El Gobierno catalán cambia de criterio y finalmente apoyará, de manera directa y a cuenta de un fondo de 10 millones de euros, a los 34 ex altos cargos de la Generalitat que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas por supuestamente malversar dinero en la promoción internacional de la independencia de Cataluña. El consejero de Economía, Jaume Giró, ha anunciado este miércoles que rectifica después de que los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) hayan pedido activar el mecanismo del aval directo tras haber fracasado en el intento de encontrar un banco que ofreciera esa garantía.
Más información
“He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos”, ha asegurado el consejero. Giró ha explicado el nuevo plan durante la sesión de control al Govern en el Parlamento catalán, justamente el mismo día en que vence el plazo para poder consignar la fianza colectiva de 5,4 millones ante el órgano fiscalizador.
El discurso del consejero, el pasado martes, fue completamente distinto. Tras la reunión semanal del Govern, Giró rechazó usar la vía del aval directo para proteger a los servidores públicos, “teniendo en cuenta los precedentes vividos en el país [en referencia a la comunidad autónoma], provocaría angustia y miedo”, explicó, en alusión a posibles consecuencias penales. El titular de Economía sí descartó cualquier presión del Banco de España hacia las entidades financieras para que no participaran del mecanismo o que la cúpula del ICF (que gestiona temporalmente el fondo) se haya negado a dar el aval. El secretario de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, sí dijo que había presiones, sin especificar.
Varios de los ex altos cargos ya habían optado por aportar su patrimonio como garantía y la nueva decisión de la Generalitat implicaría que los bienes queden liberados de la carga. Eso sí, los ojos ahora están sobre el Tribunal de Cuentas, que debe decir si acepta o no el aval firmado por el ICF, que es una entidad que se dedica a dar crédito a pymes, pero no es oficialmente un banco.
Inicialmente, el mecanismo diseñado por la Generalitat era un sistema de avales y contraavales y pretendía que fuera un banco el que diera la garantía a los encausados. Si finalmente había una sentencia condenatoria en última instancia, se tenía que devolver todo el dinero con intereses y cargos de gestión, con lo cual no se perdían fondos públicos. Ninguna entidad financiera quiso participar, al no tener clara la legalidad del decreto ley.
Con todo, el fondo sobre las fianzas ha pasado prácticamente desapercibido en la sesión de control a Pere Aragonès. La oposición ha interpelado al presidente sobre la candidatura de los Juegos de Invierno 2030 (Partido Popular); sobre la explosión de la quinta ola de la covid (En Comú Podem); sobre TV3 o el incendio en el Cap de Creus, que ha calcinado 400 hectáreas. Solo Carlos Carrizosa, presidente del grupo de Ciudadanos, se ha referido al asunto en su intervención sobre ese fuego y ha instado a que el Govern invierta el dinero en sofocar las llamas y no en cubrir las fianzas.
“Le pido que, con la misma rapidez que se han inventado un fondo [para avalar a los ex altos cargos], creen un fondo de rescate para las zonas afectadas. Dediquen el dinero público que les sobra para pagar a malversadores a eso”, ha afirmado el diputado, que ha añadido: “Me causa vergüenza que el conseller de Economía haya anunciado gozoso que haya funcionarios de ICF que llamaremos Institut Català de Fiances [fianzas en lugar de finanzas] dispuestos a jugarse el tipo por supuestos oprimidos”.
Source link