Sorpresa en la Audiencia Nacional. La responsable de seguridad física del BBVA, Inés Díaz Ochagavía, se ha echado para atrás. La directiva del banco ha declarado por segunda vez este viernes como imputada en el caso Villarejo, pero no ha entregado los documentos inéditos que el jueves prometió a la Fiscalía Anticorrupción.
En su primera comparecencia, Díaz explicó que el banco formó un grupo de trabajo en 2018 que le pidió información sobre los contratos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, por los que cobró 10,28 millones. Trajo a colación una serie de documentos que había pedido a su antiguo jefe, Julio Corrochano, antiguo mando policial y también imputado en la causa, que ella entregó al BBVA pero que no estaban aportados en el sumario. Por esta razón, afirmó la directiva que este viernes los aportaría a la Fiscalía, ya que eran supuestamente inéditos.
Sin embargo, 24 horas después Díaz cambió de idea. Al iniciar su declaración advirtió de que solamente iba a contestar a las preguntas del ministerio fiscal y a las del juez Manuel García-Castellón, y que por recomendación de su abogada no iba a presentar la documentación que comentó el jueves, según confirmaron a EL PAÍS diferentes fuentes presentes en el interrogatorio. La responsable de seguridad física del BBVA está acusada de los delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
Acto seguido intervino Jaime Alonso, abogado de Uría Menéndez y defensor de la entidad, que está imputada en esta causa. Alonso dijo que el banco aportaría los documentos citados por Díaz, aunque ya estaban incorporados al sumario.
Durante la tarde de ayer, fuentes BBVA confirmaron que el banco “presentará un escrito a la mayor brevedad posible, con la información contenida en la carpeta a la que ha hecho referencia Inés Díaz Ochagavía en su declaración, aclarando además que esa documentación ya había sido aportada a la causa por parte de la entidad. Dicha carpeta se creó a raíz de unas noticias aparecidas en mayo de 2018 con el objetivo de recopilar documentación sobre la contratación y los servicios prestados por Cenyt”, denominación del caso Villarejo-BBVA, “tal y como ha manifestado la entidad desde el inicio del caso”.
Un misterioso cambio de posición
Díaz conoce bien el caso Villarejo, que en el BBVA también se ha conocido como la Operación Trampa, porque lleva años en el departamento de Seguridad de la entidad. Allí ya fue mano derecha de Corrochano. Por eso, entre los abogados presentes causó sorpresa que afirmara el jueves que había documentos que ella dio al banco y que creía que no estaban en el sumario y que, un día después, la entidad diga que sí están aportados. Si fuera así, Díaz los podría haber aportado sin temor a que le perjudiquen en su defensa. Pero no lo hizo.
También extraña que se retractara por recomendación de su abogada, algo que da a entender que no se trata de papeles ya conocidos. Pero tampoco en esta condición los ha querido entregar. “¿Por qué ha podido pensar que le perjudicaría entregarlos? ¿Qué es lo que contienen?”, se pregunta uno de los letrados de la causa, sin conocer la respuesta.
La jefa de Seguridad, que cuando compareció por primera vez ante el juez el 5 de julio de 2019 se acogió a su derecho a no declarar mientras la causa siguiera secreta, presentó en julio de 2020 un escrito en el que cuestionaba las conclusiones del informe pericial de PwC en el forensic. Ese informe, encargado por la entidad e incorporado a la causa, la señalaba como responsable de la verificación y pago de 20 facturas a la empresa de Villarejo por un total de 1,36 millones de euros.
En su declaración del jueves, Díaz —que sigue siendo alta directiva del banco e investigada, como otros tres ejecutivos más, una doble situación que complica su defensa si considera que la entidad le atribuye actos que no realizó— negó tener competencias para autorizar esos pagos ni para verificar la realización de los trabajos contratados, y señaló que esas funciones eran competencia de su antiguo jefe, Julio Corrochano, señalado por la investigación como el nexo entre el banco y Villarejo.
El Google Drive donde se guarda todo
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Díaz explicó que en el banco creó un documento en Google Drive (un almacén de archivos en la nube) en la que el banco comenzó a recopilar documentación sobre los encargos al excomisario José Manuel Villarejo, coincidiendo con las primeras publicaciones en prensa. Según informaron a Efe fuentes jurídicas, Díaz ha relatado que fue el director de comunicación del BBVA, Paul Tobin, quien abrió esa carpeta en la nube, y que reconstruyó la relación con Villarejo desde el primer contrato para valorar si la actuación había sido legal.
Entre otros casos, ha citado los nombres de los constructores Luis Portillo y Fernando Martín, cuya situación patrimonial habría sido investigada. Díaz ha señalado que ella misma dio acceso a esta carpeta a gente de su equipo y ha dicho que desconoce si el entonces presidente del BBVA, Francisco González, o su número dos y sucesor en el cargo, Carlos Torres, estaban habilitados.
El que sí estaba habilitado, dijo Díaz, para entrar en el Drive, era el jefe de equipo del equipo de seguridad del banco, Nazario Campo y el exdirector de los servicios contenciosos corporativos Eduardo Ortega, con el que ella misma habló por una reunión con su predecesor, Julio Corrochano, sobre Cenyt. Ortega reportaba a Torres.
Durante la jornada del jueves, Inés Díaz se desvinculó de los encargos del banco al excomisario y dijo que nunca autorizó ni verificó las facturas giradas al grupo Cenyt al tratarse de un aspecto que quedaba fuera de sus competencias.
La Operación Trampa gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
Con el levantamiento del secreto de sumario, el juez Manuel García-Castellón consideró que los trabajos supuestamente encargados por el BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una “reiterada injerencia” en los derechos de las personas “mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria”. Argumentos que retomaron los fiscales en su último informe.
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