La Iglesia católica española ha dado en las últimas semanas pasos significativos que implican una rectificación en su postura sobre los casos de pederastia en su seno. Ha pasado de negar la naturaleza y la dimensión del problema a reunirse por primera vez con las víctimas, pedir perdón y tomar iniciativas para investigar lo sucedido. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha reconocido que la reacción ha sido lenta y ha pedido disculpas por la falta de sensibilidad y de escucha hacia quienes denunciaron abusos. Todo esto supone un importante giro que sintoniza a la Iglesia española con las exigencias del papa Francisco en el abordaje de este espinoso asunto.
Los frutos de este giro, sin embargo, dependerán de la capacidad que tenga la Conferencia Episcopal para disciplinar a los obispos que hasta ahora se han mostrado recalcitrantes. Se trata de un órgano colegiado sin poder de decisión ejecutiva sobre las diócesis. Cada uno de los obispos tiene plena autoridad y autonomía de gestión en su jurisdicción, lo que hasta ahora se ha revelado como un inmenso obstáculo para que puedan avanzar las investigaciones. La emprendida por este diario ha constatado que hasta una treintena de obispos han encubierto o silenciado casos de abusos. Después de insistir durante años en que eran unos pocos hechos aislados, a principios de marzo la Iglesia reconoció 506 diligencias por pederastia en 80 años. En ese momento, la investigación de este diario ya recogía 611 casos. En todo este tiempo, ni se ha seguido una política de notificación sistemática de los casos conocidos a la Fiscalía ni se ha investigado por negligencia a los obispos encubridores.
Estos antecedentes pesan como una losa sobre la principal medida adoptada: el encargo de una auditoria sobre los abusos al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. El hecho de que el consejero delegado de ese bufete esté vinculado al Opus Dei es considerado por la mayor parte de las asociaciones de víctimas como un elemento que pone en cuestión la capacidad de imparcialidad de la comisión. En el vecino Portugal, la Iglesia encargó esta misma tarea al psiquiatra especializado en infancia y adolescencia Pedro Strecht, que atendió a los abusados en el escándalo de la Casa Pía. Los primeros pasos del bufete Cremades para recabar datos tampoco han sido considerados adecuados por parte de las víctimas. Sin una clara voluntad de transparencia de todos los obispos y sin la colaboración de las víctimas, difícilmente podrá esta comisión cumplir el objetivo de esclarecer la verdad.
La auditoría que promueve Cremades trabajará en paralelo a la comisión que tiene que crear el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, por encargo del Congreso de los Diputados. La iniciativa recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, por lo que cuenta con el respaldo de una abrumadora mayoría de los representantes de la ciudadanía. Que la Iglesia haya creado su propia auditoría no debería ser excusa para que la Conferencia Episcopal y las diferentes diócesis no colaboren con la comisión que el Defensor del Pueblo está creando. El grado de transparencia y colaboración con el Defensor del Pueblo mostrará la credibilidad de la Iglesia en el propósito de enmienda que proclama.
Fe de erroresEl presidente de la comisión que investiga la pederastia en la Iglesia de Portugal, Pedro Strecht, es psiquiatra especializado en infancia y adolescencia y no abogado como se afirmaba en una versión anterior de este editorial. Él atendió a los menores abusados en el escándalo de la Casa Pía, propiedad del Estado.
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