Abdul Rahman El Assir, el mercader de armas hispano-libanés huido de la Justicia y refugiado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde visita con frecuencia al rey emérito, Juan Carlos I, llegó a un acuerdo en 2018 con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria para regresar a España, saldar su millonaria deuda con Hacienda y acabar con una fuga de más de una década, según señalaron a EL PAÍS fuentes de la investigación.
La discreta negociación a tres bandas duró varios meses. Las autoridades le ofrecieron regresar a Madrid sin ser detenido desde Suiza, donde llevaba años alojado el hotel Beau Rivage, un establecimiento de cinco estrellas a orillas del lago Lemán. Tenía que presentarse a un juicio por delito contra la Hacienda Pública, en el que se le garantizó que no sería condenado a penas de prisión. Antes de la vista oral, eso sí, debía reparar el daño causado al fisco con el pago de cinco millones de euros, más intereses, cantidad muy inferior a la que realmente adeudaba, 15 millones. Esa rebaja era la principal condición para el acuerdo de conformidad penal.
El Assir, de 71 años, aceptó el trato, se paseó durante meses por despachos de abogados en Madrid en compañía de su yerno Hugo Linares, y se alojó en un piso en la céntrica calle madrileña de Ortega y Gasset, donde atendía a las visitas. Todo iba sobre ruedas, pero sus reiteradas promesas a sus letrados y familiares no se cumplieron, pese a que a algunos les afirmó que el dinero estaba en camino.
Los cinco millones que vendrían desde dos lejanos países, nunca llegaron. Y, una vez más, este maestro del escapismo desapareció. Sus abogados pidieron la suspensión del juicio varias veces con la esperanza de que ingresara a tiempo la cantidad acordada, pero después de cuatro plantones al tribunal todos se cansaron de esperar y la Audiencia Provincial de Madrid dictó, en marzo de 2019, una nueva orden de búsqueda y captura internacional. El comerciante de armas amigo del rey emérito volvió de nuevo a la oscuridad.
“El Assir mareó a todo el mundo, aunque parece que había intención de arreglarlo, pero traer dinero desde fuera es muy complicado y los departamentos de compliance (cumplimiento) de los bancos son exigentes”, recuerda una persona que participó en el fallido acuerdo.
Una investigación de este diario ha desvelado que desde hace meses El Assir reside en Abu Dabi (1,5 millones de habitantes) y visita con frecuencia a Juan Carlos I, con el que mantiene una vieja amistad. Interpol España ha reclamado a su delegación en los Emiratos su inmediata detención. La Fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión y el pago de casi 90 millones. Testigos de los encuentros en Abu Dabi de El Assir con Juan Carlos I interpretan que el mercader pretende valerse de su vieja amistad con el anterior jefe del Estado “para utilizarlo como escudo” ante las autoridades de un país donde la mayoría de las órdenes de Interpol son papel mojado.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
El periplo judicial de Abdul Rahman El Assir se inició por casualidad. La investigación sobre la filial de BBVA Privanza en Jersey —el caso de las cuentas secretas de los consejeros del banco que acabó con la presidencia de Emilio Ybarra— destapó una transferencia desde aquel paraíso fiscal en el Canal de la Mancha hasta Miraflores Dieciocho SL y Gransoto SL, dos de las sociedades que el hispanolibanés tenía en España. Ese apunte bancario fue la pista que guio a la Agencia Tributaria hasta un personaje que tenía su ficha fiscal en blanco, pese a disfrutar de varias mansiones, una finca de caza a la que invitaba a cazar al entonces rey Juan Carlos, un atraque para yates y una colección de coches de lujo.
Un desconocido para Hacienda
El Assir no era un desconocido, aunque sí para Hacienda. Cuñado de Adnan Khashoggi, el famoso vendedor de armas afincado en Marbella y fallecido en 2017, las revistas del corazón hablaban de su separación de Samira, madre de Dodi Al-Fayed, el que fue novio de Diana de Gales; y anunciaban su matrimonio con María González Longoria. Sin embargo, en la Base Nacional de Contribuyentes no había un solo dato a su nombre. El mercader de armas no utilizaba tarjetas de crédito y los investigadores se llegaron a preguntar si vivía en España.
