La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que la independencia judicial y no solo el derecho al voto “es un derecho de todas las personas” y “es un derecho del pueblo”.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, con 3 ministros que la han respaldo: Laynez, Aguilar y Alcántara Carrancá (Foto: SCJN)
Durante el “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura”, la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) advirtió que la independencia judicial es un elemento indispensable para garantizar el funcionamiento de un estado democrático, proteger los derechos humanos de todas las personas y ser un contrapeso en contra de los poderes que amenazan esos derechos.
Piña añadió que en cualquier democracia son atendibles las voces que invocan los resultados de una elección para regular los derechos de una sociedad, pero destacando que estos mismos derechos “merecen ser entendidos como el resultado de la conversación democrática extendida en el tiempo”.
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Por lo anterior, gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad implica entender que no todo es mayorías y minoría y que la democracia no se debe utilizar como un “estado de cosas” que se erija como “un dominio para derrotar o sepultar” los derechos humanos universales y progresivos de todas las personas.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, con la Relatora de la ONU sobre independencia judicial y el representante de ONU-DH en México. (Foto: SCJN)
Agregó que la Constitución “es un sistema de vida” que pretende el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano, por lo que la independencia judicial debe preservarse como patrimonio de nuestro país y de mundo.
Preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo.
En este marco, advirtió que la independencia judicial no es un privilegio de ministros, jueces o magistrados, sino un derecho humano de todas las personas y de los grupos más vulnerables para que todas sean iguales ante la ley y los tribunales encargados de impartir justicia.
Por último, invocando precedentes del sistema de justicia interamericano, advirtió que la remoción arbitraria de jueces, magistrados y ministros vulnera el derecho a la independencia judicial, debilita la separación de los poderes públicos y afecta la calidad de la justicia para los sectores más vulnerables.
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