La Fiscalía Anticorrupción pidió este martes el ingreso en prisión inmediato de 11 de los 12 condenados a tres años o más de cárcel por la primera época de la trama Gürtel de corrupción que aún están en libertad, tras hacer el Tribunal Supremo firmes las penas la semana pasada. Anticorrupción deja fuera al exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, y cuyas grabaciones permitieron destapar la red. En 2018 la Fiscalía ya anunció que apoyaría una petición de indulto para él. Una plataforma recoge firmas en Internet a favor de la medida de gracia, que depende del Gobierno.
El exconcejal Peñas acudió en 2007 a la policía con las grabaciones que permitieron iniciar la investigación sobre la trama de Francisco Correa, que ha desembocado ahora en condenas para 29 implicados. La sentencia de la Audiencia Nacional, de mayo de 2018, condenó a Peñas por siete delitos al considerar que, cuando era edil, se apoderó “de manera indebida, con regularidad y periodicidad de distintas cantidades” del consistorio, pero también destacó que su papel había sido “esencial” y “de gran ayuda para un mejor esclarecimiento de los hechos y partícipes en ellos”. Entonces, Anticorrupción descartó pedir su ingreso en prisión pese a que la pena era mayor de tres años. Ahora, tras confirmarla el Supremo, tampoco lo ha planteado.
Entre los 11 condenados para los que sí ha pedido el encarcelamiento está la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, a la que el Supremo rebajó la pena hasta los 12 años y 11 meses de prisión. Iglesias ya estuvo en prisión en mayo de 2018, tras la sentencia en primera instancia de la Audiencia Nacional, pero salió en libertad tras un día entre rejas tras depositar una fianza de 200.000 euros. Algo parecido ocurrió con Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la ministra del PP Ana Mato. Condenado a 14 años y cuatro meses (pena confirmada por el Supremo), Sepúlveda recobró la libertad tras dos días en prisión al presentar una fianza de 100.000 euros. Con la sentencia firme, ninguno de los dos tendrá ahora esa posibilidad.
Una tercera condenada para la que la Fiscalía pide la reclusión inmediata es Isabel Jordán, empleada de las empresas de la trama Gürtel, quien si bien ya cumple otra pena por el caso Fitur, otra pieza del sumario de la Gürtel, lo hace en tercer grado o semilibertad. Fuentes penitenciarias apuntan que con la condena de 14 años y 11 meses impuesta por el Supremo, su situación será revisada y, previsiblemente, pierda este beneficio y reingrese en la cárcel de mujeres de Alcalá, donde ya estuvo.
Los otros ocho condenados son Carmen Rodríguez Quijano, esposa del cabecilla de la trama, Francisco Correa, al que el alto tribunal elevó la condena a 17 años y 8 meses; el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (17 años y dos meses); el antiguo contable de la trama empresarial de Correa, José Luis Izquierdo (13 años y seis meses); el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (7 años y 9 meses); el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses); el testaferro Antonio Villaverde (3 años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y 7 meses), y Pedro Rodríguez Pendas, asesor de López Viejo (tres años).
Anticorrupción recordó este martes en una nota que, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, ya pidió para todos ellos el ingreso en prisión provisional a la espera de que el Supremo resolviera los recursos. Entonces, también reclamó esta medida para Teresa Gabarra, esposa del exconsejero Alberto López Viejo, y para el asesor financiero Iván Yáñez, a los que el Supremo ha rebajado ahora la pena a menos de dos años. En la nota, Fiscalía afirmaba que también iba a pedir su encarcelamiento, pero fuentes de la institución señalaron poco después a EL PAÍS que se trataba de un error.
En prisión ya están otros seis condenados. Bárcenas (condenado a 29 años y un mes de prisión), el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses), y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (27 años y tres meses) están recluidos en Soto del Real. Correa (51 años) y su número dos, Pablo Crespo (36 años y ocho meses), cumplen esta y otras condenas en Valdemoro, mientras que el cerebro financiero de la trama, Luis de Miguel (9 años y un mes), lo hace en el penal de Navalcarnero.
Un plazo para entrar en prisión
De las 11 personas para las que Anticorrupción pidió este martes su ingreso inmediato en prisión, al menos dos ellos, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, habían presentado en los últimos días sendos escritos en la Audiencia Nacional anunciado su intención de “ingresar voluntariamente para cumplir” sus penas. No obstante, ambos piden que el encarcelamiento se retrase 10 y 15 días, respectivamente. Galeote señalaba que durante esas dos semanas pretende “dejar organizados algunos asuntos de naturaleza familiar”. El exconcejal de Estepona detallaba también que su intención es entrar en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) por la cercanía con su domicilio. Sepúlveda no concentra este punto y se limita a comunicar que ingresará “en el centro penitenciario de su elección”.
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