La Iglesia católica de Nicaragua ha criticado este viernes la falta de garantías democráticas en las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega aspira a lograr su tercer mandato consecutivo. Con los siete aspirantes presidenciales de la oposición encarcelados, el tribunal electoral controlado por Ortega y un proceso plagado de irregularidades, los obispos han advertido al régimen de que “hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores; al contrario se les ha excluido”.
El pronunciamiento de los obispos se da dos semanas después de que Ortega cargara contra ellos en una comparecencia pública en Managua, cuando el presidente los acusó de “terroristas”. Los líderes de la Iglesia son fuertes críticos del régimen y han denunciado violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. Para Ortega, los religiosos participaron en “un intento de golpe de Estado” tras el respaldo de la Iglesia a las manifestaciones que iniciaron en abril de 2018 y que fueron brutalmente reprimidas por el Gobierno.
.“Ellos [los obispos], como que fuesen electos, como que fuesen una autoridad electa, y como que tuviesen derechos, nos leyeron el ultimátum donde nos daban 24 horas para dejar el Gobierno, entregar el Poder Judicial, entregar la Presidencia, entregar el Poder Electoral, entregar la Asamblea Nacional… ¡Entregarlo todo!”, dijo Ortega el 5 de octubre. El mandatario hacía referencia a una carta presentada por los representantes de la Iglesia al Ejecutivo en el marco de las negociaciones que se celebraron en Managua en 2018 para poner fin a la crisis política.
En el comunicado de este viernes, los obispos también critican el encarcelamiento de opositores y la persecución contra la disidencia política, con lo que Ortega ha despejado el camino para una elección sin competencia. “Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado”, afirman los curas.
Desde junio Ortega inicio una brutal represión contra la oposición encarcelando, además de los aspirantes a la presidencia, a activistas, feministas, académicos y empresarios, en una cacería que ha sido criticada tanto por Estados Unidos y la Unión Europea, que han impuesto sanciones a funcionarios del régimen y a los hijos y esposa de Ortega, Rosario Murillo, que es también su vicepresidenta.
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El Gobierno ha mantenido una relación tensa con la Iglesia. En abril de 2018, tras la represión a las protestas y el asesinado de decenas de jóvenes por grupos armados por el régimen, los nicaragüenses se volcaron en una gigantesca marcha convocada los obispos. En los momentos más duros de la represión contra las protestas, varias parroquias fueron sitiadas por la Policía y atacadas por simpatizantes de Ortega.
Los sacerdotes se han expresado contra la represión y las violaciones de derechos humanos y hasta han arriesgado su integridad. En julio pasado, la Conferencia Episcopal hizo pública una carta en la que ha pedido “el respeto al voto del pueblo, para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes” y que también se permitan “las concentraciones libres y se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses”. Además, ha exigido la liberación de las personas detenidas por el régimen, consideradas presos políticos.
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