Entrada del Centro Regional Zambrana para Menores Infractores de Valladolid, donde murió un joven de origen tunecino el pasado jueves.PHOTOGENIC (Europa Press)
La investigación preliminar de la muerte, el pasado jueves, de K. D., un chico de 14 años en el centro de menores Zambrana de Valladolid no revela, a falta de conocerse la autopsia, posibles excesos de los vigilantes de seguridad que redujeron y esposaron al joven para aplacar un arrebato violento de este. El informe interno del centro, dependiente de la Junta de Castilla y León, y que ya está en manos del juez que instruye el caso, “no llama la atención ni es extraño”, según relatan a EL PAÍS fuentes cercanas a las pesquisas. El menor, de origen tunecino, había sido operado de un problema gástrico en Suiza antes de llegar a España el 29 de noviembre.
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La consejería de Familia informó desde el principio de que joven, que pasó a la tutela de la Junta el 1 de diciembre y llevaba pocos meses en el Zambrana, había protagonizado múltiples incidentes violentos anteriores que requirieron de intervención física de los guardias. En el del pasado jueves por la noche, los tres monitores a su cargo avisaron a los vigilantes y estos lo redujeron en un primer momento con esposas, tras no lograr sujetarlo por la fuerza. Una vez sometido se las retiraron, pero el chico volvió a mostrarse violento y se le esposó de nuevo, según el relato de la Administración. Ahí perdió la conciencia y acabó muriendo pese a las labores de reanimación.
El informe señala que la intervención duró “unos cinco minutos”, algo que para fuentes conocedoras de estas actuaciones resulta razonable, pues siempre se intenta que duren “lo mínimo indispensable”. “Las reducciones mecánicas son normales, hay que entender que hay que acabar con esta violencia [de los jóvenes]”, insisten estos informadores. Fuentes cercanas a la Fiscalía de Menores de Valladolid reiteran que el Zambrana no cuenta con un historial elevado de incidentes graves: “No constan episodios de excesos”. Los protocolos ante los arrebatos violentos exigen que los cuidadores, en su mayoría educadores sociales, firmen un parte en el que relaten qué ha ocurrido, por qué reclamaron a los agentes y si estos cometieron abusos. Incluso en la propia sede de la Fiscalía se han registrado episodios en los que los vigilantes de seguridad y los policías tienen que lanzarse sobre chicos furiosos.
El centro está ubicado en una inmensa parcela junto a una zona deprimida de la ciudad. Altos muros impiden fugas de esos aproximadamente 300 menores que pasan anualmente por allí. Un trabajador que va a entrar en su turno pide que no se demonice a esta clase de instalaciones por las particularidades de los internos. “El Zambrana es muy garantista, eso sí te lo voy a decir, pero nos han pedido que no hablemos”, comenta esta persona, que tuerce el gesto por la pena de recordar al joven fallecido, con quien había tenido contacto durante su estancia. “Pondría la mano en el fuego por los guardias”, remata.
Las miradas recaen en los dos hombres que intentaron dominar al chaval. Ninguno ha vuelto a trabajar desde entonces y, según fuentes de su entorno, aguardan a la citación para testificar “convencidos de que no hay nada irregular y que siguieron los protocolos”. Este oficio permite el uso de la fuerza con “proporcionalidad” y ante momentos críticos. Los dos implicados llevan varios años en su puesto y saben que “ni es la primera vez ni será la última, están curtidos en esto”, según compañeros suyos. Los vigilantes deben contar con un título específico de vigilancia en centros de internamiento y tienen cursos de reciclaje de 20 horas anuales.
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Según su entorno, los dos operarios conocían que “el chico estaba de médicos”, pues había sido operado de un problema gástrico en Suiza y recibía visitas sanitarias regulares para vigilar sus afecciones. Sin embargo, no sabían de esas supuestas cardiopatías que la Consejería de Familia ha esgrimido como posible causa del deceso. Fuentes del Zambrana critican que las retenciones se hacían a menudo con los internos boca abajo, práctica desaconsejada por los altos riesgos de asfixia. Quienes trabajan en los centros de menores asumen que se trata de un lugar difícil y que lleva a escenarios complejos, pero piden esperar a la autopsia y a la resolución judicial antes de pronunciarse: “Son menores privados de libertad, no se les puede privar de más derechos”.
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