Argentina sufre una gravísima crisis económica. Pero el debate político, muy áspero, gira en torno a algo todavía más urgente: la falta de vacunas contra la covid. Y, sobre todo, la de Pfizer, que por ahora no llega al país. “Bajen la obsesión que tienen con Pfizer”, rogó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, después de que circularan informaciones (luego desmentidas) según las cuales el Gobierno argentino se había negado a que el fondo solidario Covax le proporcionara dosis del inmunizante estadounidense. Algo parece fuera de toda duda: Argentina pecó de optimismo y cometió errores graves en su campaña para comprar vacunas.
Hay que remontarse casi al principio de la pandemia para hilvanar la cadena de despropósitos. En julio de 2020, cuando Argentina llevaba ya casi cuatro meses en uno de los confinamientos más prolongados del planeta, el presidente Alberto Fernández anunció que la mayor compañía farmacéutica, Pfizer, iba a realizar en el país uno de sus testeos clínicos. Miles de argentinos se someterían a una vacuna experimental y, a cambio, Argentina dispondría de un trato preferente (en precios y prioridad de envíos) cuando el producto estuviera listo. Las relaciones entre Alberto Fernández y los dirigentes de Pfizer eran óptimas. Pfizer fue la primera vacuna autorizada por las autoridades sanitarias argentinas.
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En agosto, sin embargo, se dio a conocer una iniciativa de AstraZeneca: la empresa británica había alcanzado un acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim y el empresario argentino Hugo Sigman para fabricar al menos 150 millones de dosis destinadas a Latinoamérica. Un laboratorio del grupo empresarial de Sigman, mAbxience, produciría el principio activo cerca de Buenos Aires y otro laboratorio en México, Liomont, lo dosificaría y envasaría. Las prioridades cambiaron en la Casa Rosada. Se apostó a fondo por AstraZeneca.
“En ese momento confiábamos en que iban a cumplirse los compromisos”, admitió el miércoles un portavoz gubernamental. Y los compromisos no se cumplieron. mAbxcience produjo el principio activo y lo envió a México, pero allí, por falta de materiales auxiliares (Estados Unidos prohibió su exportación) y por complicaciones administrativas, el proceso quedó frenado. Las primeras dosis de la AstraZeneca “latinoamericana” aún no se han comercializado. Solo han llegado a Argentina las envasadas en Estados Unidos y las fabricadas en India.
Paralelamente, encallaron las negociaciones de compra con Pfizer. Hubo dos obstáculos: el Gobierno de Buenos Aires se negó a pagar la distribución por parte de DHL (la compañía a la que Pfizer otorgó la exclusiva para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío) y Pfizer se negó a aceptar la posibilidad de sufrir demandas por “negligencia”, conforme establecía el decreto de urgencia posteriormente retocado y aprobado como ley por el Parlamento argentino. El punto de las posibles indemnizaciones, que en muchos otros países se dejó de lado, supuso la ruptura definitiva.
En los meses siguientes, diputados oficialistas ofrecieron explicaciones extrañas o directamente delirantes. Se llegó a decir que Pfizer había exigido glaciares como garantía. Hace solo una semana, el presidente Alberto Fernández declaró que algunas condiciones planteadas por la farmacéutica le ponían “en una situación muy violenta y comprometían al país”. No dio más detalles.
Además de por las compras bilaterales, Argentina podía acceder a vacunas a través de Covax, un fondo patrocinado por la Organización Mundial de la Salud destinado a distribuir internacionalmente los inmunizantes de la forma más equitativa posible. En febrero de este año, cuando aún se confiaba en la pronta llegada de los millones de dosis de AstraZeneca, un representante del Gobierno explicó que había solicitado a Covax la mínima cantidad posible. Podía encargar casi 50 millones de dosis (las necesarias para vacunar con el doble pinchazo a la mitad de la población), pero pidió nueve millones, el mínimo para acceder al fondo. “Optar por el piso mínimo fue una elección inteligente” y “oportuna” por “su relación coste-beneficio”, dijo ante la Cámara de Diputados, por vía telemática, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo.
Pocos días después, también en febrero pasado, estalló el escándalo de los “vacunatorios VIP”. Centenares de personas, entre ellos políticos, empresarios y periodistas vinculados al peronismo y el kirchnerismo, habían recibido la inyección fuera de turno y, en algunos casos, en la propia sede del Ministerio de Salud, junto al despacho del ministro. El ministro, Ginés González García, se vio obligado a dimitir. Los “vacunatorios VIP” quedaron adheridos como una lacra a la imagen gubernamental.
La escasez de vacunas se ha convertido en Argentina, como en otros lugares, en un problema crónico. A 2 de junio de 2021, según datos oficiales, menos de tres millones de personas, dentro de una población de más de 45 millones, han recibido las dos dosis. Y las vacunas en uso configuran un espectro ideológico peculiar: son, además de la británica AstraZeneca (por su presunta condición “latinoamericana”), rusas y chinas. Ahora se negocia la posible compra de vacunas cubanas. No hay productos estadounidenses.
El martes se levantó un escándalo después de que el delegado del Fondo Covax para Latinoamérica, Santiago Cornejo, dijera que Argentina le había pedido que no incluyera vacunas de Pfizer en sus envíos. Luego tanto Cornejo como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aclararon que eso se debía al problema legal con Pfizer (el supuesto de “negligencia”) y que la petición no reducía el número de dosis, de otros fabricantes, que iba a recibir el país. Vizzotti recordó asimismo que su Gobierno sigue negociando con Pfizer.
Las vacunas centran el debate político prácticamente cada día. Una semana atrás, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una figura señera de la oposición macrista, acusó al presidente Alberto Fernández y al exministro de Sanidad, Ginés González García, de no comprar el producto de Pfizer porque la compañía se negó a pagar sobornos. Cuando Fernández y González anunciaron querellas y demandas, Bullrich insistió, sin ninguna prueba, en sus afirmaciones. Las vacunas, se diga la barbaridad que se diga, son el flanco más débil de un Gobierno cuya popularidad se encuentra bajo mínimos.
Tras saltar el breve escándalo de Covax, el exministro González García explicó que el precio de las vacunas había sido un elemento fundamental a la hora de elegir. “Entre una que cuesta 20 dólares [en referencia a Pfizer] y otra que cuesta cuatro [en referencia a la rusa Sputnik], la cosa está clara”, dijo. Pero en algunos envíos la dosis de Sputnik ha llegado a pagarse a 22 dólares.
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