CIUDAD DE MÉXICO — La oficina del fiscal general de México dijo esta semana que estaba investigando al expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la primera confirmación oficial de tal investigación por parte de fiscales federales.
Pero para muchos mexicanos, no quedó claro de inmediato si el anuncio era realmente un paso hacia la rendición de cuentas, o simplemente una táctica política.
El Sr. Peña Nieto ha sido acusado durante mucho tiempo de participar en varios esquemas ilegales y de dirigir millones en sobornos mientras estuvo en el cargo, pero las autoridades mexicanas aún no han presentado cargos en su contra.
Si las pesquisas obligan al exlíder a enfrentar un juicio, sería un paso sin precedentes en México, donde muchos presidentes han sido acusados de corrupción pero ninguno ha sido juzgado.
Aún así, la simple noticia de las investigaciones probablemente beneficiará al sucesor de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018 por un electorado atraído por su promesa de erradicar la corrupción dentro del establecimiento político.
Algunos observadores políticos creen que ese es el punto.
“Como mexicano, desearía que esto fuera sobre justicia y no sobre política electoral”, dijo Eduardo Bohórquez, director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional, un grupo anticorrupción.
Bohórquez cuestionó el momento del anuncio, que se produce cuando se dibujan las líneas de batalla en lo que parecen ser elecciones cada vez más competitivas el próximo año en dos estados que son bastiones del partido de Peña Nieto: el Partido Revolucionario Institucional o PRI. .
“La idea es recordarle a la gente quién fue Peña Nieto y quién es el PRI”, dijo Bohórquez. “El deseo de justicia de una sociedad se ha convertido en una herramienta electoral”.
Peña Nieto dejó el cargo en 2018 con índices de aprobación históricamente bajos después de haber sido perseguido por escándalos de corrupción durante gran parte de su presidencia, lo que dejó débil y vulnerable a su otrora partido dominante.
Su sucesor, el Sr. López Obrador, se ganó a millones de votantes al presentar su movimiento político como una ruptura con los abusos del pasado. El partido que fundó López Obrador, Morena, ha erosionado constantemente el control del poder de su rival PRI en todo el país.
Pero a pesar de toda la retórica, se han presentado pocos cargos y se han obtenido aún menos condenas contra exfuncionarios durante el mandato de López Obrador.
“Es parte de un discurso público del que no hemos visto resultados”, dijo Javier Cruz Angulo, profesor de derecho en la universidad CIDE de México. “No hemos visto ningún resultado concreto contra nadie”.
En el caso del Sr. Peña Nieto, las autoridades parecen tener muchos de los elementos necesarios para iniciar un proceso penal.
El gobierno detuvo a un testigo clave, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la compañía petrolera estatal, quien dijo a las autoridades que el exlíder gastó millones en sobornos políticos.
El año pasado, fiscales federales acusaron a Peña Nieto de participar en una red criminal que entregaba millones de dólares en sobornos a legisladores, informaron medios locales. Y el mes pasado, la unidad de delitos financieros de México, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, anunció que también había estado investigando a Peña Nieto por transferencias sospechosas de millones de dólares.
El Sr. Peña Nieto ha mantenido su inocencia en una serie de publicaciones en Twitter. “Tengo la certeza de que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier duda sobre mis bienes y demostrar su legalidad”, dijo el mes pasado.
Las investigaciones de la oficina del fiscal general habían estado abiertas durante dos años antes de que se anunciaran el martes, dijo un funcionario del gobierno que no estaba autorizado a hablar públicamente. La decisión de dar publicidad a las investigaciones aparentemente se tomó luego de que se le preguntara al presidente sobre el progreso en el caso contra el Sr. Peña Nieto en una conferencia de prensa ese mismo día.
“La oficina del fiscal general dio a conocer esta información porque en la mañana nos preguntaron al respecto”, dijo López Obrador a los periodistas el miércoles. “Dijimos que la oficina del fiscal general ofrecería información”.
Un comunicado de prensa de la oficina del fiscal general proporcionó poca claridad sobre si se presentarían cargos o cuándo, y dijo que los fiscales estaban esperando, en un caso, “pruebas indispensables”.
Parte del escepticismo en torno al anuncio puede estar relacionado con las crecientes preocupaciones sobre el principal fiscal de México. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, fue elegido por una abrumadora mayoría del Senado en 2019, luego de que López Obrador presentara su nombre junto con varios otros candidatos.
Pero durante el último año, el Sr. Gertz Manero se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor por su seguimiento de casos considerados políticamente motivados o impulsados por sus propias vendettas personales.
En 2020, el fiscal general hizo encarcelar a su sobrina como parte de una investigación sobre la muerte de su hermano. En marzo, la Corte Suprema de Justicia de México dijo que su detención era inconstitucional y ordenó la liberación de la mujer. Su intento de encarcelar a destacados académicos por malversar fondos del gobierno también fue rechazado por un juez el año pasado.
El Sr. Gertz Manero tampoco logró la condena de ninguna figura importante en uno de los casos de corrupción más notorios de los últimos años: la larga investigación sobre los sobornos pagados por una empresa constructora brasileña, Odebrecht, para obtener contratos públicos en América Latina. .
El escándalo regional provocó la caída de funcionarios de alto rango en Brasil, Argentina, Perú y Colombia, pero nadie en México ha sido condenado, a pesar de que la empresa admitió haber pagado $10 millones en sobornos a funcionarios mexicanos.
“La oficina del fiscal general ha perdido mucha credibilidad”, dijo el Sr. Cruz Angulo, el profesor de derecho.
Desde que asumió el cargo, López Obrador se ha mostrado indeciso sobre la cuestión de si enjuiciar a los presidentes anteriores.
Hace un año, el presidente realizó un referéndum nacional sobre si los expresidentes debían ser juzgados. Mientras que el 90 por ciento de los que votaron votaron a favor, la participación de menos del 7 por ciento hizo que los resultados del referéndum no fueran vinculantes.
Cuando se le preguntó sobre las acusaciones contra el Sr. Peña Nieto el miércoles, el líder mexicano dijo que “la venganza no es mi fuerte”. Insistió en que tales investigaciones se realizarán solo “si el pueblo lo pide”.
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