El exconsejero jurídico Julio Scherer y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en una imagen de archivo.Galo Cañas/CUARTOSCURO
Una guerra sin fin. La decisión de un juez este jueves de tumbar el caso contra tres abogados y un asesor financiero cercanos a Julio Scherer ha desatado un nuevo capítulo de acusaciones. El tribunal federal desestimó la imputación que sostenía que los cuatro habían operado un esquema en que ofrecían, a cambio de dinero, beneficios judiciales garantizados por estar coludidos con el exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado al juez de defender a Scherer y ha anunciado que le investigará por lo sucedido en la audiencia. Mientras que los litigantes, que habían sido denunciados por extorsión por parte de Juan Collado —en la cárcel desde 2019—, han asegurado que pedirán la destitución del fiscal general, Alejandro Gertz. Al procurador le reprochan que utilice la estructura del poder judicial para perseguir sus causas personales.
Lejos de ser un punto final, el fallo judicial de este jueves ha despertado el enojo de la Fiscalía, que publicó un comunicado en que califica la resolución de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna como ilegal. “Dicho juez descalificó y agredió groseramente a la Representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba”, señaló la FGR. El organismo, encabezado por Gertz, acusó al tribunal de tener una “parcialidad insostenible” y de dedicarse “prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio S”, en referencia al exconsejero.
En su fallo, Delgadillo Padierna señaló que la acusación se trataba de “una imputación ficticia” y “una venganza”. El magistrado dijo una frase que quedó grabada en los oídos de todos los presentes: “La Fiscalía se ha conducido con mala fe y mala intención, si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”. Esas palabras fueron celebradas por la defensa, que desde el primer día había dicho que la causa no era más que una venganza personal del procurador general contra Scherer.
Los tiempos ayudan a entender el trasfondo del caso. El fiscal general de México y el exconsejero tuvieron una buena relación hasta septiembre del año pasado, cuando rompieron tras una publicación sobre una lujosa casa del procurador en la revista Proceso, propiedad de la familia Scherer. En octubre de 2021, el abogado Juan Collado, en prisión por delitos de extorsión y lavado de dinero, presentó una denuncia con el objetivo de acceder a un criterio de oportunidad que beneficiara su situación judicial. La denuncia detallaba una trama orquestada desde las más altas esferas del poder: sostenía que un grupo de abogados cercanos a Scherer le pidieron hasta 2.000 millones de pesos —unos 97,8 millones de dólares— para tramitar su salida de prisión. Scherer devolvió la ofensiva en abril con una denuncia contra Gertz por tráfico de influencias, y sus abogados cercanos denunciaron a Collado por falsedad en su testimonio.
Manuel Granados, el fiscal que llevó adelante la acusación, ha dicho este viernes en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que las fuertes palabras del juez Delgadillo Padierna no correspondían “a la figura de un juzgador”. “Los jueces no están para faltarle el respeto a las partes”, ha reclamado. El ministerio público ha asegurado que nunca actuaron “bajo ningún aspecto de venganza” y que solo investigaron los hechos. “No somos una fábrica de culpables”. El comunicado de la FGR apuntó además contra uno de los abogados de la defensa por haber anticipado el derrumbe del caso. “Afirmó públicamente: ‘Se va a acabar esta venganza’. Poco después, el juez coincidió y calificó la imputación de ‘venganza’, sin que hubiera prueba alguna”. Además la Procuraduría le acusó de haber conseguido un cargo público en el pasado con el apoyo de Scherer.
Una de las cosas que reclamó el juez en la audiencia fue que, si el supuesto esquema estaba articulado alrededor de Scherer, este no fuera llamado a declarar o a defenderse. Granados ha explicado que la investigación no brindó las pruebas suficientes para sentarlo en el banquillo de momento, aunque sostuvo que sí había elementos para vincular a proceso a las cuatro personas del entorno del exconsejero. Para el tribunal, la ausencia de quien fuera la mano derecha del presidente podía ser considerada una violación al derecho humano de la defensa y de la presunción de inocencia. Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá investigar si hubo violaciones o no.
La pelea entre los pesos pesados seguirá en vilo. La FGR ha anunciado que apelará la decisión, además de abrir una carpeta de investigación contra Delgadillo Padierna. Los abogados ligados al exconsejero también preparan el contraataque. “Acudiremos al Senado para pedir la destitución del fiscal”, ha dicho uno de ellos, César Omar González, a este periódico. Además llevarán la causa ante la Relatoría de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Son medidas cautelares para frenar los embates del fiscal general”, ha asegurado González.
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