El fiscal general de Turquía presentó este miércoles una solicitud ante el Tribunal Constitucional para ilegalizar al Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la principal formación prokurda del país y la tercera en escaños del Parlamento turco, y pidió prohibir la actividad política de por vida a más de 687 dirigentes y representantes del partido. Con ello se abre un proceso que podría terminar con la cancelación del HDP (que obtuvo 6 millones de votos en 2018) algo que exigía desde hace semanas la extrema derecha que forma parte de la coalición de gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. En los últimos años, miles de miembros del partido prokurdo han sido encarcelados, incluidos sus antiguos líderes, y decenas de alcaldías logradas en las elecciones municipales de 2019 han sido intervenidas por el Ministerio de Interior.
El Constitucional turco es conocido como la “tumba de los partidos” pues ha ilegalizado 25 formaciones políticas desde 1963, la mayoría de ellas de izquierdas, islamistas o nacionalistas kurdas (incluso una ecologista). Durante las décadas de 1990 y 2000 varias formaciones del nacionalismo kurdo fueron ilegalizadas, la última el Partido de la Sociedad Democrática, (DTP) en 2009. Un año antes, hasta la formación de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), estuvo a punto de ser ilegalizada -se libró por un solo voto- pese a ser el partido de Gobierno.
Ahora, la Fiscalía centra su acusación en que los miembros del HDP, mediante “sus acciones y declaraciones” tienen como objetivo romper “la indisoluble unidad del Estado y la nación”, lo que atentaría contra la Constitución y la Ley de Partidos. Una justificación choca con el hecho de que la formación jamás ha hecho llamamientos a la independencia de las provincias de mayoría kurda de Turquía y sus propuestas de descentralización siempre han sido ambiguas: otorgar más competencias a los ayuntamientos y vagas referencias a un cierto federalismo. Por contra, la habitual acusación que se hace al HDP y por la que han sido condenados cientos de sus miembros -mantener lazos con el grupo armado PKK o hacer propaganda de esta organización considerada terrorista en Turquía y la UE- ocupa un espacio menor en la justificación de la acusación. Sí que se mencionan los llamados “incidentes de Kobane”, una serie de protestas violentas contra la decisión del Gobierno turco de no ayudar a la ciudad kurdosiria de Kobane cuando se hallaba sitiada por el Estado Islámico. La Fiscalía acusa a los dirigentes del HDP de haber instigado a la población kurda a rebelarse durante aquellas protestas. Este caso está también siendo revisado en otro proceso judicial -pese a que otro tribunal lo había sobreseído hace años- por el que se ha pedido al Parlamento que retire la inmunidad a nueve de los 55 diputados con los que cuenta el grupo parlamentario del HDP.
Devlet Bahçeli, líder del ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP) y socio de Gobierno de Erdogan, comenzó a exigir la ilegalización del HDP tras la muerte de 13 rehenes -presuntamente asesinados por el PKK- durante una operación militar turca en Irak contra las bases del grupo armado el pasado mes. En principio, el AKP de Erdogan era reacio a pedir la ilegalización del HDP y prefería actuar individualmente contra los miembros del partido. Entre otras cuestiones porque el AKP es el segundo partido más votado por los kurdos y el incremento de la represión contra el nacionalismo kurdo puede alienar a sus votantes en el sudeste de Turquía. Pero la influencia de la extrema derecha en el Gobierno de Erdogan se hace cada vez más patente a medida que la crisis económica resta apoyo en las encuestas al AKP y el sostén del MHP se hace indispensable. Parece claro que el MHP pretende espolear el nacionalismo con esta jugada -una escisión de su partido le supera en popularidad en los sondeos- y, de hecho, la formación ultraderechista compró anuncios en las principales cadenas de televisión durante los programas especiales en los que se debatía la noticia de la petición de ilegalización del HDP. La decisión, además, llega un día antes de que se inicie el Congreso del MHP.
El escrito de la Fiscalía sostiene que su petición se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los dirigentes turcos han citado en varias ocasiones como referencia la decisión del Tribunal de Estrasburgo de ratificar la ilegalización de Batasuna en 2003 por parte de la Justicia española. Un argumento que deja en una posición incómoda a la diplomacia española, que en los últimos meses ha trabajado con Alemania y otros países de la UE para tratar de suavizar la imposición de sanciones a Turquía, pero que al mismo tiempo insta a Ankara a cumplir con las exigencias de Bruselas en materia de derechos humanos.
“En mis conversaciones con las autoridades turcas siempre he recalcado que es indispensable mantener al HDP en las instituciones”, explica Nacho Sánchez Amor, relator especial del Parlamento Europeo para Turquía. “Empujar al HDP fuera del Parlamento es dar la razón a los que justifican la violencia y es absolutamente contradictorio con la idea de democratizar Turquía y mantener la estabilidad”, recalca. Ya hace seis años, Abdullah Demirbas, un alcalde kurdo depuesto por orden judicial, advertía de que las nuevas generaciones kurdas estaban perdiendo la confianza en la democracia por la detención de sus representantes.
Horas antes la mesa del Parlamento turco retiraba este miércoles la inmunidad y el escaño al diputado del HDP Ömer Faruk Gergerlioglu, suscitando críticas de toda la oposición. Gergerlioglu, médico y activista de derechos humanos, obtuvo su escaño en 2018 y se había caracterizado por defender los derechos de los represaliados tras el intento de golpe de Estado de 2016. El pasado febrero, el Tribunal de Casación confirmó una condena de cárcel de hace tres años contra Gergerlioglu por haber compartido en Twitter un artículo sobre un llamamiento del PKK a negociar con Ankara (un artículo que no ha sido objeto de procesos judiciales y que sigue siendo accesible en Turquía). Gergerlioglu rechazó la decisión del Parlamento por ser el representante de los 90.000 votantes que le dieron su apoyo. Varios diputados del gobernante AKP se dirigieron entonces a la bancada del HDP para sacarlo físicamente de la sala, mientras la oposición tildaba la decisión de inconstitucional. Varias organizaciones de derechos humanos y representantes del Parlamento Europeo también criticaron la medida.
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