El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, en una imagen de archivo.Fiscalía N.L.
El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, ha renunciado a su cargo este miércoles. En una carta dirigida al Congreso estatal, el exfuncionario explica que el viernes cumplió 40 años en el servicio público y había decidido jubilarse. Se retira con uno de los grandes casos de violencia de género sin resolver, el asesinato de la joven de 19 años que desapareció el 9 de abril cerca de un motel en la capital del Estado, Monterrey, y cuyo cadáver fue hallado dos semanas después en una cisterna. El caso de Debanhi Escobar se convirtió en un símbolo de la impunidad de los feminicidios en el país y cimbró a una institución que demostró fuertes irregularidades desde el inicio. Este miércoles el máximo responsable deja el puesto, solo cinco días después de que la Fiscalía General de la República atrajera el expediente con escasos avances. No hay un solo detenido por la muerte de la joven.
El que fuera también presidente del Tribunal Supremo de Nuevo León en tres períodos desde 2001 hasta 2015 y fiscal general desde 2018, ha decidido poner fin a su cargo un año y medio antes de lo previsto. El caso Debanhi pudo haber sido uno más en su carrera, de las decenas de mujeres desaparecidas y después encontradas muertas en la entidad. Pero el macabro crimen contra la joven desató un escándalo institucional, no solo por la intensa búsqueda que emprendió el Estado para encontrarla y convertirla en un símbolo de lucha contra la violencia de género —encabezada por el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, presionados por una oleada de indignación feminista— sino por el rosario de fallos de la Fiscalía que truncó cualquier indicio para esclarecer su asesinato. Su primer encontronazo fuerte con el gobernador se dio solo unas semanas después de que se destapara el caso. Y Guerrero fue consciente de que su amplia carrera había tomado otro rumbo: iba cuesta abajo y sin frenos.
Hace cinco días, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo finalmente un caso que llevaba estancado en los despachos de Nuevo León seis meses. Durante ese tiempo que tuvo la institución encabezada por Guerrero para investigar, al cadáver de Debanhi se le practicaron dos autopsias, aunque se elaboraron tres informes. Ninguno coincidía. El último, que se consideró el definitivo, para el cual se tuvo que exhumar a la joven después de 68 días enterrada, estableció que había muerto por “asfixia por sofocación”. Todo apuntaba, como se sospechaba, a que la habían asesinado. Pero ese mínimo avance, tras seis meses de investigación, provocaron de nuevo una ola de indignación nacional por la incapacidad de despejar con seriedad las incógnitas más básicas del crimen. Y la institución solo consiguió regresar al punto de partida.
La caída del fiscal comenzó el día en que en una rueda de prensa, junto al padre de la víctima, Mario Escobar, y el médico forense que le había practicado la primera autopsia, insinuó que la joven se había caído a la cisterna del motel por accidente. La Fiscalía, que ya había cometido errores clave, como no asegurar desde el principio los vídeos de las cámaras de seguridad del motel de esa noche, además de que habían registrado el hotel hasta cuatro veces y la joven apareció en ese mismo establecimiento dos semanas después, trató de cerrar el caso y minimizar la presión pública. No contaba el fiscal de voz temblorosa, frases sin terminar y ojos cansados, con que la paciencia de las mujeres en México había tocado techo.
La medida sistemática de cerrar un caso de una muerte violenta de una mujer con un suicidio o un accidente se había registrado tantas veces en el país —donde mueren asesinadas 10 al día— que ya se había convertido en un eslogan en las calles. La hipótesis de que la culpa había sido de ella prendió una mecha mal calculada. Y a la Fiscalía de Guerrero no le quedó otra opción que ordenar la destitución de dos fiscales a cargo de la investigación y tratar de recomponer el puzzle desde el principio. Pero ya era tarde.
Un día después de que se diera a conocer los resultados del segundo informe de necropsia —un documento solicitado por el padre de la víctima al que tuvo acceso — que apuntaban por primera vez al asesinato de la joven, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió intervenir. El encargado de revisar los avances en la investigación de la Fiscalía estatal fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y anunció que se pondría a disposición del caso todo el aparato federal, incluida la parte de inteligencia del Ejército y peritos forenses independientes.
Desde entonces, las ruedas de prensa de Guerrero dejaron de tener preguntas. El caso había pasado a manos de la Fiscalía General al menos de forma simbólica, pues los escasos avances se daban a conocer en las mañaneras del presidente y no en las instituciones de Nuevo León. El crimen de Debanhi Escobar se le fue diluyendo entre las manos al fiscal al mismo tiempo que desde el Gobierno federal se reconocían errores graves e incluso investigaciones internas que apuntaban a funcionarios negligentes de su institución. Hace unas semanas, el padre de la víctima había solicitado en una carta al Congreso la renuncia del fiscal.
El último episodio de la caída de su carrera se produjo hace cinco días, cuando la FGR anunciaba la atracción definitiva del expediente. El trámite supuso la aceptación definitiva de su derrota en el caso. Falta por conocer, no obstante, si la dependencia federal será capaz de aclarar las enormes lagunas de uno de los feminicidios que más ha indignado al país. Después de seis meses, decenas de registros al mismo lugar donde se encontró y con todo el apoyo del aparato del Estado desde mayo, la Fiscalía General no ha conseguido mucho más de lo que lograra la institución de Guerrero. Y el caso Debanhi promete sentar un precedente más de que, ni con toda la presión de la opinión pública de su lado, es posible que se haga justicia.
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