La Guardia Civil de Alicante se niega a facilitar información de cualquier tipo al equipo que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) tiene desplegado en la provincia en el marco de sus operaciones conjuntas contra la inmigración irregular. Así lo ha hecho constar a todas las unidades de la comandancia de Alicante el teniente coronel Francisco Poyato Sevillano en un oficio al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fuentes del instituto armado confirman la veracidad de esta instrucción, pero la achacan a que unos agentes al servicio de la agencia intentaron recabar información directa sin pasar por los canales oficiales y eludiendo el procedimiento establecido de acceso a datos.
En la circular, el alto mando de la comandancia alicantina se dirige a todas las compañías y unidades a su cargo. “Esta jefatura”, indica, “ha tenido conocimiento de que en la provincia de Alicante existe un equipo desplegado de Frontex compuesto por personal de Policía Nacional”. “Cabe la posibilidad”, continúa Poyato, “de que este equipo pueda dirigirse directamente a alguna de las unidades de esta comandancia solicitando algún tipo de información sobre inmigración irregular, o cualquier otro tipo”. Ante esa eventualidad, prosigue el teniente coronel, “no se accederá en ningún caso a dicha solicitud, debiendo contestarle que no se dispone de autorización para dar ninguna clase de información”. La instrucción señala que cada petición de información será comunicada a la jefatura, la unidad de Operaciones a cuyo frente está Poyato. La circular está firmada y validada el pasado 2 de julio.
Los rifirrafes entre el personal que trabaja para Frontex y la Guardia Civil no son raros. Suceden a nivel operativo, como en este caso, pero también en los despachos. El pulso constante es un reflejo de las relaciones entre el instituto armado y la Policía Nacional, de donde salen los agentes españoles que sirven a la agencia. Pero es también una muestra de la desconfianza ante un organismo que tiene presupuestados 5.600 millones de euros para los próximos siete años y que busca cada vez más poder.
Fuentes oficiales de la Guardia Civil aseguran que el “detonante” que motivó esta orden fue “una llamada” en la que agentes de la Policía Nacional al servicio de Frontex “pidieron datos que no se pueden facilitar por no estar autorizados”. El equipo de Frontex en Alicante, destino de la ruta migratoria desde Argelia, es parte de la Operación Índalo, una de las tres operaciones de la agencia en España que controla la inmigración irregular a través del Estrecho y el mar Alborán. En esta misión, en teoría, la agencia trabaja conjuntamente con la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el marco de esta operación, explican las mismas fuentes, “hay una base de datos en la que los integrantes de ambos cuerpos graban toda la información” recabada, y la llamada de los agentes policiales que trabajan para la agencia se saltó este procedimiento. Después, añaden, tuvo lugar una reunión “en la que se les explicó que el acceso a información se tiene que gestionar a través del centro de control” de Madrid.
Más información
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), se trata de una muestra más del “recelo” y la “falta de colaboración y cooperación” entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A juicio de AUGC, es “perentoria” la “necesidad de reformar el modelo policial” con el fin de “sincronizar y homogeneizar la cooperación”.
A principios de este año, Frontex amagó con retirarse de España tras una tensa negociación sobre los términos en los que se renovarían las tres operaciones en las que trabajan cerca de 200 oficiales a sueldo de la agencia. Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia, las investigaciones y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, algo que los negociadores españoles no ven con buenos ojos. Las fuerzas de seguridad españolas, especialmente la Guardia Civil, no quieren ceder espacios de su competencia y existen recelos acerca de la operatividad, la capacidad y eficiencia de los oficiales la agencia. La pugna se saldó con la aceptación por parte de España de la propuesta de Frontex, pero las tensiones se mantienen.
La agencia, además, afronta la peor crisis reputacional desde que se creó en 2004. A las críticas que lleva años recibiendo por su opacidad, se ha sumado en los últimos meses las investigaciones por su supuesta colaboración en devoluciones ilegales de inmigrantes en el mar Egeo. También la amonestación del Tribunal de Cuentas de la UE y del Parlamento Europeo por su ineficacia, por las dudas que genera su función operativa y por la falta de transparencia que envuelve a sus cuentas.
Source link