La estrategia catalana para la escolarización en módulos prefabricados, conocidos como “barracones”, tiene adeptos y detractores. Adeptos si el módulo, ya sea provisional o definitivo, tiene la mejor tecnología, es eficiente y responde satisfactoriamente a las necesidades educativas; detractores, si la provisionalidad se alarga en instalaciones que no están preparadas para acoger una creciente demanda, a la espera de la construcción de un centro nuevo.
La Generalitat tiene el compromiso de retirar progresivamente hasta 2026 una lista de 700 módulos que dan respuesta transitoria a un aumento de alumnos en una zona concreta mientras no se trasladan a un centro permanente. Pero por otro lado tiene que seguir ampliando la capacidad de instalaciones necesarias, especialmente en Barcelona donde la presión urbanística es alta. En este sentido, el Consorcio de Educación de Barcelona, participado por la Generalitat y el Ayuntamiento, ha desembolsado dos partidas que suman 641 millones para adjudicar las ampliaciones y construcciones que se tengan que hacer en los próximos cuatro años.
Las dos partidas constan como las más altas en los servicios licitados entre enero y septiembre registrados en la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña. La primera, de poco más de 412,9 millones, corresponde al acuerdo marco de homologación para las tareas relacionadas con módulos de alquiler con opción a compra, y la segunda, de casi 228,2 millones, es el acuerdo de homologación para instalaciones de compra. El Consorcio de Educación de Barcelona abre un concurso cada cuatro años (dos fijos y dos de prórroga) para homologar las empresas que, en ese periodo, construirán nuevos módulos o harán ampliaciones. Y si se adjudica a una empresa la construcción de una nueva escuela en módulos, que normalmente se van ampliando según los alumnos van pasando de curso, esta constructora será la responsable de las ampliaciones mientras sea necesario, superando si hace falta los cuatro años del acuerdo marco de homologación. Las empresas homologadas son Algeco Construcciones Modulares y Dragados.
“El importe es elevado porque garantizamos que quien empieza la instalación la termina. Por lo tanto se trata de una previsión de lo que costará no solo en cuatro años, sino en lo que duren las ampliaciones que se tengan que ir haciendo, es decir, unos diez años”, explica Toni García, director de equipamientos educativos del Consorcio. El pastel, pues, es grande, y eso explica que estas licitaciones hayan sido impugnadas por una tercera empresa que no ha sido homologada, aunque García cree que se trata de un trámite administrativo que se resolverá en las próximas semanas. “Tener un marco por un periodo de tiempo largo nos ayuda para poder dar respuesta rápidamente a necesidades sobre el territorio. Además, son módulos garantizados a 40 años, con lo que el mantenimiento también es ágil, y se pueden trasladar según las necesidades”, explica.
En el 75% de los casos en los que los módulos son provisionales a la espera de pasar a un centro definitivo, el Consorcio explica que ya tiene el solar y los permisos para construir. “Pero mientras tanto seguimos dando servicio gracias a los módulos. Cuando ya no sean necesarios para una escuela, se pueden trasladar a otro sitio que lo necesite”, destaca.
En Barcelona hay 11 centros escolares que desarrollan su actividad completa en módulos prefabricados. Un centro completo en módulos cuesta siete millones de euros. Los más antiguos, de 2016, son las escuelas 30 Passos, en La Sagrera, Flor de Maig, en Poblenou y la escuela Entença, que provisionalmente está en el recinto de la Escuela Industrial a la espera de su traslado al espacio que se creará en la antigua prisión Modelo. De estos 11 centros, siete tienen previstas ampliaciones.
Uno de ellos es la escuela Auditori, en el Poblenou, que empezó en 2018 con P3 y ha ido creciendo a medida que los alumnos pasaban de curso: ahora tienen 200 niños, desde P3 hasta primero de Primaria. Este centro tenía que estar provisionalmente en módulos, pero su buen funcionamiento ha llevado a la decisión de dejarlo definitivamente. Su directora, Eva Martín, lamenta que se use el término “barracones” peyorativamente. “Para nosotros ha sido una oportunidad, porque con los arquitectos establecemos un diálogo entre el proyecto educativo y la construcción, nos permite ser muy flexibles en los espacios, y los adecuamos a los alumnos”, explica al lado de una ventana baja, que en una escuela de obra estaría a una altura de adulto. “Las familias al principio pueden tener dudas, sin embargo luego lo ven, y siempre tenemos lista de espera”, detalla. El centro tiene espacios como talleres de creación, de tecnología, y espacios sensoriales.
En el otro lado de la balanza están los centros en barracones que no cumplen con las necesidades y llevan años de forma provisional, como lo está el instituto Arraona, de Sabadell, cuyo edificio definitivo estará listo en 2023, y lleva ocho años esperando, con un crecimiento demográfico que pone presión a las instalaciones.
300 módulos de los 1.006 actuales permanecerán
La irrupción de los barracones llegó con la crisis financiera y el aumento de la inmigración. En 2003 había 527 módulos en el conjunto de Cataluña, y en 2009 se llegó al máximo, 1.063. La lista ha bajado muy lentamente, y actualmente hay 1.006. El Departamento de Educación prevé retirar 700, “los que ocupan un espacio que debería ocupar un centro de obra”, señala un portavoz, pero dejar 300 “que son necesarios para dar respuesta temporal a necesidades de escolarización”. El departamento calculó que se necesitarían casi 600 millones para poder retirar estos módulos. Para este curso, la Generalitat ha invertido 76,7 millones.
Las asociaciones de familias creen que falta transparencia. “Cuesta mucho más alquilar barracones que construir escuelas. No parece la mejor opción, y luego está el tiempo que tarda en hacerse el traslado al centro nuevo”, dice Lidón Gasull, de Affac, la federación de asociaciones, que pide más inversión, aunque admite que algunos módulos están en mejor estado que muchos centros de obra.
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