Para entonces, ya llevaba abierta desde hacía meses una investigación del Seprona la Guardia Civil, que había recibido varias denuncias que apuntaban a que los responsables de la planta camuflaban los residuos tóxicos con desechos de construcción para trasladarlos a vertederos de demolición y ahorrarse así el coste del correcto tratamiento.
En marzo de 2016, cinco meses después de que la suspensión de la autorización fuera firme, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ordenó una inspección para constatar “si los incumplimientos [que habían motivado la suspensión de la autorización] se habían subsanado”, según la información traslada a EL PAÍS por la Junta. Un primer informe de abril del Servicio de Medio Ambiente de la consejería en Guadalajara apuntaba que no se habían subsanado y que el propietario de la planta —KUK Medio Ambiente— había arrendado las instalaciones a otra empresa —Grupo Layna— “de la cual no se tiene constancia de que tuviese la autorización para dicha actividad”.
En junio, técnicos de la consejería y agentes del Seprona volvieron a la planta y detectaron más irregularidades. El jefe de servicio de Medio Ambiente entregó una orden al propietario en la que le instaba a cumplir con la suspensión de la autorización.
El 28 de junio llegó a la consejería un escrito de KUK en el que se indicaba que ya había subsanado las deficiencias y solicitaba que se levantara la suspensión de la autorización. Los técnicos volvieron a inspeccionar la planta y, según la Junta, insistieron en que no se habían solucionado los problemas.
En un informe del 14 de julio los técnicos recomendaron “mantener la suspensión de la actividad” y la “evacuación de los residuos”, que debería acometer KUK. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, los técnicos realizaron en ese informe una estimación sobre la cantidad de residuos que se acumulan allí: unas 20.000 toneladas. Y cifraron, “de forma muy aproximada”, en 1,2 millones de euros el coste que tendría la gestión correcta de todas esas toneladas. Ese importe tendría que haberlo asumido el propietario de la planta. Un mes y medio después de este informe, en la madrugada del 26 de agosto, la planta salió ardiendo.
Comparecencia de Page
El PP de Castilla-La Mancha ha pedido este martes la comparecencia en el Parlamento autonómico del presidente regional, Emiliano García-Page (PSOE), “para que dé explicaciones claras del incendio de Chiloeches”. “Page debe explicar la situación previa al incendio, qué medidas se tomaron, qué medidas de vigilancia e inspección se realizaron en la nave incendiada, por qué esos materiales que allí se encontraban no se retiraron antes y por qué tenemos en pocos meses una segunda desgracia medio ambiental en Castilla-La Mancha”, sostuvo el PP a través de un comunicado.
Por su parte, la organización Ecologistas en Acción ha vinculado el incendio de la planta de Chiloeches, que está controlado pero no declarado extinguido, con la aparición de “cientos de peces muertos” en las aguas del río Henares a su paso por la localidad de Alcalá de Henares. Junto a la planta hay un riachuelo que desemboca en el Henares. Además, Ecologistas en Acción alertó del “fuerte olor a disolvente” en esas aguas. Sin embargo, las Administraciones han negado hasta ahora que se hayan producido vertidos al río.
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