La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, este martes en el Palacio de San Telmo tras el Consejo de Gobierno.PACO PUENTES (EL PAÍS)
La jueza que investiga la supuesta caja b del Partido Popular en Almería finalmente no llamará a declarar como investigada a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, después de que este miércoles haya emitido una providencia en la que anula tanto su citación como investigada. En una nota pública, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alega que Crespo “fue citada por un error”. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería Ana Belén Vico ha dado marcha atrás en su pretensión por la condición de aforada de la política, lo que implica que solo podría investigarle el TSJA, tal y como ha confirmado esta propia institución. Vico ahora seguirá sus pesquisas en el caso y si considera que sigue habiendo motivos para imputar a Crespo tendrá que remitir la causa al TSJA o bien citarle a declarar de forma voluntaria, por lo que quedaría a designio de la propia consejera acudir o no.
Crespo había sido llamada a declarar, junto a otras 19 personas, por su presunta implicación en una trama de financiación ilegal, vinculada con el pago de comisiones por la constructora Hispano Almería, SA a ayuntamientos almerienses que estaban gobernados por el PP, según al auto firmado el pasado 21 de diciembre al que tuvo acceso este medio. El caso se lleva investigando desde 2014 y la pata que afecta a Crespo está vinculada por su posible intervención en una subvención al consistorio de La Mojonera —su alcalde también está imputado― cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente (entre 2009 y 2011) y alcaldesa de Adra. Según consta en la investigación realizada por la UDEF, Crespo habría gestionado la ayuda en contra del criterio de la Intervención.
Crespo había sido llamada a declarar como investigada el próximo 8 de abril, a pesar de que al estar aforada por su condición de diputada autonómica solo puede investigarle el TSJA. Ocho días después de que la jueza Vico emitiese el auto en el que pretendía citar a la consejera, ha tenido que reconocer su error y dar un paso atrás, lo que supone la anulación tanto de su investigación como de su citación. Con todo, eso no implica el fin de las pesquisas. Vico seguirá investigando el caso y podrá llamar al resto de investigados o prácticas las diligencias que considere oportunas. Si en ese proceso termina por encontrar indicios suficientes de delito contra Crespo tendrá elevar una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que sea esta la que lleve el asunto, tal y como explican fuentes del TSJA.
Otra opción sería que la propia consejera declarase por voluntad propia en el juzgado almeriense en el que se instruye la causa, tal y como recoge el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el caso de los aforados. Crespo ha vuelto a asegurar este miércoles que está “muy tranquila” y que desconoce tanto el auto judicial como la providencia que ahora lo deja sin efecto. “Yo siempre he actuado conforme a la ley”, ha asegurado ante los medios. Estos días pasados, fuentes del entorno de la consejera han confirmado que, cuando ella era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente, rubricó en 2009 el plan de acción para la construcción de un Museo de la Agricultura en la Mojonera. Sin embargo, apuntan que cuando los informes desfavorables comenzaron a emitirse fue a partir de 2011, momento en el que ya no era presidenta, tras haber abandonado también la alcaldía de Adra.
La posible imputación de Crespo, adelantada por EL PAÍS, ha provocado una importante polvareda política en Andalucía en estos últimos días. Partidos como Unidas Podemos y Vox llegaron a pedir a Moreno la destitución de su consejera. Por su parte, el PSOE se limitó a pedir explicaciones al presidente de la Junta. Al otro lado, el PP andaluz ha arropado a la consejera. El coordinador del PP andaluz ha asegurado esta mañana, antes de conocerse la providencia de la jueza, que son unos hechos “absolutamente erróneos en los que ella no ha participado”.
Antes de llegar a su cargo como consejera de la Junta, Crespo fue alcaldesa de Adra, entre 2003 y 2011. En 2009 firmó en calidad de presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente el convenio con el Ayuntamiento de la Mojonera para la construcción del Museo de la Agricultura. Pero su construcción se demoró dos años, supuestamente porque había dado prioridad a otros proyectos, según justificó el alcalde Cara. La construcción se llegó a adjudicar a una UTE en la que estaba Hispano Almería. Ya en 2012, el interventor alertó sobre pagos no justificados, aunque sus notas de reparo no aparecen en el expediente de justificación de la subvención. La UDEF también determinó en su investigación que el PP de Almería financió sus campañas para las municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 con comisiones ilegales de la misma constructora Hispano Almería.
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La macrocausa está dividida en piezas separadas vinculadas a los Ayuntamientos que fueron epicentro de la supuesta financiación ilegal y engloba hasta a 20 imputados, entre políticos del PP y responsables de la constructora. Contra todos ellos, se acumula un rosario de supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal. La misma juez de Instrucción Número 3 de Almería ya imputó hace 15 días al secretario, a una edil y al exinterventor de Roquetas de Mar, cuyo alcalde durante 26 años, Gabriel Amat, es presidente de honor del PP de Almería y miembro de la nueva ejecutiva de PP andaluz y ha estado en el punto de mira de las irregularidades, aunque nunca ha llegado a figurar como imputado. Distinto es el caso de Cara, llamado a declarar como imputado en 2015, pero que no se presentó en los juzgados. Con todo, el exalcalde fue nombrado presidente del Instituto de Investigación y Formación agraria de la Junta (Ifapa), a propuesta de Crespo, hasta su destitución en enero de este año.
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