La Iglesia francesa ha decidido, por fin, encarar su responsabilidad en las décadas de abusos sexuales a menores a manos de personal religioso y laico dentro de la institución. Tras una semana de reuniones en Lourdes, epicentro del catolicismo francés, la Conferencia Episcopal acordó el lunes la venta de parte de su patrimonio para reparar e indemnizar a las víctimas, aunque los delitos hayan prescrito.
La decisión es la respuesta al informe que la propia Iglesia francesa encargó a un equipo dirigido por el alto funcionario Jean-Marc Sauvé y que, después de dos años y medio de investigaciones, se publicó a principios de octubre. Los obispos franceses reaccionan tras décadas de cerrar los ojos ante los crímenes, y años de resistirse a admitir la responsabilidad y a adoptar medidas drásticas.
“Hemos entendido que había que llegar hasta el final en el trabajo sobre la verdad que habíamos iniciado”, dijo en una declaración pública el presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort. “Se cometió un mal, mucho mal se cometió, y debe asumirse”.
El informe Sauvé concluía que, entre 1950 y 2020, un mínimo de 216.000 personas, mayoritariamente hombres, habían sido víctimas de agresiones sexuales cometidas por curas, diáconos, religiosos y religiosas mientras eran menores de edad. La cifra se elevaba a 330.000 si se cuenta al personal laico como docentes en escuelas católicas o monitores de boy scouts.
El informe citaba, entre los países donde en los últimos 15 años la Iglesia afrontó la violencia sexual del clero sobre menores, a Estados Unidos Chile, Australia, Irlanda, Holanda, Alemania, Bélgica y Reino Unido. En España, los obispos y la mayoría de las órdenes religiosas se han resistido a investigar los abusos y han optado por la opacidad.
El informe francés, que incluía 45 recomendaciones, ha tenido el efecto de un electrochoque entre los católicos franceses y en la jerarquía. La Asamblea plenaria de los obispos en Lourdes —una pequeña ciudad en el sur de Francia a la que los creyentes atribuyen una historia de apariciones y milagros— abordó el punto esencial y uno de los más complejos de poner en práctica: las indemnizaciones de las víctimas de unos abusos masivos que, en su mayoría, han prescrito o en los que los agresores han muerto. Y, en una decisión anticipada el viernes, reconoció sin matices el papel colectivo de la institución más allá de la culpa individual de los agresores.
“Se ha franqueado una etapa histórica, hay que reconocerlo”, dijo el viernes, en declaraciones recogidas por el diario Libération, François Devaux, fundador de una de las asociaciones de víctimas que ha contribuido en los últimos años a que la Iglesia asuma su responsabilidad. “Es el inicio de un largo camino, pero todo no está resuelto, sobre todo a la hora de restablecer la confianza”.
En las últimas dos décadas, dos obispos, los de Bayeux y Orleans, han sido condenados por encubrimiento. El cardenal Philippe Barbarin, antiguo arzobispo de Lyon, fue absuelto en 2020 tras ser condenado en primera instancia por no denunciar los abusos cometidos por un cura en su diócesis. El caso, relatado en la película Gracias a dios de François Ozon, fue decisivo para concienciar a muchos fieles y a la sociedad en conjunto del problema e impulsar los cambios que ahora empiezan a concretarse.
Los obispos, dice el documento de Lourdes, “han verificado que estaban de acuerdo en reconocer la responsabilidad institucional de la Iglesia en las violencias que tantas víctimas han sufrido” y “en reconocer la dimensión sistémica de estas violencias”. En este punto, los jerarcas subrayan que las actuaciones de individuos aislados no se explican sin un contexto en el que “los funcionamientos, las mentalidades y las prácticas en la Iglesia católica han permitido que estos actos se perpetúen y han impedido que sean denunciados y sancionados”.
Los obispos añaden que “reconocer esta responsabilidad implica un deber de justicia y de reparación que abre la posibilidad de pedir perdón de verdad”. Para ello, se compromete a una serie de medidas, de las que destacan dos. La primera es la creación de una institución independiente que, bajo la presidencia de la jurista Marie Derain de Vaucresson, atenderá y estudiará las demandas de las víctimas.
La segunda medida es el fondo para indemnizarlas. El uso de donativos de fieles queda excluido, según el obispo Moulins-Beaufort. El dinero deberá proceder de la venta de bienes inmuebles y muebles de la Conferencia Episcopal de sus diócesis, aunque estos son limitados, pues los edificios eclesiásticos anteriores a 1905 —año de aprobación de la ley de separación del Estado y las iglesias— son propiedad del Estado. El comunicado menciona otra vía de financiación: el endeudamiento.
Los obispos crearon el pasado marzo un fondo con una dotación inicial de cinco millones de euros, insuficiente para afrontar las indemnizaciones. El informe Sauvé sugirió que el dinero procediese también del patrimonio de los agresores. También recomendó que la indemnización se calculase no de forma global ni con baremos para distintas categorías de víctimas —si esto fuese posible—, sino caso a caso y de manera individualizada.
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