La pista de Jersey condujo a los inspectores de Hacienda a transferencias de 30 millones de euros recibidas por El Assir desde el Banco Portugués de Negocios. Según Ildefonso González Grano de Oro, su entonces abogado, este dinero eran préstamos. La Fiscalía sospechaba que se trataba de operaciones ficticias, ya que no estaba acreditado el origen de los fondos.
La fuga entonces de El Assir a Suiza le evitó sentarse como imputado ante un juez español. Baltasar Garzón, que instruía el caso del BBVA Privanza, le citó a declarar, y al no acudir dictó la primera orden de búsqueda y captura a Interpol, una petición que Suiza no atendió porque allí no se persigue el delito fiscal. El letrado del comerciante de armas logró que la Sala de lo Penal, con el magistrado Alfonso Guevara al frente, declarara que el caso no era competencia de la Audiencia Nacional. El asunto pasó, en enero de 2009, al Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, en la Plaza de Castilla.
Tres años después, en 2012, el comerciante de armas prestó por primera vez declaración por videoconferencia desde un juzgado suizo a las afueras de Ginebra. Su letrado llegó a un acuerdo con el juez para que dejara en suspenso la orden de detención si su cliente declaraba y presentó un certificado médico para alegar que no podía viajar hasta Madrid. Un nuevo atajo para continuar lo más lejos posible de los jueces españoles que le perseguían en una carrera que parecía no tener final.
El juez instructor de Plaza de Castilla archivó la causa porque El Assir no había sido llamado a declarar por la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes de que se presentara la querella contra él, pero los recursos del abogado del Estado y de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial prosperaron y el caso volvió al juzgado. El Assir siguió parapetado en su tranquilo refugio suizo.
El auto de apertura de juicio oral se dilató hasta julio de 2014 porque El Assir nunca comparecía. Su fuga y la imposibilidad de juzgarlo en ausencia —la ley española lo prohíbe— prolongaron el caso otros cuatro años más. Un periodo que aprovechó el fugado para que el comisario José Manuel Villarejo intentara interceder por él y paralizar la causa. Fue su cuñado Adrián de la Joya, también residente en Suiza, quien le puso en contacto con el policía. Pero fracasó en el intento.
Es en el verano de 2018 cuando el mercader de armas, a través de su yerno Hugo Linares, trasladó a sus abogados su deseo de llegar a un acuerdo porque “está cansado, ya es abuelo y desea volver a España”, según tres fuentes relacionadas con esta investigación.
Impotencia y estupefacción
La presencia del hispanolibanés en el hotel ginebrino en el que residió la emperatriz Sissi, era un secreto a voces. En 2016 los inspectores de Hacienda, los fiscales, el juez y el abogado del Estado leían estupefactos en la revista Hola la “fastuosa” boda con 400 invitados en la estación de esquí de Gstaad de Ali, una de las hijas de El Assir, con Linares, el abogado que más pelearía por que su suegro acabara con su interminable escapada. El reportaje no incluyó ni una sola fotografía del padre de la novia. “Nos sentíamos impotentes viendo como un fugado de la Justicia exhibía a su familia ante nuestras narices”, recuerda uno de los investigadores.
La Agencia Tributaria perdió la partida porque el Banco Portugués de Negocios se adelantó y ejecutó antes el embargo del palacete familiar de Puerta de Hierro en Madrid valorado en unos 11 millones. La casa tiene 2.179 metros cuadrados construidos, una parcela de 4.770 y se levanta en la misma calle donde residen Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Miraflores Dieciocho SL, a cuyo nombre figuraba la vivienda, estaba en concurso de acreedores. La misma suerte corrió la mansión en Sotogrande del mercader de armas.
El futuro de El Assir es cada día más incierto. A mediados de 2020 la Justicia francesa dictó otra orden de “búsqueda y detención para extradición” que figura en las bases policiales españolas, según ha comprobado este diario. El mercader de armas fue condenado en rebeldía en Francia a cinco años de cárcel por el Karachigate, un escándalo de corrupción y venta de armas en Pakistán. Se le persigue por un delito financiero y contra la propiedad. Parte de las comisiones por la venta de submarinos financiaron la campaña a la presidencia de la República del ex primer ministro Édouard Balladur. Este último resultó absuelto en el juicio celebrado en París.
Contenido exclusivo para suscriptores
Lee sin límites
Source link