El juez José de la Mata, que ha reactivado la investigación de la caja b del PP nacional a raíz de las revelaciones de causas como la Operación Lezo, ha solicitado al Canal de Isabel II que le envíe los discos duros, e-mails y todos los dispositivos electrónicos que utilizó Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, durante su etapa al frente de la empresa pública. Según consta en un auto dictado el pasado 14 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado busca nuevas pruebas de que se amañaron tres adjudicaciones —concedidas por esta compañía, por el Ayuntamiento de la capital y por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento— a cambio de fondos para la contabilidad opaca de la formación conservadora.
Tras recibir el 3 de agosto una petición de Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para recopilar una enorme cantidad de documentos relacionados con estos proyectos bajo sospecha, De la Mata ha dictado un auto donde acepta la solicitud de los investigadores. Los agentes quieren averiguar qué hubo detrás de esas adjudicaciones. Sacar a la luz los “procesos subyacentes”, dicen. Y, por ello, quieren bucear en los expedientes de contratación “en formato papel”, notas internas, e-mails; “apuntes auxiliares manuscritos” y todos los documentos digitales y herramientas electrónicas usadas por los implicados.
Por ello, según reza su auto, el magistrado ha pedido ya al consejo de administración del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP y Ciudadanos), que le envíe “los discos duros de los equipos informáticos, así como otros soportes de almacenamiento de información y otros dispositivos electrónicos corporativos de los que era usuario” Ignacio González, que ya ha sido procesado por el caso Lezo e imputado en el caso Púnica. Según detalla De la Mata, el exdirigente del PP era vicepresidente primero del Ejecutivo regional y presidente del Canal de Isabel II cuando se selló uno de los contratos bajo sospecha: los servicios de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, adjudicada en diciembre de 2006. “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad [en b] gestionada por Luis [Bárcenas]”, extesorero del PP, señala el magistrado.
De la Mata incide en que González fue quien “emitió el informe dando cuenta al Consejo de Gobierno de la Comunidad sobre la propuesta de adjudicación el 14 de diciembre de 2006” y quien “firmó la adjudicación el 27 de diciembre de 2006”. El juez añade que hay “elementos” suficientes para vincular esta concesión a la empresa Degremont, vinculada al empresario Rafael Palencia, y “entregas de fondos” irregulares realizadas por parte del propio Palencia al PP, que “constan anotadas en la cuenta analítica de ingresos por donativos del Partido Popular”. El instructor también solicita al Canal que le remita los “mensajes de correo electrónico íntegros desde las cuentas corporativas de la sociedad” usados por el político entre 2006 y 2009.
Como detalla el sumario, los empresarios colaboraban con el PP mediante la “aportación de fondos en calidad de donantes, ya fuera para campañas electorales o para la financiación de otros proyectos, como por ejemplo la reforma de una sede de la formación política”. “Los fondos se entregaban a cambio de la facilitación por parte de [Álvaro] Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador de contratos públicos que en cada caso interesara, durante la tramitación del expediente de contratación pública, con quien negociar la obtención del contrato público en que estaba interesado el empresario”, detallaba el juez.
De la Mata investiga otras dos adjudicaciones bajo sospecha. La primera, un contrato de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, para la que Bárcenas “puso en contacto a Rafael Palencia con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007”. La segunda, la redacción del proyecto de construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de la depuradora Monte Boyal, adjudicada por el Sepes: “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad gestionada por Bárcenas equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA”. Por ello, el magistrado ha pedido también al Sepes, al Ayuntamiento de la capital, al Canal de Isabel II y a Suez Treatment Solutions SA (heredera de las dos empresas bajo sospecha, Degremont SA y Odeaon Degremont SA) toda la documentación, material y dispositivos electrónicos empleados por quienes intervinieron en estos proyectos.
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