El Gobierno está preocupado por la gestión que puedan hacer las comunidades de los fondos europeos. De los 70.000 millones que tocan a España en ayudas, este año el Ejecutivo espera comprometer unos 34.600 millones, de los cuales el 54% lo tendrán que gastar las autonomías. Y si una región no consigue ejecutar los recursos que tenga asignados, entonces pondría en riesgo los objetivos nacionales y Bruselas podría llegar hasta el extremo de retener desembolsos para el conjunto del país. Por ese motivo, el Gobierno ha pedido a las comunidades que adopten una nueva normativa para agilizar sus procedimientos de gasto.
El Gobierno enviará a la UE un plan de inversiones y reformas para poder gastar los fondos. Y Bruselas hará un exigente examen dos veces al año de los objetivos e hitos comprometidos en ese plan. Basta con que una comunidad no consiga ejecutar a tiempo sus partidas asignadas para que eso afecte a la evaluación que haga Bruselas de todo el plan. Y ello significaría que podría perjudicar a la entrega de fondos para el conjunto del país, ha explicado Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia, en dos foros distintos celebrados en la Fundación Alternativas y en Esade.
El jueves, durante la primera reunión de la conferencia sectorial para coordinar los fondos europeos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó a los consejeros autonómicos que el sistema no solo se basaba en la cogobernanza, también en la corresponsabilidad: “El beneficiario es el conjunto del Estado y hay que alcanzar unos objetivos generales, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las Administraciones públicas”, decía la nota de prensa de su ministerio.
Por esta razón, el Gobierno está animando a las comunidades a que agilicen sus procedimientos de gasto igual que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez con el real decreto ley que aprobó el pasado 31 de diciembre para modernizar la Administración. Ese texto trata de acelerar mucho todos los trámites, los informes preceptivos y la burocracia para que se pueda gastar el maná europeo cuanto antes. Es más: el Gobierno está pidiendo a las autonomías que hagan decretos espejo del suyo.
La estructura con la que se van a gastar los fondos es compleja. Para intentar acelerar la ejecución, el Gobierno ya incluyó en los Presupuestos unos 24.000 millones del mecanismo Next Generation EU. Y más de 2.000 millones del React EU destinados a Sanidad. En total unos 27.000 millones que el Ejecutivo va a adelantar aprovechando el Presupuesto. Y que luego espera recibir de Europa. Su gestión se hará mediante los contratos, subvenciones o convenios que lancen los ministerios en un proceso abierto de concurrencia competitiva.
Sin embargo, no todo será gestionado por los ministerios. Las comunidades tienen competencias en medioambiente, energía, transportes, educación, sanidad, vivienda o agua. Y en esas materias los ministerios transferirán los fondos a través de la conferencia sectorial pertinente. En total, los Presupuestos contemplan unos 10.700 millones en transferencias de fondos europeos a las autonomías. El ministerio de turno suscribirá una especie de convenio marco o reglamento con las comunidades en el que se fijarán los criterios, los objetivos y el reparto del dinero. Y el Gobierno autonómico tendrá que implementar el gasto.
Además, hay 8.000 millones este año y 2.000 millones el siguiente del fondo React EU, que las comunidades podrán solicitar y de cuyo reparto informó Hacienda a los consejeros autonómicos en diciembre. Para conseguir estos recursos, las autonomías tendrán que presentar proyectos que se ajusten a los criterios del React EU, un instrumento que sobre todo se puede usar para sufragar formación de capital de humano.
Es decir, las comunidades tendrán este año unos 18.000 millones para gastar, algo más de la mitad de los fondos.
Según el reglamento de los fondos europeos, la UE irá desembolsando dos veces al año el dinero. Y para que libere los fondos el país tiene que ir cumpliendo con unos hitos y objetivos que demuestren que el dinero se está empleando. Estos son nacionales, y en los casos en los que participen las comunidades el objetivo no será más que la suma de lo que hagan las autonomías. Con más de la mitad de los fondos en sus manos, su capacidad a la hora de ejecutar resultará decisiva. “Si una se retrasa, la que sea, afectará a todos”, dijo De la Rocha.
El primer desembolso llegará en verano
La primera llegada de fondos europeos se retrasa en dos meses hasta junio o julio. Primero el Gobierno enviará el plan de reformas e inversiones antes del 30 de abril, probablemente a principios de febrero. Luego la Comisión tiene dos meses para examinarlo. Y un mes el Ecofin y el Consejo de líderes. Así que, de aprobarse el plan, en junio o julio se ingresaría un anticipo del 13% del total de 70.000 millones.
La UE hace un cálculo del máximo que se puede recibir de los fondos europeos por país. Pero luego los Gobiernos tienen que presentar los planes para lograr gastar ese dinero. Y la Comisión insiste mucho en que se decidan los proyectos tras un proceso consultivo con agentes sociales, sectores, expertos, empresas, y Administraciones regionales y locales.
Las comunidades del PP se quejan de que Moncloa no les está informando mientras sospechan que el resto sí que tiene ya casi pactados sus proyectos. Algunas sostienen que el reparto de los recursos del React EU no ha sido justo. Hacienda contesta que para este instrumento se han usado los mismos criterios que en la UE para distribuir los recursos por países.
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