El Comité de Investigación de Rusia, organismo fiscal que depende directamente de la presidencia, ha iniciado un nuevo proceso penal contra el opositor ruso Alexéi Navalni y ocho de sus colaboradores más cercanos que podría acarrearles hasta 10 años más de prisión. Poco más de una semana después de las elecciones legislativas, les acusa de la creación y gestión de una red extremista que “tenía como fin desacreditar a las autoridades rusas” e “incitar sentimientos de protesta entre la población” para hacerla creer “en la necesidad de un cambio violento de poder”.
La justicia rusa ilegalizó en junio las organizaciones de Navalni al declararlas extremistas, lo que decretaba su disolución e inhabilitaba a sus miembros para participar como candidatos independientes en futuras elecciones, como las celebradas el pasado 19 de septiembre. Ahora, el siguiente paso ha sido llevar ante la justicia a sus cabezas visibles. Además de Navalni, también se enfrentan a los mismos cargos tanto el jefe de su oficina, Leonid Volkov, como Iván Zhdánov, exdirector de la Fundación Anticorrupción (FBK), su departamento de investigación.
Ambos abandonaron el país este año ante la creciente posibilidad de ser detenidos. No así Navalni, que cumple actualmente una condena de dos años y ocho meses en una colonia penal por haber violado el régimen de libertad condicional por una sentencia por fraude durante su atención médica en Berlín, adonde fue trasladado en coma en agosto del pasado año tras ser envenenado en Siberia. El activista fue detenido nada más volver a Moscú el 17 de enero, y un tribunal cambió la condena a pena de cárcel firme por el caso Yves Rocher, un juicio que la Corte Europea de Derechos Humanos ha exigido anular en reiteradas ocasiones porque el acusado no recibió un juicio imparcial. “Todos se preguntaban si le sacarían de la cárcel después de las elecciones. Bueno, esta es la respuesta. Una semana después de los comicios, un nuevo caso penal”, denunció a través de Twitter la portavoz de la Fundación Anticorrupción, Kira Yarmish.
Además de Zhdánov y Volkov, en la lista del Comité de Investigación también figuran otros seis colaboradores de Navalni a los que se acusa de haber participado en organizaciones extremistas. Entre ellos, la abogada y número dos del activista, Liubov Sobol, que fue condenada en agosto a año y medio de libertad vigilada por haber participado en las protestas por el arresto de Navalni; y uno de los cámaras de la Fundación Anticorrupción, Pável Zelenski, que recibió anteriormente otra pena de dos años de cárcel porque, según la acusación, incitó a actividades extremistas en internet.
Largo período
La apertura de este proceso penal se basa en un dilatado período de tiempo, desde 2014 a 2021. Su plataforma publicó en estos años una serie de investigaciones, como el patrimonio del ex primer ministro Dmitri Medvédev y el supuesto palacio de Vladímir Putin en las aguas del Mar Negro. Aquel reportaje, que estimaba que el coste de la construcción superaba los 1.000 millones de euros y en ella estaban implicados varios empresarios cercanos al presidente, fue publicado días después de la detención de Navalni y reforzó las protestas en las calles. El líder ruso, que no solía comentar ninguna de las publicaciones de Navalni, tildó aquella acusación de “montaje” para “lavar el cerebro de la ciudadanía”, y advirtió de que las protestas eran “peligrosas” para el país. Las manifestaciones surgidas entonces se saldaron con miles de arrestos.
Según el Comité de Investigación, la Fundación Anticorrupción y sus otras plataformas se han servido todos estos años de sus canales de Instagram, Twitter, Youtube y Telegram para difundir material considerado delictivo. Las presiones del Gobierno han llevado a estas plataformas a bloquear algunas de las iniciativas de Navalni, como el llamado “voto inteligente”.
Por otra parte, el organismo fiscal también apunta a que la red del opositor tenía como objetivo “desestabilizar la situación en las regiones” y para ello fundó delegaciones en 37 entidades regionales rusas donde “realizaron actos públicos no coordinados (con las autoridades) para instar a emprender actividades extremistas y terroristas”. Según el Comité de Investigación esta ha sido su misión todos estos años, pues Navalni “fundó en 2014 la Fundación Anticorrupción para subvertir el orden constitucional”.
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