La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que pida permiso al Congreso (mediante el llamado suplicatorio) para investigar al diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad. El parlamentario estaba citado la semana pasada para declarar de forma voluntaria como investigado ante el magistrado Antonio del Moral, instructor de la causa abierta contra él en el alto tribunal, pero renunció a hacerlo. El Supremo consultó entonces al Ministerio Público si debía pedir ya el suplicatorio para poder interrogarle y la Fiscalía ha presentado este jueves un escrito en el que se muestra favorable a dar este paso.
Ahora, lo previsible es que el instructor solicite en los próximos días a la Cámara que levante la inmunidad del diputado y poder seguir adelante con la causa. La solicitud deberá ser examinada en reuniones a puerta cerrada por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que en el plazo de 30 días hábiles deberá remitir al Pleno una propuesta.
La Sala de lo Penal abrió una causa a Rodríguez el pasado 28 de septiembre tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción 4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) contra el diputado y otras cuatro personas. La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había presentado escrito de acusación contra Rodríguez, en el que solicitaba una pena de un año de prisión por el delito de atentado contra la autoridad y un mes de multa por la falta de lesiones, después de que el juzgado de Instrucción acordase la apertura del juicio oral contra el diputado y el resto de encausados. Sin embargo, al acreditar el juzgado la condición de parlamentario de Rodríguez y, por tanto, de aforado, acordó la nulidad parcial de ese auto en la parte referida al dirigente de Podemos.
Según la resolución remitida por el juzgado canario, el ahora diputado de Podemos supuestamente “propinó una patada” a un policía durante los altercados que se produjeron hace seis años en el transcurso de la inauguración de una catedral en la isla a la que asistía el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert. Rodríguez participaba en la manifestación que, aprovechando la presencia del miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, protestaba por la puesta en marcha de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La concentración acabó con el lanzamiento de objetos y la supuesta agresión a los agentes que protegían el acto. Uno de ellos sufrió un traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda que requirieron asistencia médica y por los que estuvo cinco días sin poder trabajar.
En 2017, el alto tribunal ya abrió una causa contra el número tres de la formación de Iglesias, entonces por un delito de desórdenes públicos por unos hechos el día de Navidad de 2006 durante un control de la policía local también en la localidad tinerfeña de La Laguna. Según recogió entonces la investigación judicial, los acusados “increparon a las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, provocando que arrojaran botellas, vasos y otros objetos”. El lanzamiento de objetos ocasionó diversos desperfectos en un vehículo. Un año después de la apertura de la causa, el Supremo declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que era investigado dado el tiempo transcurrido desde su comisión.
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