entonces en proceso de separación— por alzamiento de bienes y fraude. Y pidió (sin éxito) su ingreso en prisión provisional. La entidad logró que la justicia española le diera la razón en un procedimiento civil, que fijó la deuda (con los intereses) en 7,5 millones. Nada de eso sirvió, sin embargo, para recuperar las cantidades, lo que llevó al banco a acudir a la vía penal.
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