La ley de eutanasia ha superado este jueves un nuevo escollo en el Congreso de los Diputados. Partido Popular (PP) y Vox se han quedado solos en el apoyo a sus respectivas enmiendas a la totalidad a la proposición de ley impulsada por el PSOE y aprobada en febrero con una amplia mayoría en la bancada (201 votos a favor y 140 en contra). El texto seguirá así su tramitación. Hasta el día 16 sigue abierto el plazo para la presentación de enmiendas y, a partir de entonces, en la Comisión de Sanidad, donde los partidos negociarán el articulado antes de devolver la norma al pleno.
Los partidos de la derecha pretendían frenar así la regulación de la muerte digna con una ley alternativa centrada en los cuidados paliativos, una estrategia que sin mucho éxito han venido intentando en los últimos tiempos. “Es una obscenidad que su partido [el PSOE] impulse una ley de eutanasia sin tener resueltos los cuidados paliativos”, ha exclamado el portavoz del PP, Jose Ignacio Echániz. “Apuestan por la muerte en lugar de por la vida. Es lo que han hecho siempre, como con el aborto”, ha lanzado por su parte la portavoz de Vox, María Ruíz Solás.
La portavoz del PSOE y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha arremetido en su intervención contra los populares, a los que ha acusado de limitar en las comunidades en las que gobiernan la oferta de cuidados paliativos y ahora presentar esta carencia como un obstáculo para la ley de eutanasia. “Siento vergüenza de este paripé”, ha saltado Carcedo. “Hay muchos ciudadanos que nos están mirando, esperando. Son miles de españoles que están sufriendo”, ha seguido la exministra socialista.
Joseba Agirretxea (PNV) ha afeado a populares y ultraderechistas que “vuelvan a intentar confundir a la ciudadanía” mezclando los cuidados paliativos y la eutanasia. “No es lo mismo”, ha exclamado antes de añadir que esta posición es un error al pretender que “una sola ley resuelva dos problemas distintos”.
Diferencias entre eutanasia y cuidados paliativos
Aunque la oferta de cuidados paliativos es muy dispar según las comunidades (incluso en el interior de cada una de ellas), este tratamiento médico está destinado a atender a pacientes cuya muerte es inminente y que se acercan a los últimos momentos de la vida entre un gran sufrimiento. En estos casos, la buena práctica médica es administrar fármacos y dosis incluso a riesgo de que puedan acortar algo la vida del paciente, porque el único objetivo terapéutico viable es paliar el dolor.
En el caso de la eutanasia, los pacientes pueden tener una esperanza de vida mucho más larga y vivir igualmente entre grandes dolores y sufrimiento. Esta es la razón que para ellos “no es aplicable la ley de cuidados paliativos”, ha recordado Carcedo, que considera una obligación de la sociedad “dar una respuesta” a estas personas.
Son casos como el de Antoni Monguilod, enfermo de párkinson fallecido el pasado mes de octubre tras años rogando “dejar de sufrir” desde un lejano diagnóstico hecho en 2007. O María José Carrasco, a la que su marido, Ángel Hernández, dio una dosis letal de pentotal sódico en abril de 2019 tras una existencia consumida por la esclerosis múltiple. “No le perdono a nadie que muera gente sufriendo”, exclamó tras autoinculparse por la muerte de la mujer a cuyos cuidados había dedicado los últimos años de vida.
Agirretxea ha cargado contra PP y Vox por el tono de sus intervenciones, en las que han vuelto a dejar caer la idea de que el objetivo de la ley es acabar con “los más débiles” y ahorrar “en pensiones”. “¿Son conscientes de la barbaridad de sus afirmaciones?”, les ha preguntado el diputado del PNV, que les ha acusado de transmitir la idea falsa de que se está tramitando una ley que “da libertad de asesinato”.
Esta es la tercera tramitación de la ley de eutanasia que acoge el Congreso en los dos últimos años, un proyecto que siempre ha contado con una amplia mayoría en el pleno pero que ha sucumbido a los quiebros del calendario político. La primera vez se inició en junio de 2018, aunque quedó interrumpida por el adelanto electoral. En la segunda, en septiembre de 2019, la tramitación ni siquiera echó a andar tras su toma en consideración por el bloqueo político y la repetición de los comicios generales.
El tercer intento, tras recibir en febrero el apoyo de todos los grupos menos PP, Vox, UPN y Foro Asturias, también se ha visto afectado este año por la pandemia, aunque sus promotores confían en no encontrar a partir de ahora más piedras en el camino. El próximo paso será remitir la proposición a la Comisión de Sanidad para que empiece la negociación de enmiendas.
El texto de la proposición de ley, que tiene rango de orgánica y supone cambiar del Código Penal, consagra la eutanasia como un “derecho” al que podrán acogerse quienes padezcan “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que cause “un sufrimiento insoportable”. Será prestada por la sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.
“Un proceso deliberativo”
La proposición de ley prevé que el paciente que solicita la eutanasia no tenga que esperar más de un mes para morir tras pedirlo por escrito a su médico. El facultativo abrirá en primer lugar “un proceso deliberativo” con el enfermo tras el que, si estima que se cumple la ley, deberá consultarlo con otro médico ajeno a su equipo.
El paciente reiterará su voluntad a las dos semanas, tras lo que el caso será remitido a una comisión de control, que lo valorará de nuevo. En caso de que todas las partes consideren que la ley se cumple, el enfermo verá satisfecha su voluntad de morir a los 15 días de la segunda petición. Para hacerlo, podrá elegir si toma él mismo los fármacos que le quitarán la vida o si son los médicos los que hagan.
La solicitud puede ser denegada en dos pasos del proceso. Si lo hace el facultativo, el paciente tendrá cinco días para solicitar a la comisión de control que revise el caso. Si es esta la que tumba el proceso, el paciente podrá ir a la vía administrativa. Tras la muerte, el médico responsable remitirá toda la documentación a la comisión para un nuevo control posterior. Si dos tercios o más de sus miembros consideran que se ha incumplido la ley, el caso será remitido a la Fiscalía.
La posición común favorable a la regulación de la eutanasia, aunque mayoritaria, tiene también algunas divisiones en el bloque que la apoya. El principal motivo son las comisiones de control previas, que partidos como el PSOE y PNV ven como una garantía para pacientes y profesionales sanitarias, y también como una forma de blindar la ley ante un posible recurso al Tribunal Constitucional.
Otros partidos, como Unidas Podemos y ERC, ven en estas comisiones un posible obstáculo que dificulte el acceso a una muerte digna a los pacientes y un arma para bloquear la aplicación de la norma en aquellas comunidades en las que gobierna el PP, en varias de ellas con el apoyo de Vox.
La mayoría en el Congreso de la posición favorable a regular la eutanasia es compartida por la sociedad española, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La mayoría de la población española está a favor de regular la eutanasia. “Es un apoyo claro y, además, consistente en el tiempo desde hace más de una década”, ha explicado a EL PAÍS Rafael Serrano-del-Rosal, investigador y director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC. En un estudio publicado este año en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Serrano-del-Rosal, destaca que el 58% de los españoles contestan que “sí” cuando se les pregunta si apoyan la regulación de la eutanasia frente a solo el 10% que se muestra en contra “con seguridad”. Entre el resto de opciones intermedias, la más importante (15%) es la que afirma: “Creo que sí, pero no estoy totalmente seguro”.
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