Cuando María Pérez —nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato― se quedó embarazada en 2019, no podía imaginar que, en pleno siglo XXI y estando empleada en instituciones públicas, su situación podía generarle dos casos casi seguidos de discriminación por razón de sexo, debido a su estado de gestación. En 2020, una jueza reconoció que cuando el presidente del Consejo Audiovisual, del que ella era secretaria, la despidió, justo al enterarse de su embarazo, lo hizo de manera improcedente. En enero de este año, otro juez ha obligado a la Consejería de Empleo, donde entró a trabajar tras abandonar el Consejo Audiovisual, a pagarle el plus de productividad que le correspondía al estar de baja por riesgo de aborto y que la Junta de Andalucía le había denegado por considerarlo una enfermedad común. El magistrado sostiene que esa argumentación “constituye discriminación directa por razón de sexo” y “consagra una discriminación por razón de maternidad”.
“Resulta incomprensible y de vergüenza que personas que no creen en la igualdad estén en cargos tan importantes y que decidan directamente sobre los derechos de los funcionarios”, se lamenta Pérez. Desde que la despidieron el 3 de febrero de 2019 hasta hoy, ella ha perseverado en su empeño por desactivar las consecuencias de los efectos perversos e injustos de unas decisiones cargadas de “machismo”, como ella reconoce. Por eso, nunca la ha amilanado enfrentarse contra la maquinaria de la Administración que suele aplastar los recursos que se interponen ante ella. Ganó el primer recurso contra su cese, como avanzó este diario, y casi un año después lo ha vuelto a hacer en un más difícil todavía, ya que en el caso de los impagos por el complemento de productividad ella asumió su propia defensa contra la Consejería de Empleo. Algo de lo que presume.
Productividad
Pérez, funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, fue destinada a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (CEFTA) inmediatamente después de ser despedida por el presidente del Consejo Audiovisual, justo a los 15 días de haberle comunicado que se había dado de baja el 2 de diciembre de 2019 por un embarazo de riesgo. Ella siguió de baja por “amenaza de aborto” hasta que nació su bebé, el 8 de julio de 2020. En esos meses, a la preocupación por la evolución de su gestación y a la preparación del proceso por su despido improcedente, tuvo que añadir la sorpresa de constatar que en su nómina de junio no se incluía la productividad del primer cuatrimestre.
Ella reclamó el cobro ante la CEFTA y volvió a hacerlo cuando tampoco le fueron abonados los complementos del segundo y tercer cuatrimestre. Desde la Administración le respondieron que “a los efectos del abono del complemento de productividad no se contemplan los supuestos de incapacidad temporal por contingencias comunes”. Ella no se conformó con el argumento y, siguiendo el ejemplo de un caso similar que había conocido por la prensa, decidió elevar su queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz en septiembre de 2020. Este organismo, hasta en dos ocasiones, resolvió a favor de que a Pérez se le reconociera el derecho al abono completo de productividad, dado que la negativa “afecta al derecho fundamental de la interesada a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo”.
El Defensor del Pueblo recordaba además el compromiso que en 2018 había asumido la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta para reconocer a “las empleadas públicas en situación de interrupción temporal durante el estado de gestación o lactancia el derecho a la percepción del complemento de productividad” en todas las consejerías.
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Suscríbete“Discriminación directa por sexo”
La funcionaria decidió entonces recurrir a la vía judicial y el 5 de mayo de 2021 interpuso recurso contencioso-administrativo contra la consejería. Se defendió a sí misma y ganó. En la sentencia firme del pasado 12 de enero, el juez ordena a la Junta de Andalucía que le abone la productividad correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020 —ya que los plazos para reclamar los anteriores habían vencido cuando acudió a los tribunales― en los que permaneció en situación de baja por “riesgo por embarazo”. El magistrado sostiene que “mantener la consideración de incapacidad temporal por contingencia común y no reconocer el derecho al abono del complemento de productividad” por parte de la Consejería de Empleo “constituye una discriminación directa por razón de sexo” e insiste en que las razones dadas por la Junta para no conceder el complemento “son contrarias a la indemnidad que establecen las leyes para estas situaciones y supone consagrar una discriminación por razón de la maternidad”.
El juez, además, reprocha, recordando la advertencia del Defensor del Pueblo, que la Junta ya había reconocido ante este organismo la obligación completa del pago de este complemento para los casos de baja por maternidad y que, sin embargo, en esta ocasión había vuelto a “incidir, implícitamente, en que la causa de denegación es que el parte inicial de baja era por enfermedad común”. “Esto evidencia el machismo existente porque, aunque haya un compromiso expreso de la Junta de Andalucía con el Defensor del Pueblo y dos informes con sus recomendaciones a fin de evitar la discriminación, aún se hayan escudado en mentiras probadas en el juicio para negarse al pago”, afirma Pérez.
Los razonamientos de esta última sentencia son nuevos para Pérez. La jueza que falló a favor de su demanda por despido improcedente en 2020 se manifestó en términos similares cuando consideró “probada la discriminación en el cese por su correlación temporal con el anuncio de su embarazo”. Entonces, ella también se encontró con un ambiente hostil —desde que se incorporó a su puesto de secretaria los roces con la jefa de Gabinete del presidente del Consejo Audiovisual eran constantes, según se detalla en el fallo de 2020― y remitió una carta a todos los miembros de esa institución denunciando su despido por discriminación.
Hoy su niño tiene año y medio y va contento a la guardería y Pérez ha vuelto a ganar la partida contra la discriminación por parte de la Administración. Pero, igual que ella se inspiró en un supuesto anterior para diseñar la estrategia de su segunda lucha contra un trato injusto y desigual, ahora también quiere servir de ejemplo para otras compañeras. En el último juicio ella describió un caso concreto ante el juez para argumentar que lo que le pasó a ella no es un episodio aislado, aunque en su caso pudiera hablarse de una segunda parte. El magistrado argumentó que no podía entrar a conocer algo que no estaba en la demanda.
Pérez no busca protagonismo, pero si quiere alzar la voz. Pide que se le pague la productividad a las empleadas públicas que hayan estado y estén en su situación sin tener que someterlas a un juicio que ya ha librado ella. “Es la Administración Pública la que hace las leyes, debe cumplirlas y dar el ejemplo”, recuerda. Esta no va a ser su última batalla.
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