La Generalitat forzará a los propietarios de bares, restaurantes, establecimientos comerciales, hoteles o gimnasios de Cataluña a rebajar las rentas que cobran por el alquiler de los locales que ocupan. La reducción de las rentas serán de un máximo del 50% para aquellos empresarios que han tenido que cerrar por las medidas aprobadas la semana pasada por el Govern y ese porcentaje se reducirá en función de otros dos supuestos que se han tenido en cuenta: reducción de horas de apertura, como les ha sucedido a los comercios de 24 horas, y reducción de aforo.
El decreto ley que ha llevado el Departamento de Justicia al Consell Executiu era una de las medidas que reivindicaba el Gremio de Restauradores de Barcelona, además de otras organizaciones empresariales, para intentar minimizar el golpe sobre la facturación que ha supuesto el cierre de al menos 15 días acordado la semana pasada. Entiende el Govern que con esa decisión se intenta hacer partícipes de la reducción de los ingresos a dos partes directamente implicadas por la crisis, repartiendo las pérdidas. Los establecimientos de restauración que ofrezcan servicios de comida para llevar se podrán beneficiar igualmente de la medida.
La medida aprobada finalmente evita el uso de la cláusula rebus sic stantibus, tal y como se planteaba inicialmente a través de una modificación del Código Civil, lo que permitiría flexibilizar los contratos asumiendo el nuevo contexto de fuerza mayor abierto por la crisis del coronavirus. El Govern ha optado crear un decreto ley para poner en marcha de forma inmediata la medida, que establece un periodo de un mes para que arrendador y arrendatario se pongan de acuerdo. De no ser posible, los operadores del negocio comercial podrían reclamar la aplicación automática de la reducción fijada por la Generalitat, aunque quedaría abierta la vía judicial.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha considerado la media ideada por el Ejecutivo como “rápida y eficaz” y que evita una cascada de reclamaciones judiciales que podría saturar los juzgados catalanes y con sentencias que llegaran “cuando los negocios ya hubieran bajado la persiana”.
Pese al temor de los operadores de que una medida de este tipo pudiera ser recurrida al entender que se podría entender que se están invadiendo competencias estatales, el Govern defiende que la Generalitat tiene plena competencias en esa materia.
40 millones de ayudas económicas directas
En la reunión del Ejecutivo también se ha aprobado una ayuda de 40 millones de euros ampliables para empresas y trabajadores autónomos de los sectores de la restauración y de la estética y la belleza. Se prevén ayudas de un máximo de 1.500 euros. Asimismo se ha habilitado una línea de financiación de 20 millones de euros a través de créditos del Instituto Catalán de Finanzas y Avalis. Esos préstamos no podrán superar los 15.000 euros por demandante.
Para asumir el incremento de gasto derivado de la crisis sanitaria el Govern ha decidido ampliar el Presupuesto de este año en 420 millones de euros, recursos que proceden de la flexibilización del objetivo de déficit hasta el 0,2%. Esos recursos, integrados en una partida común, se repartirán entre diferentes consejerías a la espera de que el Govern presente en los próximos días un plan de choque.
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