La Generalitat ha sancionado con sendas multas de 4.000 euros a dos participantes en la marcha del partido de ultraderecha España 2000 el pasado 12 de octubre en Valencia por exhibir banderas franquistas en la vía pública. Es la primera vez que la Generalitat impone sanciones por este tipo de hechos, al incumplirse la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas, lo que se considera una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática valenciana.
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La sanción llega tras un proceso en que las personas multadas han alegado que dichos actos “no son constitutivos de infracción”, así como que la bandera con el águila de San Juan no es “ni preconstitucional ni anticonstitucional”. No obstante, la resolución concluye que el escudo que exhiben es el franquista, que estuvo en vigor entre 1938 y 1977, por lo que es “contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas”, de acuerdo con la ley de la Generalitat. Contra la sanción cabe recurso de alzada y esta resolución no pone fin a la vía administrativa.
“Aplicamos la ley porque se vulneraron los artículos 39 y 40. No están permitidos los actos de exaltación y enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas” en la vía pública, ha explicado a este periódico Rosa Pérez, consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat valenciana. “Hemos podido certificar y comprobar que hubo una exhibición de símbolos franquistas, contrarios a la memoria democrática y hemos aplicado el régimen sancionador para que no quede impune. Y vamos a actuar así ante posibles manifestaciones de este tipo. Por eso pedimos la colaboración de todas las instituciones y que siempre se identifiquen a los participantes que exhiben estos símbolos”, añade la consejera, coordinadora general de Esquerra Unida en la Comunidad Valenciana, integrante de Unides Podem. Pérez apunta que no conoce una sanción igual por los mismos hechos en España.
Así, la resolución justifica los 4.000 euros de sanción (la ley contempla entre 2.001 y 10.000 euros), ya que la Generalitat debe “evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron la sublevación militar y la dictadura”.
“En este caso, la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista, y, por tanto, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos”, indica la resolución.
De igual manera, la exhibición en el transcurso de la manifestación de símbolos franquistas, considera que “comporta además una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista”.
Esto “añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública, circunstancia que por aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones necesariamente debe operar como agravante de la sanción y en aras a la prevención de futuras conductas de igual contenido”.
Un redactor de este periódico estuvo presente en la manifestación del 12 de octubre donde se exhibieron símbolos franquistas y alguno nazi y se profirieron cánticos fascistas. Algunos manifestantes también respondieron con el saludo nazi a las protestas y caceroladas que les dedicaban muchos vecinos del barrio desde los balcones. Los participantes sumaban en torno a un centenar y medio.
Con motivo de la marcha, la Policía Nacional detuvo a tres hombres acusados de agredir presuntamente a varios agentes. Los arrestados forman parte de las concentraciones de protesta antifascista contra la marcha ultra y por un barrio “libre de odio”.
Estas sanciones se conocen tres días después de que se hiciera público el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Memoria Democrática, que avala en líneas generales el anteproyecto del Gobierno, aunque cuestiona algunos de sus aspectos clave, como la ilegalización de las fundaciones franquistas.
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